El pueblo Diaguita Kallchaki, de las localidades de Cachi y Cafayate, es víctima del bloqueo de territorios y usurpación de tierras en las cuales ellos obtienen agua para abastecerse. La comunidad denuncia que existe complicidad entre la policía, los terratenientes y los jueces que permitieron esta situación. (Guadalupe Macedo)
Fueron despojados por terratenientes sitios sagrados o arqueológicos ubicados en las comunidades de Las Pailas, La Aguada, Buena Vista y El Divisadero, donde se asentaron con maquinarias pesadas, destruyendo y quemando bosques nativos.
La comunidad denuncia que existe complicidad entre la policía, los terratenientes y los jueces que permitieron esta situación, dándole la espalda al pueblo originario en este tiempo de pandemia. “Creemos que se están aprovechando de la situación, por esta situación de pandemia. Es que ellos tratan de avanzar no solamente ellos sino también por complicidad, por acompañamiento y aval de la policía, los fiscales para poder avanzar sobre nuestros territorios. Y cuando están en nuestro territorio nos dicen que no nos podemos reunir que no podemos estar más de dos personas, no nos quieren tomar las denuncias” denuncio Héctor Fabián.
“Su intención es hacer actos posesorios con la intención de invisibiliza nuestra existencia y justamente van en torno a quitarnos las aguas en muchos de los casos. Los cauces de agua que son una fuente de vida no solo para la comunidad sino para la sociedad en general y vienen pretendiendo asentarse, usurpar estos lugares propios de las comunidades que van más allá de un papel que ellos dice que son los dueños. Nosotros entendemos y sabemos que ha sido todo una repartida que se han hecho de los papeles pero no de los territorios porque han sido y han de seguir siendo de las comunidades originarios las poseedoras ancestrales”, comento Héctor Fabián quien pertenece a la comunidad.
Terratenientes y firmas corporativas usurparon el territorio con el fin de hacer actos posesorios, dañando y destruyendo sitios sagrados, violando los derechos territoriales de carácter constitucional por la ley N° 26160, violando la posesión comunitaria. El pueblo a través del comunicado lanzado denuncia: “han intentado detener la reparación y canalización de la toma de agua y el cultivo de la tierra para nuestra agricultura familiar en territorio de la comunidad Diaguita Kallchakí Piúl, denunciamos el hostigamiento sistemático de la policía de Cachi enviados por la Mediadora Penal Mariana Tolaba, quién intentó impedir nuestras tareas comunales desconociendo nuestros derechos territoriales como Pueblos Originarios preexistentes, del mismo modo en territorio de la comunidad Teki en Seclantás, donde el municipio intenta tener la administración de nuestro sitio sagrado conocido como las cuevas de Acsibi”.
La lucha para la posesión legal de sus territorios a pesar de ser garantizado por la Ley Nacional N° 26160 todavía sigue siendo un espacio de lucha para estas comunidades. “el poder de los gobierno es cómplice del accionar y acompañamiento de estas acciones que van en contra de nuestros derechos de pueblos originarios” relato Héctor Fabián vocero de la comunidad.
Territorios usurpados
Héctor Fabián nos comentó los daños que sufrieron los territorios usurpados:
- “En la comunidad originaria diaguita Kallchaki Buena vista, se entró al sitio, el cual el museo de antropología tiene conocimiento de la existencia de los restos que hay en el lugar, se excavó se trasladó maquinaria pesada, se desmontaron bosques nativos, y excavaron para poner alambrado.
- En la Aguada, ingresaron con maquinarias pesadas y quemando plantas del bosque nativo, hiervas medicinales, y destruyendo sitios sagrados y sitios arqueológicos.
- En La comunidad del Divisadero, entraron con máquinas pesadas a destruir, a amontonar piedras, a destruir el bosque nativo. Hay una medida del Juzgado federal en el cual no se podía ingresar al lugar por la existencia de patrimonio arqueológico violando una medida. Han entrado y han permitido que entre terceros con su pretensión y con su seducción, engañando a la gente que le va a generar trabajo”.
El conflicto por el territorio afecta a todo el pueblo ya que, “afecta a las comunidades de Buena Vista también afecta a las comunidades de Molino, Cafayate, San Carlos y a los pueblo originarios en sí. En esa ubicación geográfica cada comunidad tiene entre 35, 40 o 60 familias por comunidad, son las familias afectadas directamente e indirectamente como pueblo y pueblo originario son realidades que estamos viviendo a nivel país. Estamos viviendo estos atropellos a pesar de que estén ubicados geográficamente en lo que es Cachi y Cafayate, nos afecta a todos los pueblos originarios, nos afecta a toda la sociedad en sí porque sabemos que se reduce caminos de ingreso, el disfrute para la gente que muchas veces nos viene a visitar. Lo que nosotros queremos es proteger estos lugares, seguir produciendo, seguir cultivando y en memoria y reivindicación de los luchadores y a nuestros mayores y a nuestras futuras generaciones”, describió Fabián.
Los territorios pertenecen al pueblo nación Diaguita por lo establecido en la Ley 26160, donde se establece la posesión comunitaria de la tierra y fue declarado a través del relevamiento del INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas) realizado en el año 2011. “Acá se hizo un estudio socio-antropológico, se hizo un recorrido por parte de los técnicos en el territorio se hizo un análisis por parte del área legal, ósea que hay tres elementos fundamentales por lo cual complementan esta herramienta que es la aplicación de la ley 26100 como sus prórrogas que hoy es una ley vigente”, afirmo Fabián.