Los senadores oficialistas del PRO, la UCR y la CC contarán con el apoyo del Frente Renovador, el Peronismo Federal y fuerzas provinciales. Se verán favorecidos por la división del FpV, que dará libertad de acción a sus legisladores.

El gobierno de Mauricio Macri se encamina esta semana a disfrutar de su primer gran triunfo parlamentario, en un Congreso donde no tiene mayoría propia pero donde logró conformar alianzas con “opositores dialoguistas” y fracturar a la principal fuerza de oposición, el Frente para la Victoria. El miércoles, el Senado convertirá en ley el proyecto oficial para derogar las leyes Cerrojo y de Pago Soberano, tal como reclama el juez neoyorquino Thomas Griesa para avalar el pago que el Gobierno pactó con los fondos buitre. El único escollo para la victoria macrista no es legislativo, sino de la Justicia estadounidense: la Cámara de Apelaciones de Nueva York se reunirá el 13 de abril –un día antes de la fecha concertada para el pago a los holdouts– para definir si abrirá definitivamente la ruta de pago a los bonistas reestructurados que frenaron los propios buitres. También es la única modificación que el Congreso le introdujo al acuerdo que el macrismo selló con los holdouts para intentar minimizar los riesgos de que se desate una avalancha de juicios de los bonistas que ingresaron a los canjes de 2005 y 2010.

Cambiemos contará con el voto de sus senadores –PRO, UCR y CC–, además de los opositores-aliados: el massista Frente Renovador, el Peronismo Federal, el GEN y partidos provinciales. El FpV-PJ dará “libertad de acción” a sus senadores, donde la mayoría se encolumnará detrás de la postura acuerdista de los gobernadores peronistas y radicales K, mientras el sector kirchnerista más duro y minoritario lo hará en contra. La propuesta paralela del puntano Adolfo Rodríguez Saá de poner límites parlamentarios a futuros endeudamientos actuaría como un bálsamo para los derrotados.

El oficialismo de Cambiemos tiene la certeza que superará sin inconvenientes los 37 votos necesarios en la Cámara alta para transformar en el ley el proyecto del Gobierno para pagarles a los fondos buitre. El holgado triunfo en Diputados (165 votos a favor y 87 en contra) fue una de las piezas para vencer la reticencia a respaldar el acuerdo entre los senadores del FpV-PJ, quienes con mayoría propia podrían hacer naufragar cualquier iniciativa oficial. La otra, fue la negociación paralela con los gobernadores peronistas, a quienes también seduce la idea de que sus provincias accedan a los mercados de capitales para tomar créditos e para intentar salir de la asfixia económica que el gobierno central utiliza para negociar apoyos políticos sin demasiada resistencia.

En el gobierno nacional contabilizan un caudal de votos que prefieren minimizar para evitar sorpresas al tiempo que especula con la exhibición posterior del “imponente” respaldo parlamentario que recibiría su propuesta de cancelar dólar sobre dólar la demanda de los fondos buitre. Las especulaciones numéricas ubican al oficialismo al borde de los dos tercios de los votos del Senado para convertir en ley el pago a los holdouts. Eso implicaría al menos 48 votos sobre los 72 miembros que integran la Cámara alta. Una cifra impensada para un oficialismo que cuenta en su interbloque con apenas 16 bancas, cuyas expectativas alimentó con el acompañamiento de otra decena de senadores opo-aliados –FR, PF, GEN y MPN– y que logrará con el voto dividido del FpV-PJ. Finalmente, fracasó el intento de un sector de los senadores del FpV de mantener unida a la bancada con la propuesta de introducir modificaciones a la media sanción de Diputados para, sin oponerse al acuerdo con los holdouts, restringir los riesgos de nuevos litigios judiciales en el exterior. Fisurado en tres posiciones –acuerdistas, negociadores y opositores acérrimos– la propuesta no prosperó.

Los primeros en abrirse camino propio en el bloque de senadores del FpV-PJ fueron sus aliados provinciales que, comandados por radicales, habían acompañado a los gobiernos kirchneristas: los tres representantes misioneros que tributan al Frente Renovador de la Concordia y otros tres senadores santiagueños del Frente Cívico. El ex gobernador de Misiones Maurice Closs, que integra como diputado el FpV-PJ, encabezó el lote de cinco legisladores díscolos que votaron a favor del acuerdo con los fondos buitre en la Cámara baja. Otro ex gobernador, el santiagueño Gerardo Zamora –a quien el FpV convirtió en vicepresidente del Senado– estuvo entre los primeros del bloque opositor en alinearse con el Gobierno en el tema holdouts, como ya lo habían hecho sus diputados votando junto al oficialismo, aunque ahora con bloque propio y separados del FpV.

