El proyecto libertario que elimina los límites a la compra de suelo por parte de extranjeros terminó exhibiendo las contradicciones dentro del Oficialismo Provincial y de La Libertad Avanza, entre el discurso de la soberanía y el de la propiedad privada sin condicionamientos.
Don Veronelli
El pasado jueves 6, mientras el Senado de la Nación debatía la media sanción del proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, en Salta ya se sabía que la votación iba a dejar heridas propias. La iniciativa de Nación y redactada bajo la órbita de Federico Sturzenegger llegaba a la Cámara Alta con un capítulo que, hasta último momento, generó rispideces puertas adentro de la coalición oficialista: la eliminación del tope del 15% para la compra de tierras rurales por parte de extranjeros. Ese capítulo terminó cayéndose antes de la votación, pero no sin antes desnudar una pulseada que en la provincia tuvo nombre y apellido propios.
La definición sobre la suerte del capítulo de tierras se precipitó cuando la senadora salteña Flavia Royón, del bloque Primero los Salteños —el espacio que responde al gobernador Gustavo Sáenz—, adelantó que no acompañaría esa parte de la iniciativa. El dato le llegó al senador Diego Santilli a través de una comunicación directa con Royón, y desarmó los números que la entonces funcionaria libertaria Patricia Bullrich decía tener asegurados. Royón no actuó sola: acompañó el giro que ya había marcado su gobernador, que junto a otros aliados provinciales del Gobierno nacional resolvió no bancar esa parte del proyecto.
La maniobra dejó a Salta en el centro de la escena nacional por motivos muy concretos. La provincia es, según relevamientos de organizaciones que siguen el fenómeno, uno de los distritos con mayor extranjerización de suelo del país: nueve de sus departamentos superan los límites que hoy establece la Ley de Tierras Rurales, la misma norma que el proyecto libertario buscaba flexibilizar. Ahí es donde se cruzan los intereses: mientras el Gobierno de Sáenz avaló otras iniciativas libertarias de peso —el Super RIGI en Diputados, la Ley de Glaciares—, en tierras decidió no acompañar, en sintonía con el rechazo que también expresaron sectores de la Iglesia y organizaciones indígenas.
Mientras la pulseada se resolvía en el Congreso nacional, en el Concejo Deliberante de la ciudad de Salta los ediles de La Libertad Avanza salieron a bancar la iniciativa sin matices. El primero en tomar la palabra fue el concejal Pablo López, que buscó desactivar uno de los argumentos centrales de quienes rechazan la reforma —el temor a que la venta de tierras derive en la venta de recursos hídricos—. Apeló a la Constitución Nacional para sostener que «el agua no se vende», en referencia al dominio estatal sobre los recursos naturales que establece el artículo 124.
La defensa libertaria chocó con un frente opositor heterogéneo que integraron desde ediles del arco no libertario hasta una ex senadora nacional del propio Partido Justicialista.
«La tierra gaucha también está en riesgo»: la respuesta desde el peronismo local
El concejal capitalino Gustavo Farquharson fue uno de los que más ruido hizo contra la iniciativa. A un día de la votación en el Senado, en diálogo con Cuarto Oscuro (FM La Plaza), pidió a los senadores nacionales por Salta que «defiendan la soberanía del país y de la provincia» y advirtió que la sesión del jueves marcaría los destinos de millones de argentinos «que se van a ver perjudicados por ceder parte de la soberanía nacional» si el proyecto avanzaba. El edil trazó un paralelismo con un episodio reciente del Mundial 2026, cuando la selección argentina exhibió la bandera de Malvinas tras el partido ante Inglaterra, para sostener que ese gesto había instalado una discusión más amplia sobre soberanía nacional. En esa línea, remarcó que «la tierra gaucha también está en riesgo» y que «están en riesgo los recursos que tiene Salta» de cara a las próximas generaciones.
Semanas antes, cuando el proyecto todavía incluía el capítulo de extranjerización de tierras rurales, Farquharson ya había apuntado contra los legisladores salteños del oficialismo nacional. Los acusó de sostener un doble discurso al pedirles que defendieran el territorio «como defienden la soberanía de Malvinas», en momentos en que —según su lectura— «hay mucha hipocresía» en dirigentes que «entregan el país» mientras enarbolan reclamos de soberanía en otros terrenos.
