Los Estados nacional y bonaerense pedirán disculpas a una joven con discapacidad mental que ocho años atrás no pudo acceder a un aborto no punible. Mientras tanto, en Salta se juntan firmas para que Urtubey elimine las barreras que obstaculizan el acceso a ese derecho consagrado por la Suprema Corte de Justicia.
Se trata de un evidente acto de reparación simbólica por la violación a los derechos sexuales y reproductivos. Y es que el Estado nacional y de la provincia de Buenos Aires, negaron hace ocho años el acceso a un aborto no punible en un hospital público a una joven con discapacidad mental. El acto será a las 17 en el Salón Auditorio del Anexo de la Cámara de Diputados bonaerense, en La Plata y, según informó Página 12, se hará en el marco de una resolución del Comité de Derechos Humanos de la ONU que en 2011 dictaminó que la obstrucción del aborto permitido por el Código Penal constituyó una violación de los derechos humanos de la joven que había sido abusada sexualmente por un tío. El organismo también ordenó al país proporcionarle a la joven “medidas de reparación que incluyan una indemnización adecuada” y “tomar medidas para evitar que se cometan violaciones similares en el futuro”.
Los que encabezaran el pedido de disculpas son las autoridades de las secretarías de Derechos Humanos de Nación y de la provincia. La joven que será la protagonista del acto fue identificada como L. M. R. y estará acompañada por su mamá, Vicenta, y su hermana, Verónica, quienes en 2006 tuvieron que deambular durante semanas en los tribunales platenses porque les negaban el aborto no punible. L.M.R. tenía 19 años y una edad mental de 10 en aquel año. Su mamá, una mujer muy pobre y entonces analfabeta, reclamó un aborto no punible en el Hospital San Martín de La Plata pero una jueza de Menores intervino y prohibió la interrupción del embarazo. El pedido de la adolescente recorrió todas las instancias judiciales y llegó hasta la Suprema Corte bonaerense, que avaló con un fallo su reclamo y aclaró que no era necesaria la autorización judicial, dado que se trataba de un aborto no punible. Treinta y siete días demoró ese tortuoso camino legal, innecesario aunque L. M. R. no consiguió, aun con la sentencia del máximo tribunal de la provincia, que le realizaran el aborto en un hospital público. Con el apoyo de organizaciones de mujeres, finalmente accedió a la intervención en una clínica privada.
El caso recuerda mucho al de la adolescente salteña de 13 años que el año pasado quedó embarazada luego de ser violada reiteradamente por su padrastro. En aquella oportunidad la madre de la niña quiso recurrir a un aborto no punible aunque el juez Víctor Soria se valió de las particularidades de las leyes salteñas para atentar contra los derechos de la víctima. Hay que recordar que el aborto no punible está legalizado en nuestro país cuando el embarazo es producto de una violación y el único requisito para acceder a la interrupción del embarazo es una declaración jurada de la mujer, procedimiento que fue legitimado en marzo del 2012 por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) que además exigió “remover todas las barreras administrativas o fácticas” tanto al Estado nacional como provinciales. En Salta, sin embargo, las barreras fueron impuestas por el mismo Urtubey en el 2012 cuando firmó el decreto 1170/12 y arbitrariamente incorporó un requisito adicional: la asistencia del defensor público o del asesor de menores e incapaces. Para hacer efectivo ese requisito, el 16 de mayo de 2012 se aprobó la «Guía de Procedimiento para la Asistencia Integral de toda Víctima de Violencia Sexual y la Concreta Atención de los Abortos No Punibles». Dicha guía impone además un plazo límite de 12 semanas para la realización del aborto, cuando la ley de fondo, la sentencia FAL y la Guía Nacional de Atención al aborto no punible, omiten imponer plazo alguno. Ambos requisitos funcionan como arbitrarias y son discriminatorias ya que solo a las mujeres que viven en Salta se les aplica, pero no a las que viven en el resto del país.
Volviendo al caso de la joven bonaerense que hoy recibirá las disculpas del Estado nacional y provincial, hay que decir que actualmente cuenta con 27 años y sigue viviendo con su mamá en un barrio humilde de la localidad bonaerense de Guernica. La provincia de Buenos Aires, en estos años, le pagó con cierta intermitencia subsidios para que pudiera continuar estudiando. Los sábados toma clases particulares de dibujo algunos de los cuales se expondrán hoy en el hall que antecede al Salón donde recibirá las disculpas públicas. En agosto, el subsecretario de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Carvalho, y la coordinadora de Asuntos Jurídicos Internacionales de la Secretaría de DD.HH. de la Nación, Rosario Alvarez García, acordaron con las ONG que llevaron adelante la demanda ante el CDH una serie de medidas de reparación para la joven: además del acto de hoy, cobertura médica, la incorporación a un programa de inserción laboral, una vivienda y el pago de una indemnización. Las disculpas son el primero de esos compromisos, que cumple el Estado con L. M. R.
