Hablando de desapariciones
Entre las bellezas creadas por el hombre acaba de inscribirse una tabla con 600 huecos, recientemente perpetrados en los archivos de la Municipalidad de Salta. Estas 6 centenas corresponden a idéntica cantidad con legajos de empleados, las que se perdieron. No están, no tienen entidad, podría resumir algún funcionario capitalino. Lo que remite a catastros donde se encuadran algunos delitos.
La desaparición de 600 expedientes con la historia administrativa de empleados que aguardan su promoción a Planta Permanente es el flamante escándalo en el que está inmersa la gestión capitalina. Al cierre de esta edición, “Cuarto Poder” comprobó y así lo comparte con sus lectores sobre la existencia de un documento interno que así lo testifica.
La documentación señala la posible comisión de un delito, posiblemente encuadrado como destrucción de documentos públicos, en la que está apuntado como responsable el Coordinador Jurídico y de Procuración, el abogado experto –justamente- en Derecho Administrativo, Daniel Nallar.
Un especialista en cuestiones de éste ámbito del ordenamiento jurídico, con pedido de reserva de su nombre, precisó que “eso es un delito”. Un repaso a la foja de servicios de Nallar nos remite hasta mediados de la década del 90. En esta ubicación témporo-espacial, durante la gestión provincial a cargo del padre de la actual alcaldesa –Titi Romero- dejó para el registro un paso no menor por diferentes áreas administrativas.
En efecto, DN supo fungir como director de la Auditoría General de la Provincia, presidente del Ente Regulador de los Servicios Públicos, hasta Secretario de Seguridad y es ampliamente considerado como un especialista en Derecho Administrativo. No se trata, sin lugar a dudas, del amateur que recién se inicia en la carrera de asuntos a resolver e involucran cuestiones estatales. Por ello, podría ser inverosímil alguna excusa en esta última dirección como intento de zafar de una eventual pesquisa de las autoridades jurisdiccionales.
El asunto que nos ocupa data del 27 de mayo último, uno diez días atrás, cuando en una comunicación formal quedara plasmada la misteriosa abducción u otra maniobra de tal catadura de los 600 expedientes. Tampoco es menor el dato que se trataba del procedimiento solicitado por más de medio millar de agentes estatales capitalinos, en su intento por ingresar a la meta de ver formalizada, por parte del empleador, las labores cotidianas desempeñadas por años en esta fuente laboral. Algo en lo que el titirromerismo evidenció, desde su acceso al Centro Cívico Municipal, ánimo refractario a conceder.
Por el contrario, en el ámbito del sindicalismo citadino se tiene por hipótesis confirmada que el trazado de la gestión coquetea con asemejarse a un recorte de una importante porción del staff municipal o bien a la precarización a perpetuidad. Al respecto, cabe recordar la comedia de enredos entre funcionarios titirromeristas, al negar y confirmar la posible supresión de la antigua Dirección de Tránsito (en cuyo organismo heredero, de facto, quedó el ex comisario Gilberto Pereyra, pese a que su creación está sujeta a tratamiento por el Concejo Deliberante).
Las casualidades que no existen cuando se trata de desapariciones, fueron dejadas patente con esta memorándum en el que se consignó que aquel 27 de mayo “se toma conocimiento de que los archivos ordenados en cajas contenían aproximadamente 600 Expedientes con documentos originales pertenecientes a empleados municipales, mediante los cuáles solicitaron el Pase a Planta Permanente en el período 2019”.
La precisión siguiente fue que se trataba de los “realizados por presentación individual asignándoles N° de Expediente y las cuáles se encontraban a resguardo de la antes SUBSECRETARIA DE POLÍTICAS DE RECURSOS HUMANOS, ubicadas en sector Pilar N° 8, al final del pasillo, 2° Salón del Centro Cívico Municipal”.
La presentación formal para agilizar dichos trámites, por parte de los empleados de la comuna, hicieron saltar esta ingrata “novedad, de que nuestro archivo había desaparecido”, remató la misiva que ahora debería preocupar la expertise de Nallar.
En esta comunicación por escrito, el autor detalló que antes de efectuarla por esta vía, se hicieron consultas verbales al personal encargado de la seguridad en el CCM. La respuesta fue que “por orden del Coordinador Jurídico y Legal, Dr Daniel Nallar, fueron derivados al depósito de residuos”. Papelera de reciclaje, diría un oficialista capitalino; al tacho de basura, el resto de los salteños.
De acuerdo a esta sucesión de hechos, documentados en esta comunicación interna, los eventuales damnificados, junto con la Secretaría de Economía, Hacienda y Recursos Humanos deslindaron “toda responsabilidad por futuros perjuicios que pueda causar dicha operación”. De la cual, parece que no habrá obediencia debida.
