El debate por la inviolabilidad de la propiedad privada y la extranjerización en Salta.
Leona del Monte
La discusión sobre la protección legal de la propiedad privada y la delimitación del rol del Estado en los conflictos territoriales ha alcanzado un punto de máxima visibilidad en la agenda legislativa y mediática.
Por un lado, el debate en el Congreso de la Nación busca reforzar el marco punitivo frente a las ocupaciones bajo el principio irrestricto de la inviolabilidad de la propiedad registral (Art. 17 de la Constitución Nacional). Por el otro, en las regiones provinciales del norte argentino, como Salta, la aplicación inflexible de estos postulados tropieza con realidades sociales y territoriales complejas, tal como lo documentamos en la cobertura de este medio sobre la situación crítica en los Valles Calchaquíes.
A este escenario se suma la reaparición mediática de antecedentes históricos clave —resaltados en una reciente investigación— sobre los riesgos de la extranjerización irrestricta de la tierra y los vacíos legales cuando no se contempla el uso comunitario.
El caso crítico de San Carlos y Molinos: Inversiones y tensión territorial
De acuerdo con el informe publicado por Cuarto Poder Salta, titulado “Yankee Go Home: Caso crítico San Carlos y Molinos”, el departamento de San Carlos y la localidad de Molinos concentran una de las disputas territoriales más agudas de la provincia. La llegada de capitales e inversores (tanto nacionales como extranjeros) atraídos por el desarrollo agroindustrial, vitivinícola y turístico ha incrementado notablemente el valor inmobiliario de las tierras vallistas.
Sin embargo, esta expansión choca directamente con la presencia histórica de comunidades originarias diaguitas calchaquíes y familias campesinas. El lema “Yankee Go Home” emergió en el territorio como una expresión de resistencia comunitaria frente a lo que los pobladores locales denuncian como el avance desmedido de firmas privadas sobre áreas habitadas y trabajadas sin la correspondiente titularización regularizada.
El antecedente de Valle Hermoso: Cuando se vende un pueblo completo
La discusión sobre la “seguridad jurídica” y los límites al capital extranjero adquiere una dimensión histórica crítica al incorporar lo ocurrido en Valle Hermoso (La Rioja), caso abordado por Infobae en la nota “Valle Hermoso: el pueblo que fue vendido completo y se convirtió en un antecedente histórico de la Ley de Tierras”.
Un inversor estadounidense adquirió un predio de 200.000 hectáreas que incluía, dentro de la escritura, a la totalidad del pueblo de Valle Hermoso: sus viviendas, la escuela, la capilla, el puesto sanitario y las fuentes de agua comunitarias.
El caso expuso la falta de salvaguardas estatales para evitar que comunidades consolidadas y recursos estratégicos quedaran privatizados en manos foráneas mediante meras transferencias escriturales.
Tras años de litigio, la justicia de La Rioja reconoció la posesión efectiva de las familias que habitaban el lugar, determinando que los derechos de los pobladores amparados por el uso real y el Código Civil prevalecían sobre la titularidad registral que pretendía el comprador.
Este episodio fue el detonante central para la sanción de la Ley de Tierras en 2011, la cual fijó un límite del 15% a la propiedad extranjera sobre tierras rurales y prohibió expresamente la venta de terrenos con cuerpos de agua permanentes.
Una brecha institucional en el territorio
El escenario en Molinos y San Carlos demuestra que el debate legislativo en torno a la propiedad privada no puede abstraerse de la mora estatal en la regularización dominial. Mientras el Congreso discute el alcance de las garantías para los titulares de tierras, la experiencia histórica indica que omitir la dimensión comunitaria y la posesión real suele derivar en conflictos sociales agudos y en la vulneración de derechos básicos.
“Hay tierras en manos extranjeras con comunidades viviendo adentro”
Rafael Delgadillo, abogado especializado que trabaja con comunidades originarias en la provincia de Salta, abordó la dificultad que enfrentan las comunidades locales frente al avance de emprendimientos o reclamos de propiedad privada, señalando los obstáculos en el acceso a la justicia y la falta de regularización dominial a pesar de los marcos normativos vigentes (como las leyes de relevamiento territorial campesino e indígena).
“Hay tierras en manos extranjeras con comunidades viviendo adentro que corren riesgo de ser echadas. Este proyecto demuestra no sólo la cantidad de tierra extranjerizada sino también la desidia del Estado que no entrega las titularidades a las comunidades”, aseguró.