Esto contó la víctima: eran entre cinco y seis policías, entre mujeres y hombres, que lo patearon en las costillas, piernas y cabeza, lo esposaron y lo llevaron ramiando hasta la Comisaría Seccional Segunda. Ese fue sólo el comienzo de su infierno.
Los policías están pasados. Golpean gente como si en cada comisaría fueran a poner, como en Mc Donalds, una foto del torturador del mes.
Por suerte, se reactivó la fiscalía de Derechos Humanos.
Hoy se conoció que la fiscal Verónica Simesen de Bielke requirió la elevación a juicio de la causa que tiene como imputados a tres efectivos policiales con revista en la Comisaría Seccional Segunda, acusados del delito de vejaciones agravadas por el uso de la violencia (dos hechos) en concurso real.
Los pitufos acusados son: el cabo Javier Acosta, de 36 años, el suboficial ayudante Lucas Mamaní, de 26 y el agente Gabriel Alejandro Pistán, de 32.
Esta historia es tremenda. Todo comienza en la madrugada del 20 de septiembre de 2015, a las 6:30. Un joven iba en compañía de su hermano y un amigo tras salir de una juntada, caminaban por la intersección de calle Tucumán y Esteco. En ese momento, llegó una moto conducida por un hombre, que le tocó bocina mientras cruzaba la calle para apurarlo. Al momento de cruzar y pasar a su lado, el motociclista lo empujó, por lo que el denunciante lo insultó.
Tras esto, el motociclista se bajó de la moto, le dijo “vos no sabes quién soy yo, chango”, se sacó el casco y lo agarró del cuello. En ese momento, el denunciante le pegó una piña entre la nariz y la boca, para poder zafarse. El joven sostuvo que en ese instante, su hermano y su amigo le advirtieron que se trataba de un policía, por lo que retrocedió y notó que llevaba el uniforme, tapado por una campera.
Luego, el denunciante, su hermano y su amigo, corrieron por calle Pellegrini y doblaron en calle La Rioja. En calle Ituzaingó, entre La Rioja y San Luis, el denunciante cayó al suelo frente a un billar y en ese momento fue alcanzado por personal policial.
Relató que eran entre cinco y seis policías, entre mujeres y hombres, que lo patearon en las costillas, piernas y cabeza, lo esposaron y lo llevaron arrastrado hasta la Comisaría Seccional Segunda. Allí lo metieron en la cocina, lo sentaron en el suelo esposado y entre los mismos policías, volvieron a golpearlo.
En ese momento ingresó otro policía que le dijo “que me querés ver la cara” y le dio un cachiporrazo en la ceja derecha, lo que le produjo un corte.
Posteriormente ingresó el mismo policía con el que tuvo el inconveniente inicial, y le dijo “mirá lo que me hiciste” mientras le mostraba su cara, y fue allí que lo golpeó hasta que la víctima perdió el conocimiento.
Tras esto, la víctima fue trasladada al Hospital San Bernardo y luego a la Central donde también lo revisaron. Una vez de vuelta en la Comisaría Segunda, le dijeron que le harían una causa por tentativa de robo en banda, agresión, resistencia a la autoridad y amenazas, por lo que se negó a firmar. Cuando le dijeron que si no firmaba no podría irse, accedió a firma y fue trasladado a Alcaidía General, donde permaneció alojado dos días y medio.
El certificado médico del Departamento de de Medicina y Química Legal, hizo constar que la víctima presentaba excoriaciones en dorso de la nariz y la rodilla derecha, equimosis en hombro izquierdo y derecho, tórax posterior y anterior, herida en arco superciliar, escoriación en mucosa yugal de labio superior e inferior e inflamación en boca.
En sus fundamentos, la fiscal penal Simesen de Bielke sostuvo que claramente el accionar de los acusados, excedió los límites impuestos por la Ley N° 7742, que autoriza a las fuerzas policiales a “hacer uso de la fuerza pública cuando fuere necesario”, pues las lesiones constatadas en la integridad física del denunciante permiten sostener que la conducta desplegada por los imputados afectó el umbral mínimo requerido; es decir, la afectación de los derechos del sujeto pasivo, que recayó en el concreto atropello de su dignidad.
Además el sufrimiento infligido, tanto al momento de su detención como luego, mientras se encontraba en la sede de la Seccional Segunda configuró un trato denigratorio e humillante, físico y verbal, con el fin mortificar a la víctima con ataques a su dignidad que merece como persona y con el que espera ser tratado.