El observatorio de la desinformación y la violencia simbólica en medios y plataformas digitales (Nodio), fue creado por el Estado a través de la Defensoría del Público, para que, mediante un panel conformado por funcionarios e individuos cercanos al gobierno nacional, responsables de su funcionamiento, se creen espacios para «reflexionar» sobre «prácticas responsables en búsqueda de un periodismo de alta calidad» y para debatir «sobre los aspectos éticos del ejercicio de la libertad de expresión en internet».
Entendiéndose a los observatorios como espacios de investigación y elaboración de propuestas, que, en este caso busca brindar herramientas para fortalecer la vida democrática y la libertad de expresión y el análisis e investigación de fenómenos como la circulación de noticias falsas (fake news), promover la discusión pública y servir de base para nuevas políticas públicas que protejan el derecho a la comunicación de las audiencias.
“Desde que se inició esta nueva etapa de la Defensoría del Público, a través de sus reclamos, integrantes de las audiencias nos expresaron su preocupación por la circulación de mensajes cargados de violencia y desinformación en redes sociales y en medios”, fundamentó la Defensora del Público, Miriam Lewin, la creación de este espacio en su presentación. «En un tiempo de aislamiento, en el que medios y redes son nuestra ventana al mundo, la difusión de mensajes favorables a la dictadura cívico militar, misóginos, sexistas, racistas, xenófobos, homofóbicos intoxican el debate democrático y refuerzan opiniones que promueven la polarización, cancelan la diversidad y pueden conducir, incluso, a la violencia física”, precisó Lewin. A pesar de ello, el debate en la escena pública se abrió.  Un sector de la oposición, con el respaldo de los medios hegemónicos, denunció que la herramienta es “inconstitucional” porque podría poner en riesgo la libertad de expresión. “Controlar y vigilar no son parte de las funciones que debe tener la Defensoría del Público», denunciaron desde Juntos por el Cambio.
Para la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa), «la instauración de este tipo de órganos de vigilancia desde el Estado conlleva un riesgo cierto de que estos sean utilizados como método sutil de disciplinamiento o represalia por motivaciones ajenas a los principios que dicen promover. La propia conformación del panel de presentación, con la casi totalidad de sus integrantes identificados con un sector político claramente determinado, es un indicio de ello».
La Sociedad Interamericana de Prensa, a través de su presidente, Christopher Barnes, rechazó la creación de un observatorio de medios gubernamental en Argentina. «Lamentamos que una vez más un gobierno argentino, como lo han intentado otros gobiernos en el país en varias épocas, busca juzgar la conducta y los criterios editoriales de los medios, decidiendo que es bueno o malo para la sociedad. Los observatorios creados para monitorear y discutir temas de libertad de expresión han terminado por ser el primer paso con el oscuro propósito de un gobierno para regular a los medios y entrometerse en los contenidos».
Barnes, director de The Gleaner Company, Kingston, Jamaica y Rock, director del portal mexicano La Silla Rota, dijeron que la SIP defiende y promueve la calidad de los contenidos y la ética profesional, pero entiende que «… la observancia de los valores éticos y profesionales no deben ser impuestos. Son responsabilidad exclusiva de periodistas y medios», como establece la Declaración de Chapultepec. Agregando que es la Justicia la que debe intervenir cuando los usuarios se sienten afectados por los contenidos de los medios de comunicación o cuando dos derechos de igual valor entran en conflicto, como la libertad de expresión y el derecho a la honra.
Todo esto es refutado por el Director de Planificación Estratégica e Investigación de la Defensoría del Público, Glenn Postoloski, quien explica que
«Las nuevas tecnologías hacen que los múltiples tipos de prácticas comunicaciones generen situaciones que son en muchos casos novedades y que tienen impactos que precisamos estudiar y entender. Es necesario contar con una herramienta para producir un tipo de conocimiento que permita interactuar con las audiencias, los profesionales de los medios y encontrar las mejores reflexiones para que la circulación de mensajes, ya sea través de los medios tradicionales o virtuales, estén basados en las buenas prácticas y no en formas discursivas que van en detrimento de la sociedad». A lo que agrega que el rechazo de la oposición y algunos medios responde a “una lectura muy coyuntural que hace que toda iniciativa que esté vinculada con lo estatal y lo público hoy sea recibida de manera negativa. Estas críticas están basadas en un estereotipo y un preconcepto”.

El artículo 6 de la Declaración de Principios de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) establece que «… la actividad periodística debe regirse por conductas éticas, las cuales en ningún caso pueden ser impuestas por los Estados».

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