La legislatura aprobará un presupuesto de 23 mil millones, $7.220.054.683 por encima de lo gastado en el 2014. El monto incluye 650 millones que el Estado pedirá prestado para obras públicas en un año electoral. Entre las perlitas identificadas, se encuentra que los presos de Villas Las Rosas aportan más al fisco que la minería. (D.A.)

El incremento es importante y supera al de los últimos años. En el año 2011, por ejemplo, el presupuesto aprobado fue de  $7.163.220.461; en el 2012 de $9.697.699.160; en el 2013 de $11.864.567.916 y en el 2014 fue de $15.782.128.826, mientras ahora se aprobará un presupuesto de $23.002.183.509.

Crecimiento que, sin embargo, está atravesado por un común denominador: la enorme dependencia del presupuesto local con respecto a los ingresos que provienen desde nación y un porcentaje de recursos propios de la provincia que no puede superar el límite del 20%. En el presupuesto anterior los ingresos generados por la provincia representaron el 19,7% del total: $3.110.084.094 sobre un monto de $15.782.128.826. Para calcular esos ingresos propios debe sumarse los siguientes ítems: ingresos tributarios provinciales que eran de $2.608.541.741, recursos no tributarios $405.527.729, ventas de bienes y servicios $14.692.666 y rentas de propiedad $5.691.958. Esas son las partidas más importantes que recauda el estado salteño aunque a las mismas también se suman los denominados “recursos propios” que en el 2014 representaron $2.760.000 y la denominada “disminución de inversión financiera” `que el año pasado supuso $72.600.000.

Este año el porcentaje aportado por la provincia no ha variado casi en nada. Del 19,7% del año 2014 pasó al 20,3%: $4.672.120.133 sobre un total de  $23.002.183.509 presupuestados.  Dentro de esos recursos, el de mayor importancia corresponde a los “ingresos tributarios” con un total de $3.967.925. Cifra que representa el 17,25% del presupuesto, un punto más que el año pasado. El motivo de ese punto de más, fue explicado por el propio ministerio de economía que en el mensaje del presupuesto indicó que desde el “comienzo de la gestión se vino aplicando una política tributaria estable, sin incremento de la presión fiscal ni de alícuotas, pero la realidad económica y la situación general del país y en particular las necesidades de la provincia, hicieron imperioso adecuar el sistema tributario provincial mediante el dictado de la Ley Nº 7.808”.

El documento hace alusión a un aspecto episódico y otro estructural. El primero tiene que ver con la ley que, de urgencia, aprobó la Cámara de Diputados en diciembre del 2013 tras la amenaza de paro policial en medio de los saqueos que conmovían al país. Esa vez se acordó un incremento salarial del 50% a los policías que se financio con un incremento del impuesto a las ganancias.

El aspecto estructural tiene que ver con que efectivamente la política impositiva no se modifica. El gobierno se esfuerza, y lo declara, por no tocar la estructura impositiva. Política que termina condenando a los sectores de ingresos estándar a una fuerte presión fiscal, mientras los agentes económicos importantes se ven aliviados en cuanto a obligaciones tributarias se refiere. El análisis de las cifras así lo evidencia. La mayor recaudación 2015 por el rubro “Recursos Tributarios provinciales”, por ejemplo, proviene del impuesto a las Actividades Económicas por el cual se prevé recaudar $3.391.992.531. El segundo rubro en importancia es el del impuesto al sello por el que se recaudará $310.222.967.

Si uno analiza la naturaleza de estos tributarios, descubre que los grandes agentes económicos están exentos de ambos pagos con lo cual una enorme masa de dinero queda sin recaudarse. La exención alcanza al agro, la minería, la industria y el turismo por imperio de las leyes 6.025, 6.064, 7.124 y 7.679. Son esos mismos actores, además, los que están exentos al pago del impuesto a los sellos. Una pregunta se impone: ¿Si los grandes capitales están exentos, quienes son los que efectivizan el pago de esos importantes tributos? La respuesta es fácil de responder: los de siempre. Son los pequeños y medianos comerciantes, los profesionales con algún estudio jurídico, médico o psicológico los que mayoritariamente abonarán los pesos de actividades económicas; mientras los inquilinos de cualquier tipo o los miles de trabajadores precarizados y hasta pasantes de la administración pública que deben firmar un contrato de trabajo, son los que aportarán la gran masa del dinero que el Estado recaudará por el impuesto a los sellos.

En términos porcentuales, cayó la participación del ítem denominado “Venta de bienes y servicios”. Y es que aun cuando durante este  año se previó recaudar $14.692.666 y en el 2015 se prevé recolectar $19.514.773; en el 2014 esos 14 millones representaron el 0,09% mientras los 19 millones del 2015 representan un 0,08% del total presupuestado. La conclusión es que la gestión provincial producirá los mismos o menos bienes y servicios que el año en curso. Bienes que en un gran porcentaje, además, corresponde a los chicos de las escuelas técnicas que venderán bienes por $1.825.000, e incluso de los reclusos de la Villas Las Rosas que el próximo año aportarán un total de $3.585.993. Las últimas cifras dicen mucho. Por ejemplo que entre estudiantes y presidiarios aportarán a la provincia un total de $5.411.593; sólo unos pesos menos de lo que la rentable minería aporta al fisco con $4.000.000 por canon y $1.990.000 por regalías.

Que la minería aporte por regalías casi dos millones de pesos menos que los presos, muestra claramente que tanto la pobreza como el ansia de riquezas y el deseo de ostentación generan delincuencia entre pobres y ricos que, sin embargo, corren con suertes distintas: la cárcel para los primeros y el privilegio y hasta el prestigio para los segundos.

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