El anuncio de la reforma fiscal de Macri generó críticas en parte del “círculo rojo” de la nación. En Salta Urtubey dijo poco y la voz de alerta ante los anuncios de la Casa Rosada estuvo en boca de legisladores y empresarios. (Gonzalo Teruel)
Varios gobernadores ya soltaron críticas más o menos concretas a la reforma fiscal anunciada por el presidente Mauricio Macri y explicitada por el ministro de Hacienda Nicolás Dujovne. El oficialista Alfredo Cornejo, de Mendoza y los opositores Juan Manzur, de Tucumán y Sergio Uñac, de San Juan ya advirtieron que la reforma afecta, en mayor o menor medida, a las economías regionales de sus provincias. Hasta el momento, Juan Manuel Urtubey de Salta dijo poco, casi nada, y en la provincia la voz de alerta ante los anuncios del gobierno nacional estuvo en boca de legisladores y empresarios.
Los diputados Miguel Nanni y Alfredo Olmedo, por caso, advirtieron que el incremento de la alícuota en los impuestos internos al vino afecta la producción vitivinícola de los Valles Calchaquíes y que el aumento del impuesto a las gaseosas con azúcar añadida puede complicar la actividad de los ingenios de todo el NOA. En sentido parecido se expresaron Javier David y Pablo Kosiner y pidieron una discusión seria en el Congreso para evitar que, una vez más, el ajuste fiscal sea costeado por las provincias.
La muy gradual reforma (se implementará a lo largo de los próximos 5 años) prometida por Macri y anunciada por Dujovne no es tal cosa y se limita, simplemente, a incrementar o mermar los porcentajes de impuestos internos que tributan distintos bienes y servicios. Es un dibujo de almacenero o de ama de casa: resto acá y sumó allá para mejorar la recaudación y equilibrar, aunque sea un poco, las cuentas públicas en creciente déficit.
De concretarse la reforma fiscal, los cigarrillos (tabaco) pasarán de tributar un 75% a un 70% mientras que los vinos, vinos espumosos, champañas y sidras saltarán del 0% al 17% en impuestos internos. “Estamos abiertos al diálogo” aseguró Osvaldo Domingo, titular de la Asociación de Bodegas de Salta, pero exagerado calculó que la nueva disposición gubernamental “significa un incremento de hasta el 20% en el impuesto interno”. Y, obvio, advirtió que “este aumento del impuesto impacta directamente en el precio en góndolas con lo que habrá una caída en el consumo, por ende más stock y menos necesidad de mano de obra en los viñedos”.
Además, enojado se animó a definir la situación como “una nueva Resolución 125 (que estableció retenciones móviles a la exportación de granos y desató el conflicto entre el gobierno de Cristina Kirchner y la Mesa de Enlace de Entidades Agropecuarias) que tanto daño hizo”.
“El incremento de 0% a 17% generará un shock en nuestra actividad que redundará directamente en el precio de venta y consecuentemente en la disminución de la demanda que ya viene arrastrando una caída importante en relación al año 2.016 y por otra parte genera una distorsión aun mayor con otros productos y bebidas que se ven beneficiados con estas medidas” advirtió Bodegas de Salta en un comunicado y enfatizó que “somos conscientes que muchas medidas (a las que apoyamos y celebramos) anunciadas por el gobierno beneficiarán a nuestra industria y creemos en las intenciones de crecimiento que se busca con ellas pero no podemos aceptar que por otro lado nos perjudiquen ostensiblemente y en forma directa e inequitativa al pasar de una alícuota 0% a 17%”.
En otro comunicado el Centro Azucarero Argentino también protestó. “El incremento anunciado elevará los impuestos internos de esas bebidas en proporciones irrazonables: 112% sobre la alícuota vigente en el caso de aumentos del 8% al 17%, y 325% para los productos saborizados con jugos de fruta” reclamó y anticipó que “la medida tendrá graves consecuencias en el empleo directo e indirecto en el sector azucarero del noroeste argentino, estimado en 200 mil trabajadores: la merma del consumo incidirá en una reducción estimada de 5 mil puestos de trabajo solo en el sector azucarero”.
Otros dirigentes rurales fueron más cautelosos a la hora de brindar sus opiniones ante Cuarto Poder. El gerente de la Asociación de Productores de Granos del Norte, Lisandro de Los Ríos, y el presidente de la Sociedad Rural Salteña, Lucas Elizalde, prefirieron esperar a que se presenten los proyectos para su análisis y discusión.
De cualquier modo, de los Ríos admitió que, de concretarse los anuncios, los bodegueros se verán afectados por la suba de sus impuestos. Y Elizalde reconoció que “hasta dónde sabemos, los anuncios no alcanzan a las actividades primarias, agrícolas y ganaderas, y tampoco tenemos muy claro cuál será el impacto de estas medidas” pero aclaró que “compartimos la preocupación de los bodegueros porque son parte del agro”.
Además, advirtió que “lo que si puede afectarnos, sobre todo a la actividad agrícola, es el gravamen de la renta financiera porque se van a encarecer los créditos bancarios”. “Los bancos van a tener que pagar más a los ahorristas para que dejen la plata en sus cuentas y eso, inevitablemente, va a encarecer los intereses para las empresas que requieren financiamiento bancario para sus campañas agrícolas” anticipó.
Simpatizantes del gobierno de Cambiemos al que acaba de sumarse como ministro de Agroindustria el titular de la Sociedad Rural Argentina, Luis Etchevehere, los dirigentes agropecuarios salteños pidieron prudencia hasta conocer en detalle las medidas que impulsa el gobierno nacional y consideraron necesaria una reforma fiscal. Como siempre, pidieron medidas de estímulo a las producciones alejadas de los puertos y grandes centros de consumo.
Especialistas consultados por Cuarto Poder minimizaron el impacto de los cambios, para arriba o para abajo, en las alícuotas de los impuestos internos y consideraron que una verdadera reforma fiscal debe centrarse en otros tributos como Ingresos Brutos que en la provincia tiene una tasa del 3,6% para las empresas. “El gobierno nacional quiere unificar a la baja el porcentaje de Ingresos Brutos en todo el país pero depende de los gobernadores (y las Legislaturas) porque es un impuesto provincial” explicaron y sugirieron que “los gobernadores deberían aceptar una reducción y negociar obras y recursos nacionales por el monto que resignen”.
“También podrían disminuirse o eliminarse impuestos distorsivos como Sellos o Mera Compra” recomendaron para el caso de Salta. Al respecto, en una de sus últimas actividades como ministro de Ambiente y Producción, Javier Montero, presentó esta semana a la Legislatura la “letra chica” de la Ley de Promoción y Estabilidad Fiscal que contempla, entre otros puntos, que el gobierno podrá otorgar la exención de todos o algunos de los tributos provinciales y autorizar certificados de crédito fiscal.