El cuestionamiento a la coherencia del discurso libertario no vino solo del arco peronista. La ex senadora nacional Sonia Escudero, con extensa trayectoria en el radicalismo y el PJ salteño, salió a criticar la iniciativa de La Libertad Avanza en FM Aries. Escudero puso el eje en la condición de Salta como provincia de frontera y vinculó la discusión sobre tierras con la seguridad territorial y la lucha contra el narcotráfico, al advertir que ceder la faja fronteriza —los primeros 150 kilómetros hacia el interior del país, considerados zona de seguridad— resultaba, en sus palabras, «inadmisible».
Votos salteños divididos
La discusión no encontró al bloque de senadores salteños unificado. Según los relevamientos publicados por medios interesados en el debate legislativo, entre los senadores nacionales que respaldaron la ley de extranjerización de tierras figuraron los libertarios salteños “Manaos” Orozco y «Coqui» Guzmán Coraita, mientras que Royón terminó marcando la diferencia en sentido contrario. Ese contraste —dos senadores de La Libertad Avanza a favor, una senadora aliada al gobernador provincial en contra— sintetiza la fractura que atraviesa hoy al espacio libertario salteño entre la lealtad a la agenda nacional y los intereses que el propio gobierno de Sáenz identifica como prioritarios para la provincia.
La tensión entre “Manaos” Orozco y el sector de Sáenz no es nueva ni se limita a esta Ley de Tierras. En la Legislatura provincial, legisladores del oficialismo local vienen cuestionando a la senadora libertaria por, según denuncian, atribuirle a su espacio político obras que en rigor dependen de organismos nacionales ajenos a su gestión directa, como la reactivación de tramos de la Ruta Nacional 51 en la Puna salteña.
Sáenz condiciona la agenda legislativa
El round de la Ley de Tierras no quedó como un hecho aislado. El gobernador confirmó que los legisladores nacionales que responden a su espacio no acompañarán otro de los proyectos sensibles para las provincias del norte —la reforma a la Ley de Manejo del Fuego— si el Congreso no incorpora los cambios que reclaman las jurisdicciones provinciales. «Hay artículos que van a plantear distintos senadores cuando se debata en particular que deben tener modificaciones», señaló el mandatario, en un mensaje que sonó tanto a advertencia como a método: Salta condicionará su acompañamiento legislativo proyecto por proyecto, y no en bloque, a la agenda libertaria en el Congreso.
Para buena parte de los analistas locales, lo ocurrido con la Ley de Tierras es apenas una muestra de un proceso que ya está en marcha: el reacomodamiento de fuerzas de cara a las elecciones de 2027. El pseudo consultor Gebhard, director de la consultora We, sostuvo en una entrevista reciente que en Salta «ya estamos en campaña», aun cuando falten meses para la instancia electoral formal, y analizó los movimientos que empiezan a insinuarse tanto en el oficialismo provincial como en la oposición.
La Ley de Tierras funcionó como un test de lealtades, Sáenz demostró que puede acompañar al Gobierno Nacional en proyectos de alto impacto económico —como el RIGI minero, ya con inversiones millonarias aprobadas para la provincia— y al mismo tiempo marcar distancia en aquellos puntos que rozan sensibilidades locales muy concretas: la tierra, el agua, la frontera.
La Libertad Avanza salteña quedó expuesta en una contradicción que sus propios adversarios no dejaron pasar: la de un espacio que reivindica la soberanía nacional en el plano simbólico —las Malvinas, la bandera, el Mundial— mientras impulsa, en los hechos, la flexibilización de las reglas sobre quién puede ser dueño del territorio.
Con el capítulo de extranjerización finalmente retirado del texto que llegó al recinto, la discusión de fondo no se cerró: quedó planteada para la próxima vez que el Gobierno nacional intente reflotarla, y para una provincia que, en departamentos enteros, ya convive con niveles de extranjerización de tierra por encima de lo que la ley permite el futuro será una masacre.