La absolución de Belén, la joven detenida y condenada injustamente en Tucumán por un aborto espontáneo, deja al descubierto los contrastes de una provincia donde se disputan poder los sectores ultraconservadores y el feminismo organizado como las Socorristas en Red.
Estas fuerzas en pugna revelan a Tucumán, El Jardín de la República, como un laboratorio que da cuenta de lo que está pasando en el resto del país. Un escenario donde la iglesia sigue aferrada a su poder tradicional con un gobierno que la avala, mientras el movimiento de mujeres llena plazas masivamente con el aval de miles de personas que se sienten convocadas por sus reclamos.
Por Celina De la Rosa y Valería Totongi
desde Tucumán
“La felicidad que siento no borra otros sentimientos. Tengo bronca e incertidumbre. Me jodieron la vida, porque… ¿quién me devuelve esos tres años? He perdido la posibilidad de mantenerme sola. Es horrible depender de otros. A ellos (los jueces) no les importa si trabajo o si tengo para comer”. Belén fue encarcelada casi 900 días, sin pruebas, acusada falsamente de homicidio y liberada finalmente por la lucha de las mujeres, pese a que desde diferentes sectores conservadores intentaron invisibilizar el caso. En su historia se suman todas las violencias del Estado sobre el cuerpo de una mujer, y en sus sentimientos encontrados se resumen también las contradicciones que definen a Tucumán casi desde sus orígenes.
El caso de Belén generó la unión de muchas luchas sociales, feministas y por los derechos de las mujeres, que venían recorriendo sus caminos en Tucumán. Juntas se potenciaron para intervenir en la realidad, sostiene Soledad Deza, la abogada que se puso al hombro la defensa de Belén, cuando ya llevaba dos años en la cárcel de la Banda del Río Salí. “Al momento que se conoció la historia de cómo había sido encarcelada, se puso al descubierto un nivel de injusticia muy profundo contra las mujeres, contra sus decisiones y sus problemáticas. La lucha para liberarla fue un punto de inflexión donde muchas cosmovisiones diferentes pudieron encontrarse. Así, la amalgama feminista fue completa.”
La joven tucumana había entrado el 21 de marzo de 2014 al Hospital Avellaneda, con dolor de abdomen. Salió cinco días después, esposada, hacia la cárcel de mujeres. Esperó dos años el juicio, presa, su historia silenciada, como es común que ocurra con las mujeres pobres. Los integrantes de la Sala III de la Cámara Penal de Tucumán, Dante Ibáñez, Néstor Macoritto y Fabián Fradejas, la condenaron a ocho años de prisión. Prefirieron escuchar la acusación del equipo de salud y llamaron a la policía mientras ella aún estaba sedada luego de sufrir un aborto espontáneo.
La magnitud de esta injusticia movilizó el acompañamiento inmediato del movimiento de mujeres y de organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos así como de los medios de comunicación que se hicieron eco de los reclamos por la liberación urgente de Belén. Son cientos las mujeres que llegan con abortos espontáneos al hospital público denunciadas por los efectores de salud. Entre 2003 y 2012 se radicaron 282 denuncias en la Justicia Penal tucumana por la causal de aborto.
El común denominador en todas esas instancias es la condena moral que sirve para sostener el estereotipo de mujer-madre. La que viola ese mandato de maternidad es una delincuente, y eso –en la lógica patriarcal de la Justicia, los medios hegemónicos de comunicación y el sistema de salud– no se discute. El sistema judicial mostró su peor cara, descarnada y cruel, que defiende mal, acusa sin pruebas, condena sin fundamentos y se “venga” de la insolencia de una mujer que no quiere subordinarse a la condena difundiendo su nombre, para que todos sepan, todos la miren, para que nunca consiga sacarse de encima el estigma.
Soledad Deza, la abogada de Belén.
