Desde septiembre del 2020 el exgobernador Juan Urtubey preside un estudio que ofrece servicios de consultoría a empresas privadas. Su socio en el emprendimiento es el ex-ministro de Finanzas Carlos Parodi, hombre con antecedentes dudosos en el rubro y que enfrentó denuncias por enriquecimiento ilícito.
Las fundaciones ya fueron. El esnobismo de la clase política tiene sus vaivenes y las tendencias se reformulan en consonancia con las nuevas formas de comunicación y marketing. Es conocida la predilección por los negocios de buena parte del espectro conformado por funcionarios, legisladores, jueces y políticos estén o no en funciones. También es sabido que en el ránking de actividades preferidas pican en punta los rubros: inmobiliario, ganadero, agrícola, vitivinícola y comunicaciones. Pero en los últimos años cobró fuerza una industria que, por su naturaleza, atraviesa y permite establecer lazos con todas las otras.
A la hora de definir el alcance de los servicios de consultoría, los autores suelen remontarse a los orígenes de las relaciones humanas, sin embargo, no fue sino hasta hace algunas décadas que la actividad devino en una industria millonaria basada en aconsejar a empresarios. En Europa hay quienes hablan del boom de la consultoría y algunas empresas ya la consideran parte de su estructura de costos.
En Salta algunos de los que incursionaron en el rubro son: el ministro de Economía Roberto Dib Ashur, socio fundador de Delta Consultores; el actual candidato a diputado por el Frente de Todos Emiliano Estrada; Miguel Isa, ex-gobernador y fundador de Pueyrredón SRL; el ex Coordinador municipal Bernardo Racedo Aragón y el secretario de Hacienda municipal Daniel Amador. Los que conocen del tema agregan que, si al negocio se le añaden los contactos y las mañas adquiridas en áreas estratégicas de la función pública, la ecuación es formidable.
Así parecen haberlo interpretado algunos exfuncionarios provinciales entre los que se encuentra nada menos que el exgobernador Juan Manuel Urtubey, hoy abocado a un nuevo proyecto denominado «Estudio Urtubey & Parodi – Consultoría de empresas». Aunque la empresa no figura en registro alguno, de esa manera la dejó plasmada el abogado y exmandatario en su perfil profesional, además de en sus redes sociales.
Como se sabe, el antecesor de Gustavo Sáenz viajó a España durante el 2020 para cursar una maestría en Administración y Gestión de empresas en la Universidad Carlos III de Madrid. De allí habría retornado con el proyecto bajo el brazo, aunque para concretarlo precisaba de un socio. Fue entonces cuando decidió recurrir a un conocedor del paño: su ex ministro de Finanzas, el contador Carlos Parodi.
Negocios conocidos
La elección no resulta para nada antojadiza pues el exfuncionario detenta cierta experiencia en la materia. En 2015 fue acusado de facilitar una contratación con el Estado provincial por parte de la Consultora «Fundación Mediterránea» por un valor de $865.000. La misma estuvo encargada de relevar los niveles de informalidad en el sector turístico, una de las principales fuentes de ingreso de la provincia.
La resolución que aprobó el contrato de consultoría fue firmada sólo por Parodi, pero no por el gobernador Urtubey ni por el secretario General de Gobierno, Ramiro Simón Padrós, tal como lo indican las normas de contrataciones del Estado provincial. Su contenido se conoció recién tres días después con la publicación en el Boletín Oficial.
Uno de los que tuvo que dar la cara por la polémica contratación fue el, por entonces, subsecretario de Financiamiento Ignacio Raccioppi. El funcionario argumentó que la resolución se dio en el marco de las normas, condiciones y procedimientos previstos en el contrato del préstamo internacional de US$34 millones que acordó el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en 2003, para el Programa de Desarrollo Turístico Sustentable de la Provincia.
Durante el primer mandato de Urtubey también se objetó una curiosa contratación con la Consultora PEAL SH en el ámbito de la secretaría de Salud Mental y abordaje integral de las Adicciones. En los considerandos del contrato se hablaba de: “un estudio integral tendiente a lograr la participación en la construcción de una política de Estado participativa y ética, generando en la comunidad una conciencia colectiva en la resolución de la problemática de las adicciones”. A pesar del ámbito en el que debería impactar (la salud pública), la contratación emanó de la Secretaría de la Gobernación y se realizó de manera directa. Los diputados solicitaron informes sobre el acuerdo que preveía desembolsos periódicos de $144.000, cuando el dólar oficial cotizaba a $3,40.
La suerte de los que ahorran
En 2013 el hombre de las finanzas provinciales fue denunciado por haber incrementado de manera injustificada su patrimonio por 1000% en un período de cuatro años. La investigación por supuesto enriquecimiento ilícito estuvo a cargo del fiscal Guillermo Akemeier y se archivó ese mismo año luego de que el denunciante, el abogado Santiago Pedroza, faltara a la cita en la que debía ratificar su denuncia.
Obligado a informar sobre su patrimonio, Parodi había expuesto ante la Escribanía General de Gobierno que tenía casas y departamentos por un valor de 1.180.000 pesos en 2008. Cuatro años después, en 2012, informó que los mismos inmuebles costaban apenas 469.000 pesos.
La explicación surge cuando se descubre que en el documento que debía especificar todo lo que fue adquiriendo, recurrió a artilugios conocidos y ampliamente utilizados como declarar varias propiedades a valor fiscal, un precio sensiblemente inferior al que realmente tienen en el mercado. Diversos corredores inmobiliarios consultados en aquel entonces coincidieron en que sus bienes no podían cotizar por debajo de los $14 millones, lo que implicaba que su patrimonio se había multiplicado por 10 en el período 2008-2012. Además de su residencia en Valle Escondido, Parodi posee tres inmuebles en la ciudad de Salta (Juramento 461, 25 de mayo 640 y Vicente López 22), dos inmuebles rurales en Anta y Metán, y al menos tres vehículos sin declarar.
Así y todo, la omisión más grave del exfuncionario fue no haber dejado constancia de que su esposa era accionista de Positano SA, una firma que curiosamente funcionaba en la sede de otra empresa de propiedad del exministro: «Parodi y Asociados – consultoría de empresas».
