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Un Poder Judicial igualitario necesita más mujeres en la Corte

Es el pedido de diferentes organizaciones, juristas, académicas para que la vacante en la Corte Suprema de Justicia sea integrada por una mujer.

Andrea Sztychmasjter

La Constitución de Argentina establece que la Corte Suprema la deben integrar cinco magistrados. Sin embargo, desde 2021, por la renuncia de la jueza Elena Highton de Nolasco, se ha mantenido un puesto vacante. Actualmente la Corte está conformada por cuatro hombres: Presidente. Horacio Rosatti. Vicepresidente. Carlos Rosenkrantz, Ministro. Juan Carlos Maqueda., Ministro. Ricardo Lorenzetti.

Pero el casi nulo acceso de las mujeres en el Poder Judicial que además cada día demuestra la disputa de la gobernanza política argentina, es claramente estructural, machista y desigual. 

Pese a los comentarios que aseguran que el acceso a una mujer, solo una, al máximo tribunal judicial, no tiene que ver con género sino con idoneidad, la resistencia del Ejecutivo a ternar a mujeres en el máximo tribunal viene de la mano con su política de vaciamiento de los programas que buscan la prevención de las violencias machistas y de una ampliación de derechos a todo lo que tenga que ver con los feminismos. Para la gestión actual de gobierno género es mala palabra.

Las opiniones que aseguran que poner a una mujer en la Suprema Corte de Justicia es antojadizo son tan fácilmente abatidas con las estadísticas que maneja el propio Poder Judicial, donde hay mayoría de trabajadoras mujeres y donde existen mujeres juristas con tan amplio currículo, con intachable trayectoria moral que pueden ser postuladas para cubrir la vacante y que solo vendrían a poner un poco de igualdad en la integración de la misma. 

La participación de mujeres en la jerarquía judicial viene históricamente atrasada. De los 111 jueces que ocuparon la Corte Suprema de Justicia desde 1863, solo 3 fueron mujeres: Margarita Argúas, Carmen Argibay y Elena Highton. 161 años de historia, con sólo tres mujeres. 

Voces con argumentos 

La doctora en Derecho y docente de la UBA, Marisa Herrera indicó que el decreto 222 “tuvo una aceptación unánime por parte de la comunidad jurídica” porque “se trataba de receptar reglas claras y a tono con la responsabilidad que implica un cargo como éste, en el marco de un sistema cuasi-vitalicio”.

Y por eso, “entre los requisitos se encuentra la diversidad de género” en virtud del “pluralismo que debe atravesar a las instituciones en clave democrática, muy especialmente, a la Corte Federal”, agregó Herrera.

“¿Cómo es posible erradicar la desigualdad de género para poder alcanzar sociedades realmente igualitarias si las máximas instancias de decisión son integradas en su totalidad por varones, es decir, cuando se silencia y ningunea a la mitad de la población que son mujeres? No se trata (en el caso de la Corte Suprema) de una subrepresentación, sino directamente, de su no representación con lo que ello significa en términos de calidad democrática y de beneficio para la sociedad en su conjunto”, observó la jurista.

Y agregó: “Sentencias emblemáticas de la Corte como el resonado caso FAL, Sisnero o decisiones de política judicial como la creación de la Oficina de Género y la Oficina de la Mujer -por citar algunas- no son casualidad sino causalidad de un Máximo Tribunal integrado por mujeres, con vivencias personales y profesionales muy diferentes a la de los varones que no solo amplían y enriquecen las funciones de la Corte, sino que también las complejiza e interpela a la vez en clave de igualdad de géneros”.

Además de regular el procedimiento para la selección de candidatos, el Decreto 222/03 establece requisitos sustantivos para la definición de los candidatos que el Poder Ejecutivo puede proponer. Estos requisitos se suman a los previstos en el art. 111 de la Constitución Nacional, que exige que el/la candidata: 

  1.  Sea abogado con al menos 8 de ejercicio de la profesión 
  2.  Tener al menos treinta años de edad 
  3.  Tener al menos 6 años de ejercicio de la ciudadanía argentina 

Retroceso histórico 

Durante las presidencias menemistas y tras el juicio político a dos integrantes de la Corte y la renuncia de otros tres para evitar ese proceso, fueron designadas Carmen Argibay y Helena Highton de Nolasco para ocupar dos de los puestos vacantes.

