Tras el Pacto Fiscal, el Poder Judicial emitió una acordada para “modernizar y eficientizar sus estructuras organizativas”. Se traduce en congelamiento de cargos, merma de puestos cuando no se reemplacen las vacantes y menos acceso por parte de mujeres a cargos de jerarquía. María Florencia Rodríguez
En el contexto de ajustes, tarifazos y despidos sistemáticos cabe preguntarse sobre el achicamiento del Estado en áreas fundamentales para garantizar la calidad de vida la población. El 21 de Noviembre de 2017, mediante Decreto N° 1603/17, el gobernador Juan Manuel Urtubey determinó que todas las áreas de la Administración Pública y los organismos que tuvieran participación directa e indirecta con el Estado debían realizar “políticas de modernización” y “asignación eficiente de recursos públicos”. Esto último, a partir del Pacto Fiscal firmado el año pasado entre el Gobierno nacional y varios gobernadores, entre ellos el salteño.
En este panorama, La Corte Suprema de Justicia de Salta, en noviembre de 2017 emitió la Acordada N° 12.531 para fijar el presupuesto 2018 y estableció una serie de reducciones para adecuarse a la resolución provincial. En comparación con la Acordada N° 11928 del 2015, uno de los ítems que sufrió mayores ajustes fue el de bienes de consumo. Se minimiza considerablemente el gasto en infraestructura que entre los años 2015 y 2018 redujo su presupuesto unos 39 millones.
Una cuestión que algunos medios oficialistas se encargaron de marcar como positiva fue el congelamiento de la planta de personal bajo la premisa “no vamos a echar a nadie”. Se mantuvo lo fijado en el presupuesto 2017 en relación a 2693 cargos de planta permanente. Sin embargo, pensar en un acceso a la justicia confiable, transparente y que actúe con celeridad implica la posibilidad de nuevos cargos y funciones, de movilidad por mayor jerarquía, como así también, el derecho a trabajar en situaciones óptimas con una infraestructura adecuada.
El ajuste no se reduce sólo al despido de trabajadores, sino tiene que ver, también, con congelar las posibilidades de nutrir al Estado de nuevas perspectivas profesionales y de poder tener el espacio correspondiente para hacerlo. La falta de recursos es un problema grave que siempre incide en la cotidianeidad de las demandas y necesidades de la ciudadanía.
Se intenta instalar la idea de modernización y eficientización de los recursos del estado suprimiendo puestos laborales. ¿Cómo se puede modernizar impidiendo efectuar designaciones en cargos públicos que ya están creados? En febrero de este año, a través del decreto 164/18 se prohibió la posibilidad de efectuar nuevas designaciones en cargos vacantes por jubilación, en todo el ámbito de la Administración Pública Centralizada, Descentralizada, Empresas y Sociedades del Estado y Sociedades Anónimas con participación estatal mayoritaria, resintiendo así la estructura de trabajadores.
Techo de cristal
Pensar en la cantidad de hombres y mujeres que se desempeñan en el ámbito judicial permite hacer una lectura desde una perspectiva de género sobre las consecuencias del ajuste.
La Oficina de la Mujer del Poder Judicial de Salta publica todos los años un Mapa de Género que detalla el porcentaje de varones y mujeres de acuerdo a cargos de magistrados/as, funcionarios/as, personal administrativo y personal de servicio.
Una primera lectura de estas estadísticas plantea que sobre un total de 1563 personas, el 59% son mujeres y el 41% son varones. Esto parecería indicar algo positivo en la lucha por la igualdad de género. Sin embargo, a pesar que es importante, las mujeres siguen siendo minoría en los espacios de máxima decisión. A cargo de los ministerios hay 5 varones y 2 mujeres, ejercen como camaristas 37 varones y 20 mujeres. Sólo se halla paridad entre las 37 juezas y los 36 jueces vigentes.
Los cargos más ocupados por mujeres son las Secretarías de Cámara y Juzgado y las tareas administrativas. Por lo tanto, la posibilidad de movilidad de cargos y la efectiva puesta en práctica de la equidad de género siguen siendo algo problemático para las mujeres del Poder Judicial de Salta. El congelamiento les obstruye, como a todos los trabajadores del sistema de justicia, la posibilidad de acceder a cargos de mayor rango y, por ende, gozar de mejores sueldos.
Durante una visita a Salta a fines del año pasado, Mercedes D’Alessandro, fundadora de la Asociación Economía Feminista, planteaba que hace 20 años las mujeres son mayoría en la graduación de carreras de Derecho del país. Sin embargo, es muy difícil que accedan a los puestos jerárquicos del Poder Judicial. Hay un techo de cristal persistente.
Lo dicho anteriormente dificulta la injerencia y generación de políticas públicas integrales para combatir la desigualdad de género. Si bien es cierto que la posibilidad de que haya mujeres en lugares de decisión no garantiza que sean feministas y emprendan acciones para combatir el patriarcado, lo cierto es que la mayoría de las conquistas al respecto fueron lideradas por mujeres.