Daniel Escotorín, referente de la CTA de Salta y militante de la Unidad Popular, explica las razones del paro de mañana en donde por primera vez participará un gremio reconocidamente oficialista: la Unión Obrera Metalúrgica.
El próximo 9 de junio se realizará un nuevo paro nacional convocado por las centrales sindicales de Argentina, las CGT y la CTA Autónoma. Desde el gobierno nacional y sus voceros políticos y periodísticos rechazan la idea de una medida de fuerza de estas características dado que según su relato político el país y en especial los sectores populares y la clase trabajadora han tenido una mejora sustancial en relación al hito histórico que fue el año 2001.
Desde el movimiento sindical y algunos operadores políticos y mediáticos se encargan de resaltar este paro como una nueva medida de fuerza en rechazo al Impuesto a las Ganancias, gravamen que afecta a una minoría de los trabajadores, pero ocultan o no difunden la situación de amplias franjas de los sectores ocupados, subocupados y desocupados.
Para este análisis es necesario salirse de la coyuntura política y económica, mirar por lo menos un fragmento de la película -desde el año 2014 a esta parte- para entender el fuerte impacto devaluatorio del salario y las demandas actuales en torno a la discusión paritaria. La fuerte devaluación de inicios del 2014 aceleró y aumentó el desfasaje que ya existía entre el salario básico y la Canasta Básica que se arrastraba desde los años anteriores. La caída del valor neto del salario a su vez vino acompañado del freno de la actividad económica (recesión) teniendo como consecuencia el aumento de la conflictividad laboral en torno a dos ejes: el salarial y la preservación de los puestos de trabajo; demanda para nada ociosa ya que a lo largo del año anterior se evidenció una caída en la ocupación y la pérdida de puestos de trabajo.
El correlato en materia laboral se observa en los últimos resultados de la Encuesta Permanente de Hogares del INDEC que al 4º trimestre 2014 demuestran que: 1) En el último año gobernó un esquema de expulsión de empleo: hay menos trabajadores empleados respecto del 2013. En todo el año se destruyeron casi 63 mil puestos de trabajo. La tasa de empleo cayó un -1,4% y se ubica a fines del año 2014 en un 42,1%. 2) La desocupación creció. En la Argentina existen 89 mil desocupados más que los existentes en el 2013. De esta manera, la tasa asciende casi en un 8% afectando al 6,9% de la PEA. 3) Las dificultades no son recientes, ya que desde el año 2011 hasta el 2014 se crearon tan solo 179 mil puestos de trabajo. Por otro lado desde el aspecto salarial se observa que el poder adquisitivo del ingreso de los ocupados cayó en promedio un 6,1%. El ingreso medio ocupacional es de $6.064 y el salario medio está en el orden de los $6.517. En la Argentina de hoy 6 de cada 10 ocupados ganan por debajo de los $6.500.
Frente a este cuadro el gobierno nacional tuvo dos actitudes: reconociendo el factor inflación no pudo contener las demandas salariales en las discusiones paritarias; o la inversa, al no contener las demandas en las paritarias hizo un reconocimiento implícito del aumento de los precios de la Canasta Básica Familiar, pero al mismo tiempo decretó un aumento del 40% de la Asignación Universal por Hijo (AUH) intentando paliar necesidades en los sectores más bajos de la escala social.
Los otros planes lanzados (Progresar, Proemplear) fueron ciertamente limitados en su alcance en tanto el Plan Progresar marca el límite social de familias que no alcanzan el salario mínimo, aun cuando superándolo no significa garantía de haber saltado la línea de la pobreza. Las jubilaciones y las pensiones (tanto contributivas como no contributivas) mostraron una pérdida del 5,5% en su poder de compra. Por otra parte, los montos transferidos a través del Programa Argentina Trabaja, registraron una pérdida anual del 27,6% en su poder adquisitivo.
Entonces nos encontramos frente a un cóctel nada agradable en el que los límites estructurales del modelo se constriñen sobre los trabajadores: a la reducción de la desocupación durante la última década le sigue la precariedad que se cierne sobre ellos, en tanto al primer cimbronazo sus escasas conquistas tambalean. Aumento de la desocupación y subocupación (informalidad y cuentapropismo); asimismo trabajo formal puede significar pobreza.
Desde una la perspectiva de los derechos laborales se observa la continuidad neoliberal: la fragmentación laboral y salarial van de la mano de la sindical. En el sector privado las dificultades de los trabajadores para organizarse se explican por las trabas patronales y la indiferencia en algunos casos, sino la complicidad, de las propias dirigencias sindicales sabedoras de que en las bases las fuerzas de izquierda, u opositoras a las conducciones, tienen más predicamento y llegada. Pero la dificultad se potencia cuando de informalidad laboral se trata. De esta manera a la división del movimiento sindical le sigue como factor coadyuvante de debilidad las posibilidades reales de organizarse en los espacios laborales.
En definitiva, el cuadro complejo de análisis y comparaciones sobre el estado de la clase obrera argentina es pasible de interminables discusiones y debates. El 9 de junio la nueva pulseada sindicatos vs. Gobierno tendrá un aditamento extra, por primera vez un gremio reconocidamente oficialista y beneficiado del modelo, la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), será parte de la movida. En esto se baten especulaciones políticas pero también el efecto de un sector de los trabajadores que no se resignan a menos, y saben que para mantener lo ganado deben exigir más.