Esta cuota de equidad que se había asegurado en la Corte durante una década sufrió un retroceso en 2014 con el fallecimiento de Argibay y siete años después, con la renuncia de Highton. Desde 2021 el Poder Judicial de Argentina pasó a ser un territorio poblado exclusivamente por magistrados hombres.

Más jueces hombres

A través de un comunicado de la Oficina de Presidencia, el Poder Ejecutivo propuso al juez Ariel Lijo y al académico Manuel Garcia Mansilla como candidatos a la Corte Suprema de Justicia. Cabe destacar que el próximo 29 de diciembre Juan Carlos Maqueda cumpliría 75 año, por lo que, el Máximo Tribunal tendría dos vacantes. 

La postulación de estos hombres generó el repudio de distintas organizaciones del ámbito judicial y académico que reclaman que esas vacantes deben ser ocupadas por mujeres. 

“La igualdad entre hombres y mujeres es una cuestión de Derechos Humanos y es condición indispensable para la consolidación democrática, el desarrollo económico y la paz social”, expresaron en un comunicado desde la Asociación de Mujeres Juezas de Argentina (AMJA). 

Asimismo, agregaron: “Se solicita al Sr. Presidente de la Nación que, en el ejercicio de su atribución conforme el art. 99 inc. 4° de “nombrar los magistrados de la Corte Suprema”, dé pleno cumplimiento a los mandatos constitucionales, convencionales y reglamentarios argentinos que garantizan la igualdad entre varones y mujeres”. 

La Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN) remarcó “la importancia de observar las disposiciones en materia de paridad de género, postulados estos receptados en la normativa nacional y supranacional”. 

Las juezas y jueces federales de la Junta de Tribunales Orales Federales (JUTOF) consideraron que “constituiría un retroceso en los avances del reconocimiento de paridad de género que, habiendo en todo el país juristas mujeres con experiencia, trayectoria y reconocimiento, no se propongan para cubrir las vacantes”

“Exhortamos a que se respete la paridad de género en el marco de las obligaciones convencionales asumidas y en aras de asegurar la representación de más de la mitad de la población del país compuesta por mujeres” indicó la Red Mujeres para la Justicia.

Distintos referentes del ámbito académico como Nancy Cardinaux, Laura Clérico, Raúl Gustavo Ferreyra, Roberto Gargarella, Andrés Gil Domínguez y Marisa Herrera emitieron un comunicado en el que alertaron: “Las nominaciones de dos candidatos varones para cubrir las vacantes en la Corte Suprema de Justicia de la Nación violan la manda de avanzar hacia la igualdad de género en la integración de la justicia de acuerdo con lo que surge del bloque de constitucionalidad/convencionalidad y muy especialmente de la CEDAW (arts. 75 inc. 22 e inc. 23 CN)”. 

“Solicitamos al Poder Ejecutivo Nacional que cumpla la obligación constitucional y convencional (arts. 75 incisos 22 y 23 CN) de nominar candidatas mujeres con compromiso en la inclusión de perspectiva de géneros y la defensa de los derechos humanos para integrar la Corte Suprema de Justicia de la Nación y al Senado que no apruebe ningún acuerdo que no cumpla con las mandas constitucionales”, concluyeron. 

La Red de Profesoras de la Facultad de Derecho de la UBA advirtió: “De concretarse las propuestas realizadas, el Máximo Tribunal pasaría a estar integrado en su totalidad por hombres. Ello, viola el decreto n°222/03 que establece que la conformación del tribunal debe reflejar las diversidades de género, y atenta contra los compromisos internacionales asumidos por el Estado argentino en materia de igualdad y no discriminación en razón del género”. 

“Una Corte sin mujeres es una Corte sin Justicia”, sostuvieron desde el Colectivo Mujeres del Derecho. También, exigieron que las vacantes del Máximo Tribunal se cubran con mujeres “máxime en un país que cuenta con grandes juezas, académicas y expertas jurídicas”.

En sus redes sociales, Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) expresó: “Hoy, las mujeres no están representadas en el máximo organismo del Poder Judicial, conformado hace 3 años por cuatro miembros hombres. En la práctica, significa: deuda para promover la igualdad de género en la justicia y perpetuar el techo de cristal en la justicia”.