Una provincia de contrastes
Belén ya no está en Tucumán y no quiere volver a ver las caras de los jueces. “Sueño con sus caras”, cuenta. Ella no es la primera mujer violentada por el sistema de salud y la Justicia, denunciada por médicos que rompen el secreto profesional y estigmatizada tras haber pasado por un aborto. Pero si es la primera cuya condena pudo revertirse gracias a la movilización. Por eso, el reclamo los tomó por sorpresa. Hace solo cinco años, María Magdalena (otro nombre ficticio para proteger a estas mujeres que padecieron tormentos bíblicos) fue denunciada por dos médicas, y la entonces directora del Instituto de Maternidad, Rossana Chahla (hoy ministra de Salud de la Provincia) defendió esa violación del secreto profesional, un principio que el lunes rescató la Corte Suprema en el fallo con el que absuelve a Belén. “Ese maridaje entre el Estado y la Iglesia se expresa en todos los ámbitos de la vida de los tucumanos –insiste Deza–. Esta es la realidad en una provincia donde las tradiciones conservadoras están aliadas al poder económico y donde se declara de interés legislativo ‘la Semana del Niño por Nacer’.
Es que Tucumán es, desde hace décadas, una tierra de contrastes, un tanto misteriosa para quienes la estudian o intentan describirla. Selva y cerro, calor e inundación, industriales azucareros que añoran las prácticas casi feudales del siglo XIX y una comunidad universitaria gigantesca, que atrae a estudiantes de provincias y países vecinos. Fue de las primeras en ser industrializadas y una de las más pobres del país, con una historia de luchas obreras con características de epopeya, como las que respondieron en 1966 al cierre de ingenios azucareros (principal fuente de trabajo en la provincia en la época) y la que sufrió la más salvaje represión durante la dictadura. Es la provincia donde la madre de Marita Verón convirtió el dolor por el secuestro de su hija en denuncia internacional contra las redes de trata; la misma en la que los asesinos de Paulina Lebbos están sueltos, pero en cuyo nombre se reúnen cientos de víctimas de gatillo fácil y de crímenes impunes para reclamar justicia. Alberga este territorio espacio para el feminismo cada vez más organizado y para reacciones conservadoras que asustan por su nivel de violencia. Donde Belén puede ser encarcelada, sus derechos fundamentales pisoteados, pero con un movimiento que logra unir a sectores muy diversos en un reclamo común para liberarla, donde hay lugar para una manifestación de miles de mujeres en las calles para reclamar por sus derechos sexuales y reproductivos y una convocatoria multitudinaria de la Iglesia para repudiarla.
Aquí empezó el terrorismo de Estado. El primer centro clandestino de detención del país, donde los delitos sexuales de los genocidas fueron una forma de tortura destinada a disciplinar a las mujeres, se abrió en Famaillá, a 40 kilómetros de la capital provincial, en febrero de 1975. Nueve años antes, el cierre de once ingenios había obligado a emigrar a un cuarto de la población provincial, en medio de un proceso de luchas obreras que sólo pudo ser sofocado con extrema violencia. Bajo las balas de la policía cayó Hilda Guerrero de Molina, mujer emblemática de la resistencia a la dictadura de Onganía, mientras marchaba al frente de una columna de obreros contra el cierre del ingenio Bella Vista.
En esta provincia aún se dicta religión en las escuelas públicas, los manuales para Educación Sexual Integral duermen apilados en un depósito. Aquí, como en casi todo el país no existen estadísticas oficiales centralizadas acerca de las violencias hacia las mujeres. Tampoco hay refugios provinciales a disposición de las víctimas. Desde hace 10 años, una parte del movimiento de mujeres ha venido luchando por una Ley de Emergencia en Violencia, porque la Ley Nacional Nº 26.485 no se aplica efectivamente en la provincia. Los legisladores, en diciembre de 2016, sancionaron esta norma, pero tal como lo confirman funcionarios de la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia los parlamentarios no definieron para la aplicación de la norma una partida presupuestaria. En cambio, sí se buscaron con proyectos en Legislatura el repudio a un grupo de chicas por expresarse en una manifestación, la municipalidad de la capital puso 20 colectivos para que los fieles puedan asistir a una marcha antiderechos, y un grupo de policías que violó y sometió a servidumbre a Celeste, una joven trans de 21 años, están libres.
