Mientras Nación retiene el 60% de la coparticipación nacional, el restante es distribuido en las 23 provincias del país. En Salta los 60 municipios reciben un 13,5%. Esto hace evidente la necesidad de plantear la discusión correspondiente a nuevos índices de distribución, autonomía municipal y la consolidación de reales gobiernos locales. (Jessica Aparicio)

En los doscientos años de historia del Estado Nacional argentino hay un debate que no hemos saldado: el federalismo victorioso del S.XIX, pareciera que quedó rebajado al papelerío constitucional de un país que -aunque aún ni se pensaba como tal- definió un gobierno federal, respetuoso y constitutivo de las autonomías provinciales; venciendo así la propuesta encarnada por unitarios que buscaban imponer la centralidad de Buenos Aires.

En el ámbito local los sesenta municipios de la provincia de Salta subsisten a través de una coparticipación nacional que le aporta el 80% y un 20% que corresponde a la coparticipación provincial. Es decir que dependemos prácticamente de lo que envía Nación. Esta situación difiere de otras provincias más ricas, como Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires y Mendoza, donde los niveles entre lo que les aporta Nación y la propia provincia son diferentes y hasta inversos.

En la provincia de Salta, los sesenta municipios reciben una coparticipación del 13,5% del total presupuestado. Durante el gobierno de Juan Urtubey aumentó un 1,5% respecto al 12% que coparticipaban durante la gestión de Juan Romero. En 2017, se toma la decisión, sobre el presupuesto, de mandar en forma directa un punto y medio más. Es decir que llegamos al 15% en la provincia. Ese último punto y medio se llama Fondo Compensador Municipal.

El año pasado, ese 1,5% dejó de ser a través del envío directo y se ejecutó mediante contrapresentación de proyectos y contraevaluación por parte del gobierno provincial, en base a la real necesidad del municipio en cuestión. Esto busca que ese porcentaje retenido cumpla con su verdadera función de “compensar”, en este caso, a los municipios más pobres de la provincia. Al fin y al cabo, el fondo está a merced de voluntad del ejecutivo.

Compensado o distribuido

Si bien es una iniciativa del ejecutivo provincial, sigue en disputa la disposición de ese 1,5% que no recibe la total aprobación de todos los Intendentes de la provincia.

Mario Cuenca, presidente del Foro de Intendentes y alcalde de Campo Santo, es el que viene poniendo mala cara. Además de exigir que se modifique la Ley de Coparticipación, exige la distribución por municipio de ese famoso 1,5%, exponiendo la injusticia en la asignación del monto que parecería quedar a la dedocracia de Grand Bourg.

Por su parte, Miguel Calabró, Secretario de Asuntos Municipales de la Provincia y ex Intendente de La Caldera, explica que “el fondo compensador permite equilibrar situaciones entre Municipios como Santa Victoria Este, que posee recaudación cero, frente a otros como San Lorenzo, que logran montos que le permiten mayor autonomía.”

Aun así, intendentes como Ignacio Jarsún, de Rosario de Lerma, reclamaron sobre la distribución del 1,5%; pero que, en términos reales, recibieron el mismo porcentaje a través del Fondo Compensador Municipal, informan desde Casa de Gobierno.

Papá Nación

A nivel nacional, la cosa pareciera complejizarse mucho más. Del total de la coparticipación, Nación (y a esto nos referimos al ejecutivo del macrismo) retiene un 60% repartiéndose entre las provincias sólo un 40%.

Esto logra generar en los manejos discretos del mundillo político, las presiones, las alianzas, los guiños de ojo y las composturas políticas de quienes representan a las provincias. Los gobiernos provinciales y municipales necesitan disponer para las ejecuciones de la obra pública y de infraestructura grandes montos de dinero, que, al fin y al cabo, terminan siendo las gestiones que más resaltan a la hora de recapitular las grandes hazañas de quienes nos gobiernan.

Garantizar gobernabilidad

El año pasado el gobierno por decreto produjo la eliminación del Fondo Federal Solidario que coparticipaba a las provincias y los municipios la retención de la exportación a la soja. Por cada tonelada de soja que exportaba, Mauricio Macri debía repartir 350 kilos por provincia, es decir el 35%. Un ingreso que ahora se suma a la caja de Nación. Otro ejemplo, fue la entrega con moño del Fondo de Reparación Histórica del conurbano a María Eugenia Vidal que recibió el 35% para seguir conteniendo temporalmente el despilfarro en la administración del Estado. Y en la República “Federal” Argentina, las veintitrés provincias, hermanas menores, vieron cómo se cedía un monto que antes les implicaba un ingreso más.

La discusión de una Ley de Coparticipación no ingresa en las agendas, porque tampoco se discuten proyectos de gobiernos ni políticas de Estado que garanticen transformaciones a largo plazo y la anhelada autonomía provincial y municipal que nos permita superar como país los humores de quienes son electos como gobiernos nacionales. En un contexto donde en términos reales coparticipamos menos -porque tenemos un Estado que recibe menos ingresos por la caída del consumo-, dejar de depender de la distribución de Nación, pensar los modos en los que potenciamos los gobiernos locales, y la descentralización de las responsabilidades, son disparadores que podríamos poner sobre la mesa para pensar en una nueva ley.

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