A seis años de la denuncia de Alberto Nisman sobre el Memorándum de Entendimiento con Irán, la instancia judicial está quieta.
Los testigos claves son el extitular de Interpol Ronald Noble y el ex responsable legal de Interpol, Joël Sollier, porque son los que vienen diciendo desde siempre que la denuncia de Nisman era falsa y que ni el entonces canciller, Héctor Timerman ni la expresidenta Cristina Fernández intentaron beneficiar a los sospechosos del atentado contra la AMIA. Pero no había autorización de Interpol para que declaren. Ahora, con fecha 16 de diciembre, se le pidió a organismo que permita la declaración de ambos.
En otra causa, denunciadores vinculados al PRO acusaron a Noble de encubrir al gobierno kirchnerista. Lo buscan por un lado y lo acusan por el otro. El juez a cargo ordenó designarle un defensor oficial al exfuncionario de Interpol, pero el defensor oficial en turno se negó a asumir esa defensa porque nadie le consultó a Noble. Este teléfono descompuesto extiende al infinito uno de los expedientes que más evidencia cómo se usa a la justicia para la persecución política.
En sus últimos días de vida, Nisman se despachó con la denuncia del Memorándum sosteniendo que fue un tratado destinado a favorecer a los sospechosos iraníes. El punto central de la imputación era que, al firmar el acuerdo, a comienzos de 2013, el gobierno argentino había gestionado el levantamiento de las órdenes de captura con alertas rojas de Interpol emitidas contra los funcionarios de Irán sospechados de tener relación con el atentado.
Lo cierto es que cuando Nisman presentó la denuncia, habían transcurrido dos años de la firma del Memorándum y las órdenes de captura nunca se levantaron. De hecho, siguen vigentes hasta hoy. En todo momento, Noble sostuvo desde Dubai, donde vive, que la denuncia de Nisman era falsa.
De la mano de Claudio Bonadio, junto a dos denunciadores tradicionales vinculados al PRO y de dos familiares de las víctimas del atentado, ambos relacionados con la dirigencia de la DAIA, Comodoro Py siguió avanzando con el insólito expediente.
La causa se elevó a juicio hace ya dos años ya con la DAIA como querellante oficial, pero todos los protagonistas saben que el testimonio de Noble y Sollier arrasaría con la acusación, porque ellos fueron los responsables del manejo de las órdenes de captura y ya dijeron que nunca se levantaron ni se gestionó levantarlas.
Para contrarrestar el testimonio de los ex hombres de Interpol, los denunciadores del PRO acusaron a Noble por encubrimiento, sosteniendo que alentó el Memorándum. Tanto Argentina como Irán son miembros de Interpol y el estatuto indica que el secretario general debe resolver los conflictos desatados entre sus miembros. O sea que, buscar un acuerdo no sólo no era delito, sino que era su obligación.
En ese expediente que, por tramitó Bonadio y luego de su fallecimiento continuó Marcelo Martínez de Giorgi, se sobreseyó a Noble, pero los querellantes apelaron. Entonces el juez ordenó que se designara un defensor que represente al exsecretario general de Interpol. El sorteado, Juan Manuel Hermida, rechazó defenderlo porque sostuvo que Noble no fue consultado ni eligió a alguien de su confianza.
Mientras tanto, el Tribunal Oral número 8 recién la semana pasada gestionó oficialmente la declaración de Noble y Sollier, con un escrito, vía Cancillería a Interpol. Todo hace pensar que la central mundial de policías no va a permitir ese testimonio porque, por un lado, quieren que declare y por el otro lado lo acusan de un delito. Noble cuenta con inmunidad diplomática otorgada por el Congreso al adherirse a Interpol.
El defensor de Carlos Zannini, Mariano Fragueiro Frias, puso el énfasis en que los exfuncionarios de Interpol tienen inmunidad, como en el caso del personal diplomático, entonces quien debe instruir la causa es la Corte Suprema de Justicia y el proceso hasta el momento es nulo. Teniendo en cuenta también que si se le pretende poner un defensor a alguien con inmunidad significa que está imputado y eso sólo es facultad de la Corte.
Lo cierto de todo esto es que el expediente del Memorándum se basa únicamente en la persecución política, no hay delito alguno, como señaló en su momento el juez Daniel Rafecas, porque el tratado con Irán ni siquiera entró en vigencia. Tanto Washington como Cambiemos apuestan a empantanar todo porque pretenden seguir utilizando el expediente del Memorándum y el de la muerte de Nisman contra Irán y en la Argentina contra quien no se alinea contra el neoliberalismo.
Si declaran Noble y Sollier, naufraga la causa porque no hay a quien condenar. El objetivo de Comodoro Py es distraer y poner palos en la rueda, por el tiempo que se pueda.