APA
El horno no está para bollos
Con todo esto, el ambiente está caldeado en Tucumán. Mujeres, lesbianas, trans y travestis nos juntamos de a miles para denunciar que el ajuste empobrece, la violencia machista y el aborto clandestino nos mata. No escuchamos lo que manda la Iglesia y, para colmo, la Justicia terminó dándonos la razón (aunque tres años tarde y luego de dura lucha en los tribunales y en las calles) cuando libera a Belén. Marzo fue el mes en el que esas contradicciones quedaron al descubierto y explotó lo que se venía cocinando desde un año antes, cuando se formó la Mesa por la Libertad de Belén, comenzó el juicio por la violación a Celeste, una joven trans, en una comisaría y la persecución a las mujeres de Socorro Rosa por su performance de la virgen abortando el patriarcado.
El espacio #NiUnaMenos Tucumán, convocado para impulsar el Paro Internacional de Mujeres y la marcha del 8M, estuvo marcado por esa dinámica contradictoria y diversa que tiene esta sociedad, y es en gran medida deudor de la Mesa por la Libertad para Belén, donde se empezó a construir una lógica de confluencia entre fuerzas políticas y sociales con diferencias profundas que plantean reclamos que atraviesan a todas.
Las asambleas cada vez más numerosas en la Asociación de Prensa reflejaron esa realidad. Cada miércoles compartieron debates docentes de colegios católicos, artistas irreverentes, feministas de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, dirigentes sindicales de larga trayectoria y periodistas comprometidas con los problemas de género y de derechos humanos.
El 8 de marzo, en una de las manifestaciones públicas más numerosas y diversas de las que se tenga memoria en la provincia, cerca de 15.000 personas gritaron ¡basta de violencia machista! y -al día siguiente- se desató la caza de brujas, con la excusa de una representación de un grupo de Socorro Rosa, de la virgen abortando el patriarcado. Lo cierto es que la marcha que recorrió las cuadras que hay entre la plaza Urquiza, en Barrio Norte y abrazó por los cuatro costados a la Plaza Independencia fue inédita para Tucumán. El reclamo se hizo contra la violencia, por el aborto legal, seguro y gratuito, por el derecho a la autonomía de nuestros cuerpos y porque nos rompen la paciencia los piropos y queremos caminar tranquilas en los espacios públicos. El arzobispo de Tucumán, Alfredo Zecca, salió con pronta respuesta, a convocar a una “peregrinación en desagravio al dulce nombre de María” para el 25 de marzo, mientras decía sin sonrojarse que lo que había sucedido en la marcha de mujeres fue “lejos, lo peor que pasó en el país este año” y que quizá lo de los femicidios “es un poco exagerado”.
Se olvidó, claro, de las 53 muertas que se cobró el machismo en los primeros 43 días de 2017, o de que cuatro días antes de la marcha del “Día del Niño por Nacer” (regalo del menemismo a la Iglesia) murió una mujer por aborto en la Maternidad de Tucumán.
Las palabras de Zecca tuvieron un enorme impacto. Como sucede cuando se levanta un tronco podrido y las alimañas se arrastran a la superficie, los ejemplares más recalcitrantes de la derecha salieron a pedir empalamiento y muerte para las socorristas y, en el cuerpo de ellas, el castigo para todas las mujeres. A nuestro “Ni Una Menos”, respondieron “A la hoguera con ellas”. La reacción fue de tal violencia que se volvió en contra de los ultraconservadores y se enfrentó con una ola de solidaridad y en defensa de la libertad de expresión. Creyentes que en un principio se habían manifestado ofendidos por la actuación, terminaron pidiendo a la Iglesia que no fomente discursos de odio. El documento que se leyó en la también gigantesca marcha del 24 de marzo incluyó el pedido de absolución para Belén y el reclamo de que cese la persecución a las mujeres, inscribiendo así la lucha de las mujeres en la agenda de los derechos humanos.
“El movimiento de mujeres se construye sobre un modelo de pluralidad y diversidad que le permite tener más reacción a la hora de ser atacado –dice Mariana Alvarez, de APDH e integrante de la Mesa por la Libertad de Belén–. Los sectores conservadores de todos los órdenes (económico, político y religioso) que son los mismos que siempre tuvieron poder y que han mantenido su hegemonía a través de la historia, no esperaban encontrarse con un movimiento de mujeres que cuestione la intención de disciplinar nuestros cuerpos”.
