Salta, entre las provincias con menor generación de empleo privado formal: la crisis de un modelo agotado.
Andrea Sztychmasjter
Salta forma parte del grupo de provincias con menor capacidad de generación de empleo privado registrado en Argentina. Esta parálisis del sector formal es el núcleo de la crisis ocupacional que atraviesa la provincia: al no existir una masa crítica de empresas capaces de absorber la demanda de mano de obra en blanco, el mercado laboral salteño ha volcado a más de la mitad de su población activa hacia la informalidad, la subocupación y el refugio del empleo público.
De acuerdo con los datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH-INDEC) y análisis del Instituto de Investigaciones Económicas (IIE) de la Universidad Nacional de Salta (UNSa), el déficit de puestos de trabajo formales se refleja en indicadores contundentes: la tasa de informalidad en el Gran Salta supera el 51%, ubicándose sistemáticamente por encima de la media nacional y consolidando a la región entre las más precarizadas del país.
La baja tasa de creación de empleo privado no es un fenómeno coyuntural, sino el resultado de un estancamiento estructural. Relevamientos económicos basados en datos del Ministerio de Trabajo de la Nación y la Fundación Mediterránea ubican a Salta en el furgón de cola del desarrollo asalariado bancarizado.
Salta registra apenas 86 trabajadores formales en el sector privado por cada mil habitantes una cifra marcadamente inferior a las medias nacionales y a las provincias de mayor dinamismo productivo. En contraposición, la provincia cuenta con cerca de 58 empleados públicos por cada mil habitantes, superando la media nacional. Esta hipertrofia de la administración pública ha funcionado históricamente como un amortiguador social ante la falta de inversión empresarial.
La imposibilidad del sector privado para expandirse genera efectos dominó sobre el conjunto de la economía salteña: Actividades con potencial como la construcción, la gastronomía, el turismo y el comercio minorista operan bajo altos niveles de informalidad. Reportes de la UNSa indican que en la construcción y la hotelería la no registración oscila entre el 80% y el 84%, mientras que en el comercio supera el 54%. La escasez de oferta laboral formal presiona los salarios a la baja. En el primer quintil de ingresos (Q1) de la provincia, cerca del 90% de los ocupados trabaja sin aportes ni obra social, con montos que no alcanzan a cubrir la Canasta Básica Total.
El vacío de políticas
En la Capital y los principales municipios de la provincia, la gestión laboral carece de herramientas de fomento. Salta no ha logrado articular un esquema tributario y de infraestructura que compense las asimetrías de costos logísticos que sufre el Norte Grande. Paralelamente, los programas de empleo estatales no consiguen transformar los subsidios temporales en puestos de trabajo privados permanentes. Ante la incapacidad del sector privado formal de incorporar trabajadores y el límite del Estado para continuar absorbiendo personal, miles de salteños recurren al cuentapropismo precario. En este marco, las plataformas digitales de delivery y transporte (como PedidosYa, Uber, Cabify o DiDi) funcionan como una válvula de escape de rápida inserción. Sin embargo, este esquema traslada todos los costos operativos y riesgos de salud al trabajador independiente, acentuando la desprotección sin alterar la falta de dinamismo del tejido empresarial local.
Que Salta se mantenga entre las provincias con menor generación de empleo privado formal es un llamado de atención para la política local. Revertir esta tendencia exige superar la lógica de la asistencia o el empleo público contingente para avanzar hacia un plan integral de simplificación tributaria, estímulo a las PyMEs y atracción de inversiones productivas que permitan generar trabajo de calidad y con derechos en la provincia