La ministra Carla Vizzotti impulsó una presentación judicial en contra del ex secretario de Salud, Adolfo Rubinstein. En este caso, por haber renegociado en 18 millones de pesos el precio de la compra de anticonceptivos a un laboratorio que había incumplido con los plazos de entrega.
La denuncia también cae sobre la exministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley y al exjefe de Gabinete Marcos Peña.
El hecho se suma a la larga lista de denuncias contra Rubinstein, que comenzó con la detección de más de tres millones de dosis de vacunas que se dejaron vencer en un frigorífico porteño y llegó hasta la compra de leche fortificada, a un precio que luego fue readecuado a un índice inflacionario posterior al del momento de la firma del contrato.
En este último caso, lo que se denuncia es que también se compró un producto a un precio y luego se pagó otro superior.
El caso fue dado a conocer a través de la Resolución 1039/2021, publicada en el Boletín Oficial, con fecha 20 de abril, que da cuenta de dos normas de 2019 en las que la anterior Secretaría de Salud aprobó la renegociación de precios a favor de MR Pharma SA por 13.681.500 y 4.200.000 pesos.
La necesidad de una actualización de precio vino de parte de la firma, debido a que había «circunstancias en la política económica que repercutieron en forma contundente en los costos de la prestación requerida». Como también que «la realidad económica había afectado de manera directa su ecuación económica financiera en la prestación de la orden de compra en cuestión».
El precio que ganó la licitación original fue de 70 millones de pesos, para la adquisición de anticonceptivos, aunque tras la contratación hubo demoras en la entrega de los medicamentos. A pesar de eso, los 17.881.500 pesos demás fueron pagados por «productos cuya entrega se hallaba en mora, otorgándosele al proveedor un beneficio por su incumplimiento contractual».
Esa renegociación fue aprobada sin constatar, mediante elementos convictivos suficientes, la existencia de circunstancias sobrevinientes acaecidas entre el perfeccionamiento del contrato y la solicitud de renegociación, ni que las mismas afectaran de modo decisivo el equilibrio contractual, fue lo que explicó la Ministra.
Las actualizaciones de precios estaban «viciadas de nulidad absoluta» y por ello Vissotti instruyó a la Dirección de Asuntos Judiciales para que «inicie acción de lesividad» contra el máximo responsable de esa gestión.
También se ordenó la realización de un sumario administrativo, que se inicien las acciones judiciales tendientes al eventual recupero de las sumas abonadas en concepto de las renegociaciones aprobadas y que se dé aviso de la situación al laboratorio cuestionado, a la Oficina Anticorrupción y a la Procuraduría de Investigaciones Administrativas.