Un poquito caminando y otro poquitito a pie, comunidades originarias del norte salteño piensan llegar hasta la Capital para reclamar que de una vez por todas se cumplan las promesas que les hicieron.

Según pudo saber Cuarto Poder, la laica peregrinación busca partir el próximo martes desde Tartagal y en el camino se nutrirá con originarios de Coronel Juan Solá y de Embarcación entre otras localidades de los departamentos San Martín y Rivadavia.

Modesto Rojas, cacique de la Comunidad Kilómetro 5 Fwolit, explicó que la caminata busca visibilizar a las siempre olvidadas comunidades originarias y, sobre todo, sacudir la conciencia de los funcionarios acomodados en el Centro Cívico Grand Bourg. “Todo el gobierno provincial hizo un compromiso que no cumple” acusó en comunicación telefónica con este medio.

El compromiso al que hizo referencia el cacique se formalizó en el mes de mayo cuando el ministro de Asuntos Indígenas y Desarrollo Comunitario, Luis Gómez Almaras, y otros funcionarios dieron a conocer a los referentes de diversos pueblos indígenas “el plan de acción que desarrollarán desde las respectivas áreas para el abordaje integral e intercultural de las distintas problemáticas sociales que se presentan en las comunidades originarias”.

Entonces se comprometieron a trabajar “en coordinación con las áreas de Salud Pública, Derechos Humanos y Justicia y el IPPIS en el abordaje integral e intercultural de las problemáticas sociales que se manifiesten comunidades de pueblos originarios”. Pero a juicio de las comunidades, por ahora, eso fue sólo palabrerío. Y frente a nuevas muertes de niños malnutridos y a la creciente violencia en la zona norte decidieron movilizarse hasta el centro de la provincia y exigir respuestas.

“Lo que más nos preocupa son los violentos desalojos de comunidades” advirtió el cacique Rojas y comentó que “se dicen dueños pero no tienen papeles, igual vienen y ponen alambrados en nuestras tierras y eso no es lo justo”. En efecto, en las últimas semanas una nueva disputa por tierras en Embarcación entre comunidades originarias y productores agropecuarios expuso la inacción de varios funcionarios políticos y judiciales.

Peor aún, la reunión entre los ministros Gómez Almaras, Pamela Calletti de Justicia, Javier Montero de la Producción, y Carlos Oliver de Seguridad con representantes del sector productivo que denuncian a una comunidad por la usurpación de la finca del empresario Humberto Bourlon encendieron las alarmas entre los pueblos originarios. “Vamos a denunciar a los líderes del Instituto Provincial de los Pueblos Indígenas de Salta porque nunca se preocupan de las comunidades y sólo están preocupados por su propio beneficio” dijo Rojas y aseguró que Miguel Siares y los demás referentes del IPPIS “no están cuando hay un desalojo”.

La larga marcha demorará no menos de 10 días hasta llegar a Salta. “Nos siguen expulsando de nuestras tierras y nuestros niños se siguen muriendo” denunciará. Alguien habrá de escucharlos.