Una historia de engaño, como tantos otros, conocida en este feriado provincial nos lleva a remontarnos a unos meses. Más precisamente al 18 de enero pasado, cuando un Volkswagen Power colisionó con otro vehículo en inmediaciones del Pasaje Zorrilla y Juramento. El personal de Tránsito que estuvo a cargo del evento dispuso que el rodado quedara secuestrado en el predio de la Municipalidad ubicado en Avenida Paraguay, a disposición del Tribunal de Falta.
Cinco días más tarde, el propietario del vehículo se hizo presente en las oficinas del Tribunal de Faltas, donde le informaron que el pago establecido para retirar el vehículo en cuestión ascendía a 30 mil pesos. Consultó cuáles eran los pasos a seguir, es decir, planes de pago o algún descuento por pago de contado. Fue ahí donde apareció en escena el “facilitador” que le ofreció la solución en menos de dos semanas por el módico precio de 5500 pesos. Entre 30 mil y 5500 había una gran diferencia para su bolsillo, por lo que aceptó sin pensarlo demasiado.
La reunión sería al día siguiente, en la empanadería que queda justo al frente del CCM. Allí le entregó el efectivo, las copias de la cédula verde, licencia de conducir, título del vehículo, formulario 08 y el comprobante de lo adeudado, emitido por el ente municipal. La próxima comunicación sería vía “Whattsap”. El próximo encuentro sería la semana, pero esta vez en Santa Fe 545, sede de central de las oficinas de Tránsito Municipal. El trabajo estaba listo. El facilitador entregó un oficio que decía que el vehículo estaba listo para ser liberado. Le explicó que debía ver a un “motorista” para que se encargue del “diligenciamiento”.
Al contactarse con este trabajador fue que se dio con la novedad que ese oficio que tenía en sus manos no existía en la base de datos del Tribunal de Faltas. Inmediatamente pidió hablar con la magistrada interviniente, Lucía Zapata Usandivaras. Resultó que el instrumento legal era falso, ya que estaba sellado y firmado por funcionarios inexistentes. El trámite para recuperar el vehículo estaba en foja cero, de donde nunca había salido y el propietario tenía 5500 pesos menos en su bolsillo. A todas luces eso se llama “estafa”.
Luego de las denuncias correspondientes, realizadas por la propia Jueza de Faltas, Lucía Inés Zapata Usandivaras, rápidamente se llegó al embaucador, que aparentemente resultó ser un empleado municipal de nombre Ramiro Gustavo Rivero, quien a estas horas ya está detenido y acusado del delito de estafa y falsificación del instrumento público. El allanamiento a su vivienda permitió el secuestro de documentación valiosa como prueba de su delito.