También hubo gobernadores peronistas que despejaron el camino al oficialismo. El salteño Juan Manuel Urtubey fue uno de los promotores junto a Diego Bossio de la ruptura del bloque del FpV-PJ en Diputados. Una tarea a la que se sumaron el ex mandatario riojano Luis Beder Herrera y sus legisladores. Aun después del rotundo triunfo en la Cámara baja, los operadores del gobierno macrista, con el ministro de Interior, Rogelio Frigerio, a la cabeza, volvieron a la carga para presionar económicamente a los gobernadores peronistas con el objetivo de garantizarse los votos en el Senado. Especialmente, con aquellos que, como el entrerriano Gustavo Bordet, no lograron torcer la voluntad de ninguno de sus diputados.

La estrategia oficialista funcionó. Casi todos los gobernadores peronistas, aun con reparos, cuestionamientos y dudas, se expresaron a favor de cerrar el acuerdo con los fondos buitre cuando concurrieron a una de las audiencias en el Senado. La excepción fue el vicegobernador santacruceño Pablo González que, con el respaldo de su gobernadora Alicia Kirchner, se manifestó en contra y sus senadores redactaron un dictamen propio por el rechazo del acuerdo.

Allí ya se habían pronunciado a favor los PRO puros, como la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal –la primera en aumentar el endeudamiento de su provincia–, y el jefe del Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, que viene con la inercia de la gestión macrista de endeudar la ciudad. De igual manera lo hicieron sus socios radicales: Gerardo Morales (gobernador de Jujuy), Alfredo Cornejo (Mendoza) y Ricardo Colombi (Corrientes). También se encolumnaron con el oficialismo filoaliados massistas como el cordobés Juan Schiaretti y el chubutense Mario Das Neves, así como el neuquino Omar Gutiérrez, del MPN.

La postura de los gobernadores peronistas del FpV-PJ terminó por inclinar la disputa interna del bloque, con mayoría de los 42 senadores a favor del acuerdo con los fondos buitre. Para tratar de evitar la fractura de la bancada, su jefe Miguel Angel Pichetto daría “libertad de acción” a los senadores en la votación del miércoles. Menos de una veintena de ellos –identificados con el kirchnerismo más duro– votaría en contra, pero no lograrían torcer el triunfo macrista.

El senador puntano Adolfo Rodríguez Saá ofreció una cuerda a los senadores del FpV. “El Adolfo” votará a favor del acuerdo a pesar de que su hermano Alberto, gobernador de San Luis, lo rechazó. Sin embargo, presentó un proyecto paralelo para condicionar los futuros endeudamientos del Gobierno y la prórroga de jurisdicción de los mismos (para litigar en tribunales extranjeros) a la aprobación del Congreso. El dictamen lleva la firma de al menos 17 senadores acuerdistas del FpV, que vieron en la propuesta una vía para intentar tomar distancia del oficialismo. El proyecto aun deberá pasar por la Cámara baja, donde los diputados del FpV no acompañarán la propuesta, enfrentados con sus pares del Senado por la estrategia parlamentaria y el acompañamiento al acuerdo con los holdouts.

El principal obstáculo para el triunfo macrista en el Congreso pasa ahora por la Justicia estadounidense (ver más información en página 9). La Cámara de Apelaciones de Nueva York se autoconvocó para el 13 de abril para discutir el reclamo argentino que habilite definitivamente la ruta de pago a los bonistas que entraron a los canjes de 2005 y 2010 y que los fondos buitre bloquearon para presionar por su demanda. La cita es apenas un día antes de que venza el plazo que el Gobierno pactó para pagarles a los buitres. Y la liberación de la ruta de pago es la única condición que la “oposición amigable” le arrancó al oficialismo dentro del acuerdo con los holdouts para acompañar la iniciativa en el Congreso, para tratar de minimizar los riesgos judiciales. En el Gobierno ahora trabajan contrarreloj para acordar otra fecha de pago. Otra promesa macrista que no tiene certificado de garantía.

Fuente: Página 12