El militar Martín Rodríguez – alias el “Toro” en la dictadura – está en huelga de hambre porque le niegan prisión domiciliaria. El torturador que devino en profesor de la Universidad Católica de Salta cumple prisión por robar propiedades a prisioneros que él torturaba y el asesinato de un diputado en los 70.
Hoy se cumplen 23 días desde que el militar inició una huelga de hambre en la cárcel Federal de General Güemes. «Estoy jugado y no me importa morir en la cárcel, pese al dolor de mi familia y mis amigos, pero he tomado esta decisión «, expresó a El Tribuno desde el pabellón donde está alojado desde 2012. Rodríguez, quien tras retirarse del Ejército se afincó en Salta junto a su familia, se desempeñó por varios años como profesor de ciencias políticas en la Universidad Católica de Salta.
Sin embargo, el perfil de buen profesor esconde un pasado muy oscuro: durante la dictadura, como capitán del Ejército, Rodríguez interrogaba a secuestrados en Campo de Mayo. Una investigación de Pablo Llonto, abogado de los hijos del ex diputado Diego Muniz Barreto, permitió identificarlo. “Su nombre de guerra era Toro, pertenecía a uno de los grupos de tareas más temidos”, contó el ex sargento Víctor Ibáñez años atrás. “Terminó procesado por un asunto de robos de autos. Entre sesión y sesión de tortura les hacía firmar a los prisioneros un formulario de transferencia para quedarse con los vehículos”, recordó el ex guardia de El Campito.
La segunda pieza la aportó Juan José Fernández, secuestrado junto a Muniz Barreto en febrero de 1977. Ambos pasaron por las manos de Luis Patti y luego fueron trasladados a El Campito. El 6 de marzo, adormecidos, fueron arrojados al fondo de un arroyo en el interior de un Fiat 128. Fernández sobrevivió y, antes de exiliarse, declaró ante un escribano. Dejó constancia de un diálogo telefónico que escuchó en cautiverio:
–Habla el capitán Rodríguez, comuníqueme con el coronel Sambrano –grabó en su mente.
Luego el capitán transmitió información arrancada bajo torturas. Con esos datos, Llonto preguntó al Ejército cuántos capitanes Rodríguez había en Campo de Mayo en 1977. Respuesta: uno. Citado a declarar, Ibáñez no dudó al ver la foto del represor. “Era el más salvaje”, agregó.
Rodríguez nació el 14 de marzo de 1946 en Posadas, Misiones. Cuando se produjo el golpe de Estado era teniente primero. En diciembre de 1976 ascendió a capitán, grado que anteponía a su apellido y que permitió identificarlo. En 1976 y 1977 alternó destinos entre la Escuela de Servicios General Lemos y el Comando de Institutos Militares. Sus calificaciones a fines de 1977 demuestran que tenía un óptimo concepto por parte de sus superiores. “Un brillante oficial que prestigia al instituto”, escribió el coronel Eugenio Guañabens Perelló, que haced años afrontó un juicio por crímenes de lesa humanidad.
En el año 2010 y tras media vida de impunidad fue detenido. Curiosamente en ese entonces ya llevaba varios de años de decorosa vida en nuestra provincia. Es que tras el retiro se recibió de licenciado en Ciencia Política en la Universidad Kennedy y se radicó en Salta. Fue entrenador de rugby del Jockey Club y dirigió la carrera de Relaciones Internacionales en la Universidad Católica, que encabeza el arzobispo Mario Antonio Cargnello.
El día que fue detenido una grito se sintió en los tribunales de Capital Federal: “No vas a tener perdón”. El grito era de Juana Muniz Barreto, hija del diputado asesinado por Rodríguez cuando la mujer tenía quince años. Esa vez Juana declaró a Página 12 lo siguiente: “El corazón me latía fuerte. Ahora siento paz: la satisfacción de haber logrado algo por lo que venimos batallando hace tiempo, la tranquilidad de saber que ya no está entre nosotros como un profesor respetable. Siento haber cumplido con mi deber de hija. Pensé todo el tiempo en mi papá, en lo feliz y agradecida de haberlo tenido quince años, en el orgullo que siento por su valentía, y estoy segura de que él estaría orgulloso de su hija”, confesó. “También pensé en mis hijos: éste es el mejor legado que puedo dejarles”, concluyó.
Rodríguez fue condenado en el año 2011 a perpetua junto al comisario Luis Abelardo Patti y al general Reynaldo Benito Bignone. Por cuestiones familiares, en 2012 fue trasladado a la cárcel federal de Jujuy y luego a la de General Güemes donde ahora protagoniza una huelga de hambre por la negativa de la Justicia bonaerense a otorgarle la prisión domiciliaria por razones de salud y edad que según aseguró a El Tribuno es por tiempo indeterminado.