Desde Alemania el proceso argentino de memoria y justicia es visto como un modelo para el mundo. Pero se afirma la preocupación ante un nuevo gobierno que, si bien no está en condiciones de detener los juicios, les está retaceando el necesario apoyo estatal para las investigaciones, sobre todo de los responsables civiles, tanto empresariales, como eclesiásticos y judiciales. Los Panama Papers, la prensa cómplice y el dólar futuro.
Con el apoyo de Pan para el Mundo y Diakonía, las dos mayores organizaciones de las iglesias evangélicas de Alemania para el desarrollo social y la justicia global, el Centro Europeo por los Derechos Humanos y Constitucionales organizó aquí un seminario sobre “La Lucha política contra la impunidad por los crímenes de la dictadura argentina”. El director del Centro Europeo, Wolfgang Kaleck, quien intervino en forma activa en la denuncia en Alemania por los crímenes de lesa humanidad cometidos por la empresa Mercedes Benz en Buenos Aires, dijo que el argentino era un caso modelo, y por eso también había invitados de Guatemala, Honduras y Filipinas que podrían beneficiarse de esas lecciones. El viernes esos delegados compartieron talleres con los argentinos, que les transmitieron su experiencia. “La impunidad no es la ausencia de culpa, sino un estado de la sociedad, un estado peligroso porque convivir con la violencia propicia su repetición”, dijo Kaleck. Su introducción fue muy critica del rol desempeñado por la diplomacia alemana durante las dictaduras latinoamericanas, porque privilegiaron los negocios sobre los Derechos Humanos, y también señaló la corresponsabilidad de las grandes empresas, tanto trasnacionales como argentinas en los crímenes de lesa humanidad, cometidos con el propósito de anular al movimiento sindical en sus plantas.
Los asistentes recibieron el saludo de la ex ministra de justicia, Herta Daubler-Gmelin, uno de los pocos funcionarios que en aquellos años mostraron comprensión y solidaridad con el sufrimiento de los perseguidos en tierras americanas. En la apertura se proyectaron conmovedores fragmentos de un documental realizado en Buenos Aires en 1986 y 1987, durante las gigantescas movilizaciones contra las leyes de punto final y obediencia debida, cuyas imágenes hicieron comprensible para un público alemán la centralidad del movimiento argentino por los Derechos Humanos en las luchas que permitieron llegar al actual estado de justicia. Su directora es Jeannine Merapfel, la cineasta argentina que preside la Academia de Bellas Artes de Berlín, la primera mujer en ese cargo que durante siglos parecía privativo de los hombres. “Ahora que hay un nuevo gobierno neoliberal es preciso que se recuerde a quienes salvaron a la Argentina de la amnistía y de la amnesia”, dijo Merapfel. En la marcha de la resistencia de 1986 se escucha a la multitud entonar:
“Traigan al gobierno radical/
para que vea/
que este pueblo no cambia de idea/
no quiere amnistía
ni punto final”
Las imágenes muestran un mar de pañuelos firmados por distintas personas que cubren la Plaza de Mayo mientras se escucha el discurso electrizante de una madre, que repite como una letanía,
“No vamos a olvidar/
No vamos a perdonar.
Esas dos consignas se intercalan con la descripción de las políticas de la dictadura,
“Porque entregaron el país/
Porque se robaron a los niños/
Por lo que le hicieron a los jóvenes en Malvinas.
En el primer panel, moderado por el ex corresponsal en Buenos Aires y actual periodista del diario Suddeutsche Zeitung, Meter Burghardt, la socióloga Marianela Gali expuso sobre su caso, el de una bebita de un año que fue secuestrada y conducida a la ESMA junto con su padre y su abuela alemana, que no reaparecerían. Su padre era el oficial de la armada Mario Galli, compañero en la promoción 100 de Alfredo Astiz y otros notorios represores, quien luego de los fusilamientos en la base de Trelew en agosto de 1972 comenzó a cuestionar el rol de las Fuerzas Armadas como represoras del pueblo; participó tres meses después en el alzamiento de la ESMA en apoyo del regreso de Juan Perón a la Argentina y hasta su secuestro pasó a integrar Montoneros. Aunque nació en 1976, Marianela parece una criatura luminosa de veinte años, que pese a toda la tragedia irradia intensidad y alegría. Luego de casi una década en el exilio español, donde intervino en la creación de HIJOS y asistió al juicio contra Adolfo Scilingo, volvió para “hacer justicia por mi familia”, dando testimonio en el juicio por la ESMA, en el que ya logró la condena de uno de los más altos cuadros de la Armada de entonces, el vicealmirante Manuel Jacinto García Tallada. También participó en una recopilación de textos y fotografías de Galli, que tituló Compañero Camarada. En un ejemplar escribe una dedicatoria: “Los compañeros camaradas de mi padre también son mis compañeros”. No es una hipérbole. Además de su historia de vida, Marianela también habla de la investigación en la que intervino sobre la responsabilidad empresarial en los crímenes de la dictadura, realizada por un equipo de más de veinte especialistas del CELS, de Flacso, de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y del programa Verdad y Justicia del ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Galli fue la primera panelista en alertar sobre el desmantelamiento de los equipos que desde los ministerios de Seguridad, de Justicia y de Interior y desde el Banco Central investigaban documentos y realizaban entrevistas que aportaran al proceso de justicia, enfocado ahora en los cómplices civiles. Una de sus consecuencias, dijo, fue la primera condena a un empresario, Marcos Levin, a 12 años de cárcel.
