El lunes comenzará el juicio que estuvo a días de prescribir en 2013. La querella comandada por la madre de Sabrina Berton, que murió de un disparo mientras se dirigía al estadio a ver un partido de fútbol, buscará cambiar la carátula para incrementar la pena y ampliar la lista de encubridores. (Franco Hessling)
El próximo lunes, luego de poco más de siete años desde la muerte de Sabrina Berton, se inicia el juicio que tiene a tres imputados. La principal es Aldana Leiseca, sospechada de ser quien disparó el arma que horadó el cráneo de la víctima. Los otros dos, Nicolás Valdez y Juan Ignacio Córdoba, están acusados de portación ilegal de arma de fuego y encubrimiento.
La madre de Sabrina, una joven adolescente que aspiraba a cursar estudios en criminalística, puso muchos recursos personales para que la causa no prescribiera en 2013. Roxana Belbruno junto a su marido francés financiaron pericias propias, recibieron asistencia de organismos estatales, costearon cambios de abogados, estudiaron el expediente y no dejaron pista sin investigar.
De todos modos sus esfuerzos serán inocuos si, como cuestión mínima, no consiguen cambiar el rótulo que caratula la imputación de Leiseca: de homicidio culposo a homicidio doloso. “Hubo mala intención de la Justicia de sostener la calificación de homicidio culposo. Sin lugar a dudas el interés en que esto se haya banalizado con una carátula que es excarcelable demuestra el mecanismo vicioso de la Justicia y la Política”, sentencia la propia querellante.
Advierte que el cambio de carátula para el accionar de Leiseca no será lo único, que también pretenden ampliar la lista de encubridores. Entre ellos destaca al novio de la joven sobre quien actualmente no descansa ningún cargo. “Sólo hay tres imputados, la acusada de haber hecho el disparo y otros dos miembros de la Banda del Camión”, apunta en referencia a una facción de la hinchada de Central Norte.
La presión tenaz del matrimonio ha conseguido una conquista: el juicio será encabezado por un tribunal -tres magistrados- y no por un solo juez como ameritaría la carátula de homicidio culposo. En ese sentido ven con buenos ojos la aceptación de la Justicia de conformar un Tribunal, ya que eso implicaría que el cambio de rótulo es plausible. Como se ve, las estrategias judiciales ya han empezado a desandarse antes inclusive del inicio del juicio.
De todos modos Belbruno también manifiesta cierta incertidumbre, “temo que por no haber quedado claro lo sucedido dada la vergonzosa instrucción del Juez Dubois, no alcancemos una sentencia esclarecedora”. El ya retirado juez Esteban Dubois, quien hizo la instrucción, según la madre de Sabrina, tiene un prontuario nada encomiable ya que habría sido fiscal en Tucumán durante la última dictadura cívico-eclesiástico-militar.
“Desafortunadamente la Justicia no ahondó en el entramado de relaciones de la barra brava”, profundiza Belbruno sobre algunas de las flaquezas que halla en la instrucción. El reciente proceso judicial por el doble crimen y violación de las francesas es aleccionador para dimensionar la importancia de la instrucción: Martín Pérez que comandó ese procedimiento desestimó pruebas, como pericias genéticas realizadas en Francia, que luego no pudieron ser retomadas en el juicio para esclarecer genuinamente lo ocurrido.
Pero la acusación de Belbruno no se agota en abstracciones, indica que “toda la etapa de instrucción fue para quitar la incriminación a todos los integrantes de la Banda Del Camión”, y añade que “a los 46 días de la muerte de Sabrina, el juez Dubois decide la falta de mérito y el sobreseimiento de la mayoría de los sospechados”.
Esgrime otro elemento, agravante, que habría sido deliberadamente obviado por Dubois para la cantidad de cómplices, y por ende para la cantidad de imputados: “A través de informes del RENAR sabemos que el arma del crimen no está registrada, esa es otra de las razones por las que pedimos el cambio de carátula a, por lo menos, homicidio doloso”.
Consultada sobre porqué considera que la Justicia actuó de forma displicente con el caso de su hija, Roxana despersonaliza las actuaciones de Dubois y traslada su argumentación a un plano social. “En el caso particular de mi hija, que fue un hecho que se dio en el contexto de las barras bravas, era predecible que la Justicia se ponga perezosa”, afirma. De hecho Sabrina Berton es la víctima 230 que tiene en sus registros la Asociación Civil “Salvemos al Fútbol”, que es presidida por Mariano Bergés, un exfiscal de la nación.
Prosigue con su fundamentación vinculando distintos actores sociales: “Las barras bravas tienen una conexión directa con la política, y a través de ésta con la Justicia. Es de ingenuo negar estos matrimonios entre el fútbol, la política y la Justicia”, diagnostica. Además asegura que Leyseca ha trabajado en la Municipalidad de Salta antes y después del asesinato, y ello lo atribuye a las labores punteriles del padre de la implicada.
Camino hacia el juicio
Las tácticas que tuvo que desarrollar la parte civil de la querella han sido de lo más variadas, aunque siempre ceñidos, por propia voluntad, al corsé institucional. “Al Estado le pagamos el sueldo todos, es lógico que le reclame lo que me corresponde usando los propios recursos que me provee como ciudadana”, explica Belbruno.
Cita como ejemplo al Programa Nacional de Lucha Contra la Impunidad (ProNaLCI), del que detalla que “depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, y se ocupa de capitalizar las denuncias de los ciudadanos que sienten que sus derechos han sido vulnerados en el marco de una causa judicial”.
Roxana además relata que “tenía mi causa estancada, entonces el pedido de informe que el ProNaLCI le hizo a Dubois, más las indicaciones técnicas que recibí, ayudaron a que no prescriba la causa”. Señala además que la provincia se hizo eco de la iniciativa federal: “El Ministerio de Justicia de Salta, desde hace dos o tres años, puso en vigencia el Programa de Asistencia a las Víctimas de Delitos Graves Contra las Personas”, aunque no especifica qué asistencia recibió del programa salteño.
Paradójicamente, a pesar de su defensa de esos recursos que el Estado dispone para quienes padecen el retardo de la impartición de Justicia, Belbruno renoce que “para mantener viva la causa de mi hija tuve que invertir muchísimo dinero, hasta tuve que hacerme cargo de pagar pericias para presentar pruebas que el Juez no ordenaba que se hicieran”.
Diferencias metodológicas
Roxana Belbruno es una víctima de la impunidad, lo admite y no escatima en despacharse contra los engranajes estructurales que adolecen de dinamismo y optimización para el rendimiento de la Justicia.
No deja de llamar la atención que no estreche vínculos con la emblemática Comisión de Familiares Contra La Impunidad (CFCI), que no sólo marchan viernes a viernes si no que han colectivizado trayectorias de fustigación particulares. A nivel legal las causas siguen siendo singulares, pero la Comisión se unge como un espacio de visibilización, presión y acompañamiento mutuo.
“Me acerqué y tuve contacto con el señor (Raúl) Córdoba y la señora (Ana) Fernández, pero no compartimos metodología, no comparto que haya que agraviar para luchar contra la Impunidad”, resalta y añade que “tampoco creo que marchar alrededor de la plaza sea la mejor forma de hacer que las causas avancen”.
No obstante asegura respetar el proceso de la CFCI y hasta se ocupa de hacer ostensible los puntos en común. Finaliza diciendo “de todas maneras sí comparto que hay una complicidad política con la Impunidad, fíjate que Aldana Leiseca -la principal implicada en el caso de Sabrina-, trabajó en la Municipalidad antes y después del procesamiento judicial”.
