Funcionarios de SAETA y la AMT declararon que la empresa tendría un déficit de alrededor de 3 millones de pesos por mes y que afecta sobre todo el plan de inversiones de la misma. También reconocieron que con el nuevo aumento, la suba total en lo que va del año será de un 50%.
Es lo que se desprendió de una reunión que mantuvieron los funcionarios de SAETA y AMT ante la comisión bicameral de seguimiento del transporte metropolitano. El bloque de concejales del Partido Obrero realizó un extenso apunte en donde da cuenta de la situación.
“En primer lugar declararon que hoy en día la empresa tendría un déficit de alrededor de 3 millones de pesos por mes y que afecta sobre todo el plan de inversiones de la misma. Este déficit se debe fundamentalmente a que a pesar de que las empresas concesionarias de los corredores cobran por Kilómetro recorrido, es SAETA quién se hace cargo de los costos crecientes en insumos y salarios. Por eso atan la renovación de 25 coches de la flota de SAETA y las eventuales mejoras del servicio, al aumento del costo del boleto común, y aunque no lo digan, a las restricciones sobre el boleto estudiantil gratuito que obligaría a miles a comenzar a pagar desde el año que viene un boleto común con aumento. En esta línea ya no justificaron la suba como una medida para atacar el colapso del servicio en horas pico, sino que ahora sería una “promoción” del boleto en horas valle. Un argumento absurdo que no llega a ocultar que las empresas no invierten para mejorar las frecuencias y evitar el colapso en los horarios pico.
En segundo lugar, también reconocieron que con el nuevo aumento, la suba total en lo que va del año será de un 50% y que desde el ejecutivo en ningún momento se les indicó tener como parámetro techo, el aumento del 30% que recibieron los estatales.
Otro elemento que suma al colapso del servicio es que los coches adquiridos en el 2011 a la empresa Tatsa (del grupo Cirigliano), no tienen posibilidades de ser mantenidas ya que esta empresa no existe más no se consiguen repuestos, etc, reconociendo que compraron unidades a un empresario mimado del gobierno nacional a pura pérdida para la Provincia.
Pero las justificaciones más groseras y arbitrarias se dieron en lo que respecta a las restricciones vigentes desde hace dos semanas sobre el beneficio del pase libre estudiantil. En primer lugar porque reconocieron que las restricciones a 80 pases por mes, dejará sin el beneficio a al menos 8 mil estudiantes, sin que quede claro que haya habido lo que estos funcionarios consideran un “mal uso”. Pero la peor parte tiene que ver con las nuevas condiciones de acceso al beneficio. Mientras los legisladores del PO y hasta algunos del oficialismo advirtieron que el impacto objetivo de estas nuevas condiciones podría dejar afuera a varias decenas de miles de estudiantes; estos contestaron que “no sabían” cuál podría ser el impacto de la medida ni tampoco pudieron justificarlas con criterios objetivos, más allá de la falacia moral de que los estudiantes “deben estudiar” y desconociendo las actuales condiciones socio económicas de los estudiantes universitarios salteños. El planteo de que SAETA y la AMT contemplarán todas las excepciones existentes por las nuevas restricciones, ante cada reclamo individual, cae en el absurdo ya que para ello, lo que se recuperaría con el cobro del boleto común a esa franja de estudiantes deberá ser utilizado para la cobertura del personal e insumos necesarios para semejante control.
Las implicancias de estas medidas no solamente dejarán a miles de estudiantes sin el beneficio del pase libre, sino que al tener que pagar el boleto común, esto implicaría un mínimo de 3 millones de pesos más de ingreso por mes a SAETA. Es decir que las restricciones del pase libre, están directamente atadas al criterio de cargar sobre los estudiantes los costos de mantenimientos e insumos que deberían cubrir las empresas encargadas de los diferentes corredores.
Por último, las autoridades de SAETA y las AMT acabaron con el simulacro de ciertos sectores del oficialismo que planteaban que Urtubey no acordaba con las restricciones sobre el pase libre. Estos dejaron en claro que, si bien son discutibles, no van a anularlas ni derogarlas y que si los legisladores disconformes fijen por ley otras condiciones. Los funcionarios de la AMT saben que una resolución tomada por ellos se anula o deroga con otra resolución y que las disposiciones de prestación del servicio son de su exclusiva facultad. Tirarle la pelota a los legisladores, además sin anular las actuales restricciones, es un artilugio retórico para mantenerlas.
