Rechazaron el estudio de impacto ambiental de la planta que intenta instalarse en El Galpón. Un fiscal pidió que se llame a una audiencia pública revisora. Festejo de los vecinos que mantienen el tranquerazo. El fiscal que se animó a decir que el estudio no cumple los requisitos de la ley fue Alejandro Saravia. DOM
El fallo del Cuerpo de Investigaciones Fiscales significa un duro golpe para las pretensiones expansionistas de la empresa Nitratos Austin Powders; pero sobre todo para el gobierno provincial pues deja en evidencia la complicidad de los funcionarios en las irregularidades que hicieron posible el avance de las obras: los estudios de impacto ambiental aprobados no cumplen, siquiera, requisitos básicos de los protocolos establecidos para una industria de estas características.
Los que festejan, con recaudos, son los vecinos de El Galpón, que estuvieron a punto de ser desalojados hace unos días y que el lunes pasado participaron, junto a los docentes, de la multitudinaria marcha por las calles céntricas.
El fallo
El fiscal Alejandro Saravia fue el que se animó a decir que el estudio de impacto ambiental no cumple con los requisitos establecidos por el Art. 44 de la Ley 7070 en cuanto a contenidos, al no tener análisis de alternativas a la iniciativa y plan financiero.“Garantiza dicha ley, además, con los pasos que prevé en los arts. 49 y 50, el acceso a procedimientos adecuados para informar al público, obtener la intervención oportuna de la sociedad civil en general, y de los sectores interesados en particular, en el proceso de planificación, toma, aplicación y control de las decisiones estatales”, se puede leer en el fallo de Saravia.
El fiscal no tomó esta decisión por capricho. Se apoyó en un profundo estudio del Departamento Técnico-Científico del Cuerpo de Investigaciones Fiscales. Ese estudio indica que en el informe aprobado en un primer momento, al no contar con la ingeniería de detalle, “solo es posible realizar la identificación de los impactos pero no su correcta valoración por lo tanto se evidencia que no se identifican como impactos significativos los esperados según las referencias europeas para la Industria Química Inorgánica de gran volumen de producción, tampoco permite determinar si se aplica alguna técnica para optimizar la eficiencia de la planta, y mitigar los consumos energéticos”.
Es el mismo CIF el que pide una reevaluación del informe aprobado en un primer momento. “Por tratarse de una industria de alto impacto ambiental y alto índice de riesgo se hace menester proceder a una reevaluación del estudio de impacto ambiental con la ingeniería de detalle”, sentencia el CIF, cuyo análisis permite que Saravia diga que ha quedado “meridianamente claro” que existen cuestiones procedimentales no resueltas por la Administración competente y cuestiones técnicas no solventadas satisfactoriamente por los consultores ambientales contratados por la empresa frente al difuso de interesados, “todo lo cual torna aconsejable profundizar el procedimiento evaluativo previo”.
Lo que dice el CIF y el fallo es algo que muchos vecinos vienen sosteniendo desde hace más de un año. Por ejemplo, Cuarto Poder se hizo eco de las palabras de Luis Caro, Ingeniero presidente de ASODELCO, quien en Octubre de 2012 ya declaró que “Ese estudio de impacto ambiental que ayuda a la instalación de la planta de nitrato de amonio de Austin es totalmente nulo, es nulo de manera absoluta”.
La bronca no se ha disipado ni un ápice: “Yo he visto el estudio de impacto ambiental es realmente vergonzoso, es vergonzoso lo que se ha hecho, se ha querido justificar las emanaciones de gases, los efluentes líquidos que salen, los efluentes industriales que van a parar al río y que realmente no tienen un tratamiento adecuado antes de su volcado. Lógicamente eso va a contaminar en los cursos de agua y también va a contaminar la atmósfera ¿no? y a parte está latente y en peligro de explosión como se trata el explosivo también”, dijo Caro.
Nueva audiencia
El fiscal Saravia convoca a una audiencia pública revisora haciendo hincapié en que la notoria falta de transparencia en los estudios ambientales también ha disparado las sospechas (y por ende las protestas) de los vecinos. En el fallo se enfatiza que una nueva audiencia ayudaría a sobreponerse a la reacción instintiva de rechazo por parte de grupos sociales ante la instalación, en su entorno directo, de proyectos que suponen un riesgo medioambiental, para sus vidas o para su contexto (se llama el síndrome o efecto N.I.M.B.Y., que es el acrónimo de la expresión inglesa not in my back yard: “no en mi patio trasero”).
“A diferencia de lo que puede suceder en una consulta pública, referéndum o plebiscito donde participa todo el cuerpo electoral por su sola calidad de electores, la etapa informativa, comunicativa y participativa del EIAS pretende convertir aquellos casos de dudas u oposición social basadas en el desconocimiento o temor -fundado o infundado- en una decisión socialmente útil, aceptando o rechazando”, enfatiza.
Desde luego, el mayor temor de los funcionarios y empresarios de Austin es que un verdadero estudio sólo haga realidad los fundamentados temores de los vecinos de El Galpón.