Como representante de la nueva generación de jueces y autor de las más profundas investigaciones en las causas que instruye por los crímenes cometidos bajo la jurisdicción del Cuerpo de Ejército Institución, Daniel Rafecas sabe cómo hablar ante una audiencia alemana. Autor de libros sobre el Holocausto y sobre el Genocidio Armenio que lo precedió en dos décadas recuerda los años en los que la Argentina fue un paraíso de la impunidad para criminales de guerra nazis, ustachas croatas, fascistas italianos y colonialistas franceses. Al describir cómo se fue desmoronando el muro de la impunidad, recordó los juicios en Alemania, Francia, Italia y España y la nulidad de las leyes de punto final y obediencia debida dispuesta por la justicia de primera instancia en 2001 en la causa del torturador conocido como Turco Julián, y confirmada cuatro años después por la Corte Suprema de Justicia, que el presidente Néstor Kirchner había integrado con juristas independientes y prestigiosos. Hoy ninguna fuerza política cuestiona la realización de esos juicios. “Cuando se produjo el golpe yo tenía 10 años. Esto le da a los jueces y fiscales de mi edad una distancia emocional importante para el trabajo artesanal de reconstrucción que hacemos de aquellos hechos criminales”. Su juzgado reconstruyó el calvario y la muerte de la joven alemana Elisabeth Kässemann, trasladada desde el Vesubio hasta una vivienda donde la fusilaron junto con otros 16 detenidos desaparecidos. Gracias a ello hay ya más de 15 condenados. Hace dos meses la declaración de un conscripto que ahora tiene 50 años, permitió la identificación y detención de otros cuatro participantes directos en el asesinato. Rafecas también se refirió a las dificultades probatorias de la complicidad empresarial y explicó que el golpe fue un medio para una brutal transferencia de recursos en el menor lapso, de los más humildes a los más poderosos. El moderador Burghardt acotó que la familia presidencial pasó de 7 a 47 empresas durante la dictadura y que su deuda externa fue estatizada. “A los militares ya los entregaron, nadie los defiende. Pero el intento es impedir que los juicios avancen contra sus mandantes empresariales, como Carlos Blaquier, liberado por una decisión escandalosa de la Cámara de Casación Penal.
Rodolfo Yanzón, quien integró la Coalición alemana contra la impunidad en la Argentina, creada a instancias de Adolfo Pérez Esquivel como respuesta al punto final y la obediencia debida, recordó como punto de inflexión la marcha del 24 de marzo de 1996, bajo los efectos de la confesión de Scilingo, y considera que los logros obtenidos a partir de 2003 son consecuencia de todas las luchas previas. Yanzón mencionó el editorial con que el diario La Nación saludó la victoria electoral de la Alianza Cambiemos, reclamando la interrupción de los procesos a los que identificó con una venganza, pero también la fortísima reacción social, que incluyó a los propios trabajadores del matutino y obligó al presidente Maurizio Macrì a comprometerse con la continuidad de los juicios. “Poco podrán hacer para impedirlo, por el nivel alcanzado por la conciencia social. Los organismos defensores de los Derechos Humanos lograron que sus objetivos fueran asumidos por el conjunto social.”
