Ante los numerosos casos de femicidios, Carlos Haquim, Defensor del Pueblo de la Nación propuso el inicio de una actuación de oficio, a los fines de investigar respecto de la implementación de determinadas políticas públicas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, conforme lo previsto por la Ley 26.485.
A los fines de recabar mayor información, se celebró una reunión con Fabiana Tuñez, Coordinadora General Ejecutiva de la ONG La Casa del Encuentro que trabaja en la temática de la violencia de género desde el 2003. La Casa del Encuentro comunicó que, a pesar de no contar con un registro oficial de casos de violencia y femicidio, el año pasado en Argentina se cometieron 277 femicidios, por lo tanto se puede deducir que en nuestro país cada 31 horas muere una mujer por violencia de género.
La puesta en común de los trabajos de cada Institución puso de manifiesto las siguientes conclusiones:
- El Consejo Nacional de las Mujeres (CNM) no ha elaborado el Plan Nacional de Acción para la prevención, asistencia y erradicación de la violencia contra las mujeres (Art. 9 de la mencionada Ley).
- No se cuenta con cifras oficiales sobre los casos de violencia ni de femicidio y eso se debe, en principio, a la falta de creación, por parte del CNM, del “Observatorio de la Violencia contra las Mujeres” (previsto en el Art. 12 de la Ley).
- No se cuenta con los refugios necesarios para atender a las víctimas cuando su vida corre peligro.
- No se han implementado en todas las provincias servicios gratuitos de patrocinio jurídico ni de asistencia social y psicológica para las mujeres víctimas de violencia.
- En todas las provincias, es distinto el acceso de las mujeres al “botón anti-pánico”.
En virtud de los hechos y en pos de proteger los derechos humanos de las mujeres víctimas de violencia de género, el Defensor estima necesario iniciar una actuación de oficio e investigar sobre las temáticas antes expuestas, para lo cual se solicitaron informes al Consejo Nacional de las Mujeres (dependiente del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, Presidencia de la Nación) y al INDEC.
El objetivo de este pedido de informes es saber, entre cosas, por qué no se ha implementado el Registro Único de casos de violencia contra la mujer en todo el territorio nacional, siendo que en 2012 se firmó un convenio entre las dos Instituciones para crearlo conjuntamente.
Además, a través de este pedido, el Defensor consulta acerca de la implementación de servicios gratuitos de patrocinio jurídico y de asistencia social y psicológica para las mujeres víctimas de violencia en todas las provincias; y si se articularon acciones con el Ministerio de Educación de la Nación, para incorporar contenidos curriculares, en los distintos niveles de educación, referidos a la prevención de la violencia de género.
