La comunidad universitaria de la UNSa cierra filas en defensa de la ley de financiamiento aprobada semanas atrás por el congreso. Trabajadores, autoridades y estudiantes llaman a participar de la marcha el próximo 2 de octubre, mientras el gobierno libertario redobla la apuesta y amenaza con una ley de arancelamiento.
El pasado 12 de septiembre, en la Cámara de Senadores de la Nación, se aprobó la ley de financiamiento universitario, tras un reclamo conjunto de las casas de altos estudios de todo el país. La norma ordena actualizar las partidas del Presupuesto 2023 (prorrogado por el Gobierno de Javier Milei), según la inflación acumulada ese año (del 211,4%) y luego aplicar un incremento bimestral de acuerdo con la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC).
Tal como ocurrió con la reforma jubilatoria, el gobierno libertario anticipó el veto a la medida por considerarla deficitaria. Las universidades de todo el país advierten que no está garantizado el funcionamiento de las mismas el año que viene y anticiparon una gran movilización para el próximo 2 de octubre entre otras medidas de fuerza.
La realidad de la universidad pública salteña se inscribe en ese contexto de gravedad extrema. El documento emitido por la casa de altos estudios para sentar posicionamiento al respecto advierte que “la asfixia económica a la que las somete el gobierno -sumado a una campaña de desvalorización, desacreditación, ninguneo o franca mentira- torna imposible mantener el funcionamiento normal de las universidades”.
El sueldo de muchos docentes y no docentes está por debajo de la línea de pobreza. A pesar de ello, el gobierno siguió otorgando aumentos nominales por debajo de la inflación: en agosto los precios (medidos por el IPC) subieron un 4,2%, mientras que los salarios básicos fueron apenas un 3% mayores que el mes anterior. Y la perspectiva para el próximo mes es similar, dado que las autoridades nacionales dispusieron unilateralmente un incremento del 2%, cifra que con toda seguridad consolidará una nueva caída en el poder adquisitivo.
En ese marco, el Congreso de la Nación, con el voto de legisladores de distintas filiaciones partidarias, aprobó el proyecto de financiamiento que asegura la actualización de los fondos para funcionamiento, investigación, extensión, etc.
El argumento del gobierno libertario para vetar la ley es el sostenimiento del equilibrio fiscal. Sin embargo, para la comunidad universitaria, “el mismo gobierno no mostró igual prurito al reducir impuestos sobre los sectores más pudientes de la población, como consagró a través de la llamada “Ley de Bases…” en el capítulo correspondiente a Bienes Personales (Capítulo II del Título III), a pesar de que esa decisión le costó al fisco una suma más de 3 veces mayor a la que requiere la actualización presupuestaria y salarial aprobada en el Congreso”.
60% bajo la línea de pobreza
Desde el gremio que agrupa a los trabajadores no docentes de la UNSa, advierten que la caída del poder adquisitivo desde la llegada de Milei al gobierno es escandalosa. “Estamos en una situación bastante compleja. No estamos teniendo paritarias, nos imponen los aumentos por decreto, no hay chances de negociar de manera colectiva y, en ese sentido, los sueldos han quedado atrás entre un 70% un 80%”, alertó Stella Mimessi, secretaria general de APUNSA.
De acuerdo a los datos que maneja el gremio, alrededor del 60% de los trabajadores docentes y no docentes se encuentra bajo la línea de pobreza. “Las categorías 6 y 7 no llegan a percibir $650 mil en mano”.
Por otro lado, denuncian el incumplimiento de otros acuerdos paritarios que se firmaron hasta noviembre de 2023, como el índice de garantía. El mismo preveía que las categorias 6 y 7 puedan cobrar la diferencia entre el sueldo básico y la canasta básica total (CBT) fijada por el INDEC.
“Hoy estamos trabajando con los legisladores nacionales para pedirle al ejecutivo la promulgación de la ley y, en caso de que sea vetada, que sostengan su voto en la cámara”, sostuvo Mimessi en diálogo con Cuarto Poder.
“Hoy tenemos un incremento del 270% del presupuesto luego de la marcha de abril y las medidas de fuerza tomadas. Pero esa cifra toma como referencia el año 2022, período en el que la inflación fue mucho mayor. Además, no se envía el total del presupuesto, sino partidas mensuales que no llegan al 100%, son del 90%, 80% o 70%. La última vez que se giraron fondos se enviaron $180 millones menos para salarios, que tuvo que poner la universidad”.
Factura de luz: 10 veces más cara
En noviembre, la Universidad Nacional de Salta abonaba una factura de $8 millones por todas las instalaciones del campus universitario de Castañares. La factura del último mes fue de $80 millones como producto de la quita de subsidios dispuesta a nivel nacional.
“Vetando la ley nos terminan de hundir a las universidades. El año que viene no sabemos cómo empezar a funcionar porque se acaban los recursos. El ejecutivo elevó un presupuesto que contempla la mitad de lo que necesitamos para funcionar. Si eso es aprobado, la UNSa no llegaría a funcionar hasta el mes de julio. Es muy importante que la ley pueda ser aprobada”, añadió Stella Mimessi.
Una realidad nacional
El atraso salarial y las dificultades para el sostenimiento de la cursada, no son una realidad exclusiva de la UNSa. Un informe de la Universidad de San Martín y la Universidad Nacional de Rio Negro muestra cómo los profesores y trabajadores no docentes percibieron, desde 2023, aumentos por detrás de la inflación acumulada.
“Los salarios de más del 85 % de las y los docentes están por debajo de la línea de pobreza. A la vez, más del 60 % de las y los no docentes se encuentran en esa situación”, indica el estudio presentado a comienzos de septiembre de este año.
Y detallaron: “Los mismos datos estiman una pérdida del poder adquisitivo del 33,3% entre diciembre de 2023 y julio de 2024, sobre un contexto con una inflación acumulada del 134,5% y una recomposición salarial de apenas el 56,9% (77,6% puntos porcentuales de diferencia)”.
Además, investigadores del Instituto Interdisciplinario de Economía Política sostienen que en lo que va del año el programa presupuestario vigente presenta una caída real del 31,5% respecto al año anterior y de casi un 25% en referencia a igual período en 2022.