La provincia deberá pagar una cifra millonaria cuando termine el juicio por el crimen de las turistas francesas. La justicia local embargó la quebrada de San Lorenzo por 24 millones de pesos. Uno de los abogados de la familia, en medio del juicio se pasó al estudio de Horacio Aguilar. (Maximiliano Rodríguez)
La habilitación provincial de la empresa Puma Expeditions por parte del Ministerio de Turismo, será uno de los puntos por los cuales Salta tendrá que pagar una cifra aún no determinada pero millonaria. La nula seguridad brindada por el Ministerio de Seguridad, entonces a cargo de Pablo Kosiner y Aldo Saravia, será otro de los aspectos fundamentales a la hora de señalar las responsabilidades del Estado provincial.
Como ocurre en estos casos no serán los funcionarios quienes abonarán con su dinero el daño producido. Esto es lo que surge del análisis de las causas civiles que se tramitan en forma paralela al juicio penal y por el cual se enjuicia a Gustavo Lasi, Daniel Vilte y Santos Clemente Vera como posibles autores materiales de los homicidios.
Las actuaciones civiles hasta el momento determinaron que la quebrada de San Lorenzo sea embargada por una cifra superior a los $ 24.000.000. Por orden del Juzgado en lo Civil y Comercial de Octava Nominación, se trabó embargo preventivo hace un mes a Finca Los Maitines, donde está emplazado El Mirador y también la maravillosa quebrada que tanto atrajo al turismo. El embargo a la propiedad fue fijado en $ 21.900.000, más otros $ 2.000.000 por accesoria legales.
La medida restrictiva ya se encuentra asentada en la cedula parcelaria de la propiedad en la Dirección General de Inmuebles. La jueza Jacqueline San Miguel (8° nominación) debió fijar el embargo preventivo por orden de la Cámara Civil y Comercial Sala Cuarta, debido a que inicialmente la magistrada no había hecho lugar a la medida.
Si bien el embargo inicial fue fijado en estos 24 millones de pesos, se estima que los montos de la indemnización superarán holgadamente esas cifras. Para realizar los cálculos iníciales a valores 2013, se tomó en cuenta la corta edad de las víctimas; sus expectativas de vida; sus posibilidades laborales futuras sopesando acá sus estudios cursados; más los montos que ambas ganaban y podrían ganar en Europa.
Estos 24 millones son sólo el comienzo de una indemnización mucho más importante. El embargo de la propiedad es sólo una medida cautelar para evitar la venta o transferencia del inmueble por parte de los responsables privados. Al ser la Provincia de Salta y la Municipalidad de San Lorenzo entes con continuidad jurídica, hay tiempo para embargar y cobrar las indemnizaciones. Ni la Municipalidad, ni la Provincia irán a ningún lado. Los padres de las chicas asesinadas se presentaron reclamando resarcimientos a la Provincia, a la Municipalidad de San Lorenzo, a Puma Expeditions, a Los Maitines y a los tres imputados.
Por ahora se dictó sólo el embargo en contra de Los Maitines, mientras que se espera hasta conocerse la condena para avanzar sobre las otras partes acusadas. Se descarta que la Municipalidad de San Lorenzo delegue la responsabilidad en la provincia de Salta toda. Después de todo, era el ejecutivo el responsable, en 2011, de brindar la seguridad ciudadana en el territorio provincial y también en el 2007 fue la responsable de las habilitaciones turísticas a favor de Puma Expeditions. Por lo pronto, trascendió que la firma habilitada por el Ministerio de Turismo no contaría siquiera con la inscripción obligatoria en el Registro Público de Comercio, dependiente de la misma provincia de Salta.
Asimismo, en los ámbitos judiciales se especula con que los dueños de Puma Expeditions, Ignacio Poodts y Nicolás Olaciregui, podrían deslindar la responsabilidad civil en finca Los Maitines. Esto sería posible debido al contrato de alquiler del predio, donde figuraría la contratación de los seguros civiles como responsabilidad del propietario del inmueble. No está de más recordar que esta explotación turística comenzó con la llegada de Horacio Cornejo, el primer Ministro de Turismo de la gestión Urtubey. Apenas asumió el cargo en diciembre de 2007 se alambró el río y se generó el negocio turístico “autoguiado”. Por ingresar a este predio Cassandre Bouvier y Houria Moumni pagaron $20 cada una en julio de 2011.
El pase
Todo el reclamo de indemnización realizado por los familiares de Cassandre y Houria se encuentra en trámite en la justicia civil salteña. El juicio penal que por estos días conduce el tribunal compuesto por Ángel Longarte, Héctor Pucheta y Bernardo Ruiz, será vital para determinar qué le corresponde poner a cada parte en el juicio civil. Por lo pronto, en las primeras jornadas de este juicio oral y público, quedó en evidencia la ausencia total de seguridad en un predio presuntamente habilitado y por el cual se abonaba una tarifa autorizada. Las cifras multimillonarias, además, crecerían exponencialmente ante el paso del tiempo y las apelaciones. Los 24 millones de embargo sobre la finca Los Maitines serían apenas un bocado, comparado con lo que podría abonar la Provincia de Salta.
El juicio en contra de la Provincia de Salta y la municipalidad de San Lorenzo entre otros, lleva el número de expediente 439601. Esta y las otras actuaciones civiles están a cargo del estudio jurídico de Washington Álvarez, quien evita realizar comentarios a la prensa. Sin embargo, se ha conocido en el submundo de los abogados salteños el sorpresivo “cambio de equipo” que realizó uno de los letrados del bufet que representa a las familias de las víctimas.
Es comentado en los pasillos de tribunales el alejamiento que tuvo de este estudio jurídico Julio Ignacio Lazcano, abogado que junto a Washington Álvarez, firma muchas de las actuaciones en favor de los Bouvier y los Moumni. Este letrado en medio del proceso civil se alejó del estudio de calle Pueyrredón y Santiago del Estero para integrarse al estudio que conduce Horacio Aguilar, amigo personal del gobernador y uno de los hombres con mayor poder en los últimos años. Él mismo que trabajó para los familiares de las víctimas durante la etapa de instrucción penal, hasta que los Bouvier prescindieron de él por los estrechos vínculos entre Aguilar y el poder político.
