Sin publicidad, sin controles y con normas burladas, la concesión del Cine 13 de Febrero expone una trama que compromete al Ejecutivo y a un Concejo que decidió mirar para otro lado. La justicia investiga un posible direccionamiento.
El expediente duerme bajo una capa de polvo burocrático, pero late. Tiene vida propia. Respira en las oficinas del municipio de General Güemes, donde la tinta nunca seca del todo y los sellos son un arma, no un trámite. Desde abril de 2024 —cuando el intendente Carlos Rosso adelantó, sin saberlo, el primer movimiento de esta trama— la historia circula como un susurro incómodo, un rumor que nadie quiere escuchar porque compromete.
Lo que se presenta como una “concesión” del Cine 13 de Febrero es, en realidad, la radiografía de un mecanismo más antiguo que el propio edificio: la desviación del patrimonio público hacia los mismos bolsillos privados de siempre.
El procedimiento —si ese nombre aún le queda— empezó con una falta: no hubo publicación oficial del llamado a compulsa. Ni un aviso, ni una línea en los diarios locales, ni siquiera el gesto hipócrita de colgar un cartel en la puerta del municipio. Se invitó por correo electrónico a dos empresas, como quien organiza una reunión secreta y solo convoca a los amigos. Una de ellas ni siquiera se dedica al cine, pero eso nunca fue un impedimento cuando lo importante no es el rubro, sino la obediencia.
El objeto inicial —arreglar un proyector roto— se transformó, por arte de la discrecionalidad, en la concesión total del cine. El salto es tan brusco que obliga a preguntar: ¿cuándo fue que el Estado municipal dejó de administrar bienes públicos para empezar a entregarlos como si fueran dádivas?
Pero la ilegalidad no se agota en el método. Continúa en la impunidad: exenciones de canon e impuestos sin ordenanza, un gasto municipal superior a nueve millones de pesos presentado luego como inversión de la empresa beneficiada, un canon futuro reducido al valor de 500 litros de nafta.
El municipio financia, sostiene, mantiene; la concesionaria cobra. La ley 6659 y la Carta Orgánica Municipal exigen licitación pública, pero aquí se invocaron artículos que nada tienen que ver, como si se eligieran al azar del índice una serie de normas que pudieran justificar lo injustificable. En otros tiempos, a esto se lo llamaba direccionamiento. Hoy apenas se lo nombra. Y lo que no se nombra, en Güemes, no existe.
La Fiscalía de Delitos Económicos Complejos ya tomó el caso. Lo estudia como quien revisa una caja fuerte después de un robo: pieza por pieza, firma por firma. Pero mientras la justicia avanza, el Concejo Deliberante retrocede. No pidió explicaciones, no aprobó la concesión, no controló. En su silencio radica su complicidad. Porque un cine entregado de manera arbitraria no es solo un edificio perdido: es un síntoma.
Un mensaje claro para el ciudadano que insiste en creer que la ley aún lo protege. Cuando las instituciones se corren, cuando los bienes públicos se diluyen en operaciones privadas, lo que se erosiona no es el cemento del 13 de Febrero: es la democracia municipal.
Y lo que se reclama ahora, como entonces, es lo mismo: la verdad completa, sin omisiones ni notas al pie.