El pastor Kuno Hauck fue uno de los fundadores de la Coalición contra la Impunidad, creada en 1997 a instancias de Adolfo Pérez Esquivel, quien propuso replicar el caso de España. Las dificultades fueron enormes. En la Argentina había muchos alemanes judíos en el exilio, pero el tribunal de Nuremberg no los reconocía como alemanes para querellar. Aún faltaba conciencia histórica de la responsabilidad alemana. “Con nuestra actividad conseguimos mostrar que Elisabeth Kässemann pudo ser salvada por el gobierno alemán si hubiera presionado como lo hicieron con dos compañeras que estuvieron detenidas con ellas los de Estados Unidos, y Gran Bretaña. La embajada tuvo incluso a un militar infiltrado a cargo de tratar con los familiares de las víctimas alemanas, ese mayor Peirano cuya existencia la embajada negaba, fue encontrado por Página/12, juzgado y condenado. Pero nos hemos enterado que este año ha salido con arresto domiciliario, lo cual nos indigna”. Agregó que el canciller Hans-Dietrich Genscher y el primer ministro Helmut Schmidt prefirieron hacer buenos negocios. El padre de Elisabeth Kässemann dijo que para ellos Mercedes Benz valía más que la vida de su hija. “Incluso ocultaron su muerte hasta que no terminara un partido de fútbol que jugaron Argentina y Alemania, para no poner en peligro las relaciones”. El pastor Hauck también se refirió en forma muy crítica al rey de Holanda, Guillermo de Orange. Durante una entrevista concedida durante una reciente visita a Alemania, el esposo de la Reina Máxima se refirió en forma jocosa a sus hijas, Amalia, Alejandra y Ariadna como “mi Triple A”, lo cual es de muy mal gusto en el yerno de un alto funcionario de la dictadura.
En el segundo panel, moderado por el periodista Bernd Pickert, del diario cooperativo Taz, Gabriel Pereira, director adjunto de la organización Andhes (abogad@s del noroeste de derechos humanos y estudios sociales) introdujo la problemática de las provincias, distinta de la nacional. Los jueces provienen de sectores sociales entrelazados con el poder tradicional, de modo que en Tucumán la condescendencia con la dictadura no tiene el mismo costo social que en Buenos Aires. El principal diario, La Gaceta, se permitió entrevistar al hijo del ex dictador Bussi en la edición especial por el 40º aniversario del golpe. La socióloga Maristella Svampa dijo que su apoyo a las políticas de derechos humanos que impulsaron los gobiernos de Néstor Kirchner y CFK, consecuencia de una acumulación de luchas previas, no borraba otra agenda de derechos humanos que el progresismo selectivo de los Kirchner no miró. En esa nueva agenda enumeró el extractivismo minero y petrolero y los agronegocios que corrieron la frontera, de modo que la soja expulsara población de sus territorios históricos, para una forma de producción dependiente de las exportaciones a China, en una relación asimétrica como la que en el pasado hubo con el imperio británico, de exportación de materias primas e importación de productos industriales con alto contenido de conocimiento. También fustigó las cláusulas secretas en los contratos con Chevron que impiden conocer en qué condiciones se producirá el fracking y en los acuerdos con China, que ni siquiera permiten saber si contienen algún componente militar. Ahora, además, vivimos un giro a la derecha, con un gobierno que describió como “neoempresarial y antisocial, que en pocos meses está produciendo una devastación”, pero hizo hincapié en el aporte del Estado que, en los últimos 15 o 20 años ha incrementado la criminalización y la violencia. “Creo que se va a consolidar el modelo extractivista que impulsó el kirchnerismo, por lo que habrá más violencia y despojo de derechos sociales, con inquietantes grupos represivos de elite que se han creado en las provincias”.
El moderador quiso saber sobre la relación de los organismos de Derechos Humanos con el kirchnerismo y le preguntó a Pereira si no le molestaba que el peronismo hubiera firmado la convocatoria al acto del 24 de marzo en Tucumán. “Nunca estuvimos pegados al gobierno, porque en Tucumán no existió el kirchnerismo, sino las elites de siempre. No hubo kirchnerismo que nos cooptara. Pero el documento y la convocatoria del 24 son nuestros y si hubo peronistas que firmaron lo sentimos como un logro”. Svampa estuvo de acuerdo. Agregó que algunos intelectuales sostienen que las situaciones de violencia tienen que ver con las provincias y no son responsabilidad del gobierno nacional, lo cual es discutible. Desde el público, alguien dijo que el Plan Agropecuario, que agravará la actual situación, no es provincial sino del gobierno nacional.
Wolfgang Kaleck reseñó los cambios en los movimientos europeo y estadounidense de Derechos Humanos, “que eran solidarios pero paternalistas, sin conciencia de sus privilegios en el capitalismo globalizado. Esto está cambiando y nuestro rol actual es cambiar las estructuras del mundo para construir una justicia social global”.
El nuevo embajador argentino Luis María Kreckler envió a la joven secretaria María Emilia Pelacchi, quien lo disculpó por no asistir, dado que está viajando por el país, donde acaba de ser designado, en preparación de la visita de Maurizio Macrì en julio, y se puso a disposición de los invitados por cualquier cosa que pudieran necesitar. También había una nutrida delegación de argentinos residentes en Alemania, que repudian esa visita y reclaman al diario Suddeutsche Zeitung que informe cuándo recibió la información sobre las empresas offshore del presidente y su familia, con la clara sospecha de que fue antes de la segunda vuelta electoral.
Fuente: Página 12
