En estos momentos está prestando declaración en la Ciudad Judicial Raymundo Sosa, el abogado de J.C. Romero. Fue citado por un juez que lo señala como uno de los integrantes de la asociación que durante la gestión Romero se dedicó a negociar con tierras del estado.
Sosa no sólo es el representante letrado del ex gobernador, también estuvo señalado en distintas causas por violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura por su vínculo con quién fuera juez federal durante esos años: Ricardo Lona. Sin embargo, la presencia de Sosa en el día de hoy en la Ciudad Judicial tiene que ver con que se lo acusa de los delitos de fraude a la administración pública y asociación ilícita y que surge de la relación que tuvo con el ex gobernador y distintos hechos entre el cual se destaca las operaciones de compra y venta de tierras por parte del estado provincial.
Uno de esas operaciones tiene que ver con el predio conocido como la Ex Boroquímica Baradero S.A., ubicada en el sur de la ciudad, al lado de los barrios Bancario y San Carlos. La operación se desarrolló hace más de veinte años. Allí funcionaba una planta destiladora de bórax Industrias Químicas Baradero S.A. que dejó de funcionar debido a las denuncias efectuadas por los vecinos, quienes sostenían que eran diversos los problemas de salud que la contaminación provocaba. El retiro de la misma no privó a la zona de un insalubre regalo para la comunidad: 30.000 metros cuadrados con desechos tóxicos y un extraño negociado.
Con respecto a lo último, la empresa Baradero S.A retiró la planta en 1993 y seis años después el cuestionado abogado Raymundo Sosa compró el terreno al módico precio de 160.000 mil dólares. Un año después el mismo letrado cerró un negocio redondo: vendió el terreno contaminado a 580.000 mil dólares. La compra fue realizada por el Estado Provincial bajo la administración de Juan Carlos Romero, quien a través del Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda adquirió los terrenos. Según la documentación que posee el juez Diez que citó a Raymundo Sosa, éste compró en 160.000 dólares las cuatro hectáreas en cuestión el 8 de julio de 1.999 a Carlos Alberto Elías (entonces presidente de Industrias Químicas Baradero S.A.). En un lapso menor a dos meses, Sosa ofreció en venta dicho terreno al estado provincial, más precisamente al Instituto Provincial de la Vivienda, en ese entonces a cargo de Julio César Palombini. El negociado se concretó el 27 de diciembre del 2000, cuando por medio de la resolución 869 del gobierno de la provincia, se autorizó pagar la suma de 580 mil pesos por el terreno ofrecido por Sosa. Esto significó para el abogado del ex gobernador una ganancia de 420.000 pesos, o sea casi tres veces el dinero invertido.
Daños ambientales
El negociado no ahorró a los vecinos inconvenientes ambientales. En un informe publicado por este medio en julio del 2013, Santiago Gordillo reseñó que una vez que el predio pasó a manos del Estado tampoco se llevaron adelante políticas de saneamiento ambiental rigurosas. De allí que durante los años 1997 y 2000 los distintos estudios realizados entre la Dirección de Medio Ambiente, la Municipalidad de Salta, la Secretaría de Minería y el Laboratorio Central del Instituto de Tecnología Agropecuaria (INTA) dieran a conocer que en el lugar existe una alta concentración de boro soluble que esta por fuera de los límites permitidos en el suelo cuya principal característica es la permeabilidad. Esa es la razón por la cual esas tierras se han vuelto no aptas para la vida vegetal y mucho menos para la vida humana.
Un informe del Instituto de Ecología y Ambiente Humano de la Universidad Nacional de Salta explica el porqué de esta situación: el boro es un micronutriente esencial para el normal crecimiento de las plantas en concentraciones bajas (0.2 mg), pero sobrepasado ese límite es letal para el mundo vegetal y tanto en el organismo humano como animal puede resultar perjudicial para la salud.
El INTA, por su parte, comunicó en un informe un aumento considerable de boro soluble en el intervalo de los primeros 130 cm de profundidad. No sólo eso, también detallaba que en el lugar objeto de esta nota y a medida que el suelo seguía contaminándose, el boro iba a continuar dispersándose ya que se incorporaba y se filtraba en las napas de aguas a través de las lluvias. Conviene recordar que el informe en cuestión fue realizado en el año 2000 y se reafirmó en el 2001.
Diez años después, es fácil imaginarse la situación de las napas de aguas. Al respecto, otro informe puede dar cuenta de esa situación. En el año 2008 la Provincia se responsabilizó en sanear las tierras a través de la Dirección de Saneamiento Hídrico dependiente de la Secretaría de Recursos Hídricos y en informes realizados a través de muestreos de agua dieron a conocer lo que se preveía: que la contaminación de las napas con boro se había dispersado de ese punto de la ciudad y ya alcanzaba a la zona sudeste perjudicando a barrios cercanos al Estadio Martearena.