La abogada sostiene que está tan arraigado el poder de estos sectores, que han logrado que Tucumán sea la única provincia que no adhirió a la Ley nacional 25.673 del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable. Los fundamentalismos religiosos han hecho trinchera contra esta norma que lleva 13 años de retraso únicamente para las tucumanas, y que permitiría la disponibilidad de anticonceptivos y preservativos, los cuales ya son escasos o discontinuos en los centros de atención primaria. No se brindan datos públicos sobre este sector de la salud. La única área provincial de salud sexual y reproductiva tucumana está a cargo de una médica objetora de conciencia, después que fuera desplazada una médica reconocida en la temática y que fue funcionaria del Programa Nacional de de Salud Sexual y Procreación Responsable, por haber declarado públicamente en contra de la violación de secreto profesional en los casos de aborto.
Lo que se puso en agenda
Ni el Estado ni otras instituciones, como la Iglesia, pueden dar respuestas a problemáticas urgentes como la violencia machista, los femicidios, la falta de trabajo, la brecha salarial, la falta de autonomía. Las mujeres han empezado a hacer visibles estas problemáticas y a ponerles nombre. “Un movimiento de mujeres mejor instrumentado, con argumentos más fuertes, basados en datos, propositivo, se enfrenta a la ceguera de sectores fanáticos que subestiman a la población que no los acompaña plenamente” señaló Adriana Guerrero, de CLADEM. La contramarcha fue un intento desesperado de la Iglesia que movilizó a colegios y parroquias, usó el aparato del Estado (la municipalidad de la capital puso 20 colectivos y el sonido), y a pesar de ello no ha podido lograr a su objetivo. Tuvo que salir a mentir el número de asistentes en los medios hegemónicos de comunicación. El fallo de absolución a Belén se conoció 24 horas más tarde, y sepultó el debate sobre la marcha del “Niño por Nacer” y el desagravio a la virgen.
La iglesia, además, tiene sus propias internas. El arzobispo Zecca fue abucheado en el entierro por la dudosa muerte del cura Juan Viroche, quién fue abandonado por la cúpula de la Iglesia Católica cuando denunció a los narcos que operan en La Florida, su ciudad, en el interior tucumano. Se podría considerar que es una cúpula eclesiástica que quedó aislada de sus fieles. Y la prueba de esto es la baja convocatoria que tuvo la contramarcha organizada el 25 de marzo. Aun con apoyo gubernamental, como el Decreto 476/2017, Juan Manzur, gobernador de Tucumán, decidió otorgar una “Ayuda Económica a la Diócesis de la Santísima Concepción” por la suma de 880.000 pesos. El pago fue solicitado por la Diócesis sin aclarar su destino. Con una gran difusión en los medios, cartelería callejera y en los colectivos capitalinos no lograron superar las 18.000 personas (de acuerdo a la policía de la provincia). En su comunicación oficial dijeron que hubo 35.000 personas. Una columna de 12 cuadras integrada en su mayoría por clase media y la gente humilde de parroquias llevadas en ómnibus dispuestos por el intendente Germán Alfaro. Encabezada por familias blancas con niñxs, simbólica reproducción del modelo que quieren para nosotras.
Lo que Belén puso en la agenda mostró que no es fácil dar vuelta las decisiones de la Justicia, porque ésta es parte del entretejido que se sostiene en la provincia y del statu quo que naturaliza el matrimonio entre Iglesia y Estado; confunde a propósito creencias e ideologías con “derecho natural”, que permite que la Justicia ordene no continuar con la investigación en el caso de María Magdalena y ahora debe enfrentar las consecuencias de sus propios actos, sabiendo que se podría haber evitado el padecimiento de Belén.
Este fallo, como batalla ganada para la joven tucumana de escasos recursos que no puede usar su verdadero nombre públicamente, que debe preservar su imagen para no seguir siendo atacada después de los tres años de dolor y encierro, significa para el movimiento de mujeres la posibilidad de revertir injusticias y de apostar a conseguir aprendizajes y derechos.
Desde que Belén está libre y absuelta, y desde que las tucumanas son capaces de convocar a acuerdos mucho más grandes que los de cada una de las organizaciones que nos representan y de evaluar esta realidad en pugna, el mensaje va quedando claro: No hay silencio ante los empujones de la sociedad patriarcal y si tocan a una, nos tocan a todas. Y nos defendemos entre todas.
Fuente: pagina 12
