“Exprópiese”, habrá dicho Urtubey cuando se enteró del último incidente del Tren a las Nubes. Y así siguió con la estrategia planteada en el verano de realizar un anuncio fuerte y de alto impacto social y mediático por mes para evitar que las miradas se posen en una frágil gestión de gobierno. (Gonzalo Teruel)

La imagen es inolvidable. Camisa rojo furia, colaboradores alrededor, dedo en alto y discurso inequívoco “expropiese”. Era 2010 y Hugo Chávez avanzaba por las calles de Caracas con su proyecto de gobierno asustando y envalentonando al por igual. Nadie pudo pensar entonces que esa lógica estatista llegaría en poco tiempo a Salta con impronta de simulacro. Juan Manuel Urtubey, en los últimos pocos meses tomó un par de determinaciones que sorprendieron a propios y extraños: impulsó el pase libre para estudiantes y jubilados en el transporte público, discontinuó la concesión del  peaje de Aunor en el acceso a Salta, y ahora rescindió el contrato de la operadora del Tren a las Nubes. También anunció mejoras salariales para los empleados públicos, intervino el IPV y negoció acuerdos con las empresas responsables de los servicios públicos. Anuncios de alto impacto social y mediático por mes para evitar que la gente y los periodistas pongan el ojo en esta frágil gestión de gobierno.

En realidad no fue tan así y el gobernador quería que el Tren a las Nubes retomara sus viajes turísticos lo antes posible tras el “descalce” sufrido el sábado por la tarde. El ministro de Turismo, Mariano Ovejero, y otros funcionarios algo más prudentes, en cambio, querían tener seguridad de que estaban dadas las condiciones y que no se avecinaba un siniestro de verdadera gravedad. Los informes aportados por la oficina que atiende los Asuntos Ferroviarios en Salta y por las autoridades del Ferrocarril Belgrano Cargas fueron contundentes: el tren puede salir pero arriba, en las alturas, puede pasar cualquier cosa.

La decisión de Urtubey no se hizo esperar: ordenó a sus funcionarios suspender las salidas del tren -justo cuando llegan miles de visitantes de Buenos Aires y otras provincias- y averiguar en Capital Federal si, de verdad, se van a hacer las obras tantas veces prometidas en las vías del ferrocarril. Inmediatamente, llamó a Ovejero para que diseñe el plan de estatización siguiendo el mecanismo utilizado antes para cesantear a los operadores del Centro de Convenciones. Ahora, con promesa de obras por parte de Nación, la provincia busca expulsar a la compañía Ecotren SA sin costos mayores. Parece poco probable, pese a declarar que busca una salida “de común acuerdo” la empresa ira a la justicia y reclamará una indemnización millonaria.

El mismo gobierno que no pudo hacer cumplir el contrato para que Ecotren haga las inversiones necesarias tendrá que administrar un rubro desconocido desde la patria menemista que desguazó los trenes y hacerlo de manera eficiente. Todo un desafío.

A desalambrar

Hace poco menos de un mes, Urtubey había tomado una determinación parecida a la de Ecotren. Anunció que los vehículos que ingresen a Salta no pagarían el peaje porque se dio por terminada la concesión -del tramo de 39 kilómetros que unen la Capital con General Güemes por Ruta 9- que era administrado por Aunor, compañía del grupo Dycasa.

La de Aunor era una muerte anunciada porque durante los últimos 9 años la empresa no pudo aumentar el valor del peaje por decisión del gobierno. “Siempre supimos que esto iba a pasar, el gobierno quería que la empresa se fuera y por eso no autorizaba que suba el precio”, contó un trabajador del peaje y agregó “siempre pensamos que querían fundir Aunor para darle la concesión a alguna empresa amiga”.

En las mesas de café el rumor siempre fue que la empresa era propiedad del “romerismo” y que el “urtubeicismo” quería quitarle el negocio. El gobernador fue más allá y estatizó Aunor para colocar en lugar de la casilla de peaje una oficina de información turística y para colocar a un amigo como responsable. El inefable Gonzalo Quilodrán fue designado en un cargo que se creó para él: la Unidad Ejecutora de Mantenimiento de las Autopistas. Pese a que la Dirección de Vialidad es, posiblemente, el menos desprolijo de los grandes organismos públicos, Quilo será el responsable del acceso a Salta y otros caminos y manejará no pocos recursos provinciales y los que pudieran llegar de Nación y de organismos financieros internacionales.

