En la causa, iniciada por una denuncia de Margarita Stolbizer, se investigan los alquileres de la sociedad Los Sauces a los empresarios Lázaro Báez y Cristóbal López. La ex presidenta dice que quieren tapar malas noticias económicas.

El juez federal Claudio Bonadío citó a declaración indagatoria a la ex presidenta Cristina Kirchner, a sus hijos, Máximo y Florencia, y a los empresarios Cristóbal López y Lázaro Báez y a otros 16 imputados por supuesto cohecho y lavado de activos en la causa que investiga el alquiler de propiedades de la sociedad Los Sauces. Este expediente fue creado por Bonadio en combinación con Margarita Stolbizer luego de que el magistrado fuera eyectado de otra causa, Hotesur, que trataba sobre lo mismo: el alquiler de un hotel y oficinas de la familia Kirchner a Lázaro Báez y Cristóbal López. A través de las redes sociales, la ex presidenta vinculó la medida del juez con una serie de malas noticias en materia económica, el anuncio de medidas de fuerza de la CGT y con el cambio de versión del director de la Agencia federal de Información, Gustavo Arribas, sobre el dinero que recibió de un cambista brasileño vinculado al escándalo de corrupción Lava Jato: “¿Cómo tapamos este desastre? Bonadio cita a declaración indagatoria a CFK el mismo día de la marcha de la CGT. Y por las dudas si no alcanza, a sus hijos y a sus sobrinos. De manual”.

La ronda de indagatorias comenzará el 20 de febrero. La ex presidenta tendrá que presentarse en los tribunales federales de Retiro el próximo 7 de marzo a las 9 de la mañana. Será la última de la lista. Un día antes están citados sus hijos, Florencia y Máximo. Los imputados son 21 en total. Entre ellos, están el ya detenido empresario Lázaro Báez y sus hijos Martín, Leandro y Luciana; la sobrina de la ex presidenta Romina Mercado, el empresario Cristóbal López y su socio Fabián de Souza. También miembros del directorio de Los Sauces y las sociedades investigadas, escribanos vinculados a operatorias con inmuebles, el contador de la familia Kirchner Víctor Manzanares, y un socio de la familia Kirchner, Osvaldo Sanfelice.

La acusación impulsada por el fiscal Carlos Rívolo en base a una denuncia de Stolbizer sostiene que propiedades de la sociedad Los Sauces fueron alquiladas principalmente a los empresarios López y Báez como parte de un entramado para encubrir el pago de sobornos por la adjudicación de obra pública. En particular se investigan los alquileres desde 2008 a las empresas Inversora M&S, Alcalis de la Patagonia, de López y Valle Mitre, Loscalzo y del Curto y Kank y Costilla, de Báez.

 Los Sauces es una sociedad de la familia Kirchner dedicada a alquilar oficinas y propiedades en Río Gallegos, Calafate, El Chaltén y Puerto Madero. La investigación sobre esos alquileres estaba en la causa Hotesur, que incluye el hotel Alto Calafate, al punto que el juez Julián Ercolini, que tiene esa causa, había ordenado una pericia en la que 14 de los 33 puntos trataban sobre alquileres de Los Sauces. Antes, el expediente Hotesur lo instruía Bonadio, pero incurrió en tantas irregularidades que fue sacado por la Cámara Federal: convocaba testigos sin notificar a las partes, impidió que la defensa a cargo del abogado Carlos Alberto Beraldi viera el expediente y ordenó una pericia sin siquiera darle posibilidad de revisión a la parte. Una vez que se quedó si el caso, Bonadio se metió por la puerta trasera con otra causa, en este caso por Los Sauces. A lo largo de la investigación, el juez allanó las administraciones de consorcios de dos departamentos de Puerto Madero y del departamento donde vive Florencia Kirchner, en el barrio de Constitución.

Tanto en el caso de Hotesur como en Los Sauces, la defensa de la familia Kirchner sostiene que los contratos fueron públicos, legales, que los pagos siempre fueron bancarizados, que cumplieron con todos los impuestos y que los valores de los alquileres se corresponden con los del mercado.

Fuente: Página 12