Pocos saben si la vuelta de rosca tendrá su paso por el norte del país, como el broche final que plasme el cambio de era en la justicia. De los barrotes fáciles a la liberación de ex funcionarios que tuvieron amplia actuación durante el último gobierno K. Un repaso de nombres y causas que certifica el timing de algunos magistrados.
Argentina es un país representativo, republicano y federal, eso dice la Constitución. A pesar de eso, tenemos claro que los tres poderes no son Independientes. La Justicia es el ejemplo más llamativo. Los jueces hablan a través de sus fallos, que marcan una señal cada vez más evidente de que en Comodoro Py se trabaja con el calendario electoral bajo el brazo.
Luego de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) del 11 de agosto del 2019 cuando Alberto Fernández obtuvo la ventaja necesaria para darlo como Presidente en diciembre. Cada uno es libre de darle la interpretación que quiera: como señal de impunidad absoluta o como persecución política hacia la oposición. Lo cierto es que desde agosto se liberaron a 12 presos, encarcelados por casos de “corrupción”, concepto que para el caso de la gestión macrista se acolchonó llamándolo “conflicto de intereses”.
En primer lugar, se liberó al empresario Oscar Thomas señalado en la “causa” de los cuadernos Gloria. Detenido el 18 de septiembre del 2018 y liberado el 17 de septiembre del 2019. “No se verifica en este supuesto, la concurrencia de indicadores de riesgos con suficiente entidad como para sostener la restricción personal impuesta a Thomas», dijeron los camaristas.
En octubre fueron cinco los liberados. Gerardo Ferreyra, titular de la empresa Electroingeniería, también de la causa cuadernos y competidor en el mercado de la construcción de los Macri. Detenido el 1 de agosto de 2018 y liberado el 5 de octubre de 2019. Se negó a la Ley del Arrepentido por considerar que se trataba de una persecución política contra el kirchnerismo. Fernando Esteche, líder de Quebracho, último detenido por el supuesto encubrimiento al atentado de la AMIA. Encarcelado el 7 de diciembre de 2017 y dejado en libertad el 5 de octubre de 2019. Carlos Cortez, también de la extravagante causa “cuadernos”: fue detenido el 25 de octubre de 2018 y liberado el mismo 5 de octubre.
El 8 de octubre, quedaron libres los dueños del Grupo Indalo, Cristóbal López y Fabián de Sousa. El primero detenido el 20 de diciembre de 2017 y el segundo, un día antes. Ambos por la causa de Oil Combustibles. El boomerang se dio porque la sindicatura designada por la Justicia le pidió al juzgado comercial que la AFIP sea demandada por considerarla responsable de la quiebra de la empresa.
24 horas después de asumida la Presidencia por Alberto Fernández, la Justicia le otorgó la prisión domiciliara al “Rey de la Salada”, Jorge Castillo. Fue detenido el 21 de junio 2017, luego de resistirse a los tiros. Investigado por asociación ilícita.
El 15 de diciembre, le llegó el momento a Roberto Baratta, mano derecha de Julio De Vido. Detenido el 1 de agosto del 2018.
El 17, le tocó a Omar «Caballo» Suárez, sindicalista. Uno de los primeros detenidos, el 13 septiembre de 2016. Se lo investiga por asociación ilícita.
Atanacio Pérez Osuna, ex intendente de Río Turbio e interventor de YCRT, fue liberado el 19 de diciembre. Fue detenido el 5 de marzo de 2018.
Juan Pablo “Pata” Medina, vinculado a otra investigación, por manejos con la UOCRA. Fue detenido el 26 de septiembre de 2017, ese día se atrincheró en el gremio y llamó a sus militantes para que resistan, aunque terminó entregándose. Fue liberado el 18 de febrero del 2020.
El último en salir, y quizás el más importante, fue el ex ministro de Planificación, Julio de Vido. Detenido el 25 de octubre 2017, quedó liberado el pasado 4 de marzo, por la causa de Río Turbio. Aunque espera sentencia en la investigación conocida como «Once 2»
Todo ellos siguen siendo investigados, pero ahora bajo los derechos que la Presunción de Inocencia les otorga como sujetos de derecho.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos establece, en su Artículo 11: «Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en un juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias a su defensa». De manera concordante, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, en su Artículo 9, dispone: «Todo hombre se presume inocente, mientras no sea declarado culpable». A su vez, nuestra Constitución Nacional, en su Artículo 18, establece que ningún habitante de la Nación puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso, ni juzgado por comisiones especiales, o sacado de los jueces designados por Ley antes del hecho de la causa. Será Justicia. (N.J.)