Según se informó, la responsabilidad de Quilodrán abarca la Ruta 9 donde funcionaba el peaje, la circunvalación oeste, y las la avenidas Juan Domingo Perón -a San Lorenzo- y Bolivia. Por ahora, se encarga de cortar el pasto de las banquinas, preparar nueva cartelería y poco más. El servicio de emergencia lo cubre el 911, y ya hubo quejas porque los teléfonos de la ruta estaban desactivados, y los auxilios se supone seguirán tercerizados a favor de la empresa SOS.

Un MACRO privatizador

En medio de tanta lógica estatista expresada en el último tiempo, Juan Manuel Urtubey tuvo tiempo para respirar y sostener la más importante de todas las privatizaciones realizadas en la provincia: la del manejo de las finanzas públicas. En apenas un par de semanas, el Poder Ejecutivo cerró un convenio con el Banco Macro y lo hizo validar por la Legislatura prorrogando la elección de la compañía de Jorge Brito como agente financiero oficial de la provincia. El contrato vigente recién vencía dentro de 2 años pero Urtubey y Brito se apuraron en prorrogarlo sin siquiera someterlo a un serio debate público. Tampoco hubo llamado a licitación internacional para que otras entidades bancarias pudieran hacer ofrecimiento alguno y el Macro se quedó, entonces, hasta 2026 con el manejo de financiero de los dineros públicos.

En un esforzado intento por sostener una gestión que cae a pedazos, Juan Manuel Urtubey toma una medida fuerte por mes. Muchas agrandan al Estado con la incorporación de -viejas- nuevas responsabilidades y generan un desafío para el que no parece estar preparado. Un gobierno que tiene más de 200 muertos por año en siniestros viales ahora administrará las autopistas; un gobierno que se negó sistemáticamente a convalidar el boleto estudiantil ahora pagará el viaje de todos los educandos; un gobierno que tiene a los maestros en huelga porque cobran monedas ahora subsidiará a la empresa de energía. ¿Podrá?

La SAETA rubia

Pocos días antes del fallecimiento de la “saeta rubia”, el maravilloso y mítico goleador del Real Madrid, Alfredo Di Stéfano, Urtubey avanzó en una medida sin precedentes en su gobierno: los jubilados y los estudiantes tendrán pase libre en los colectivos del transporte urbano de pasajeros que opera SAETA. Según informó el ministro de Economía, Carlos Parodi, el costo es ínfimo para las cuentas públicas: $40 millones. El costo para SAETA: ninguno. La empresa no cobra por pasajero trasladado sino por kilometro recorrido por los colectivos. La determinación prevista inicialmente para el área metropolitana fue extendida a toda la geografía provincial después que los intendentes y legisladores del interior pusieran el grito en el cielo para que Urtubey no los olvide.

El último que pague la luz

Otra acción rimbombante fue la firma de un convenio con autoridades nacionales para bajar el precio del servicio energético en las boletas domiciliarias. En rigor de verdad, la iniciativa surgió de Cristina Kirchner con el objetivo de aliviar los bolsillos golpeados por la inflación llevando el valor del servicio al vigente en diciembre. Por eso, el gobierno salteño y EDESA informaron que “desde junio, la luz costará un 17% menos”. El costo corre por cuenta de la provincia que ya el 14 de julio transfirió a la empresa $20 millones como parte del Plan de Compensación de Costos. De cumplirse el acuerdo, las transferencias totalizarán $220 millones para que la compañía eléctrica realice obras de infraestructura en Orán, Pichanal y Joaquín V. González. Urtubey no estatizó la empresa como lo hizo con la empresa Aguas de Salta. Eso sí, corre con los gastos para la realización de inversiones necesarias en las redes de baja y alta tensión.

ENJASA de herrero

El año pasado, Urtubey amenazó con dar uno de sus pasos más audaces pero se quedó en amagues. Desmembró ENJASA, la empresa encargada de administrar los juegos de azar en la provincia controlada hasta entonces por Casinos Austria, pero no retomó el control de los millonarios ingresos que genera la timba sino que abrió el juego a otras compañías. “En 2013, tras desplazar a ENJASA, 11 empresas se quedaron con la explotación del juego en Salta. Del total de firmas, a Video Drome le tocó la mejor tajada del negocio. Miguel Ángel Caruso, dueño de esta empresa y MAC GROUP, quedó con el beneficio para alquilar las máquinas a los casinos que más recaudan en Salta, entre ellos el que tiene mayores movimientos: el Golden Dreams, de peatonal Alberdi, que mueve más de $300 mil por día”, informó Cuarto Poder hace un mes.