Los recientes casos de violaciones en grupo y de una niña abusada por su padrastro reflejan la extrema situación de vulnerabilidad de las salteñas. La Provincia sigue sin implementar la Ley de Educación Sexual Integral y el aborto no punible, y conduce a las niñas a una “Maternidad Infantil Forzada”.
Andrea Sztychmasjter
Fue en la conferencia de prensa de J.M. Urtubey junto al ministro Fernando Yarade, el jueves pasado, cuando el gobernador —para justificar la obstaculización que tiene Salta respecto al Aborto No Punible (ANP) tal como lo estipula el fallo de la Corte Suprema— describió: “La única diferencia que tiene el protocolo de la Corte con el de la Provincia es que la declaración jurada la toma un funcionario del Ministerio Público y no un médico, por justamente pedido de los médicos”*.
El gobernador citó datos del Observatorio de Violencia contra las Mujeres y describió que desde la vigencia del protocolo en Salta se requirieron 16 intervenciones de ANP, de los cuales 8 desistieron “porque cambiaron de opinión” y de la otra mitad, 4 se realizaron y 4 no porque ya habían superado las 12 semanas de embarazo.
La prensa le había consultado puntualmente sobre los datos informados en la última sesión de diputados por la legisladora y médica sanitarista Gladys Paredes (FPV), en base a estadísticas oficiales del año pasado. Las mismas señalan que se registraron 3950 partos de niñas y adolescentes de entre 9 y 19 años en Salta, y que de un total de 3172 mujeres en edad fértil (9 a 44 años) que concurrieron a un centro de salud por alguna complicación relacionada a un aborto (espontáneo, completo, fallido), 547 eran menores de 19 años.
Según lo expuesto por la diputada, los números aportados refutan los datos brindados semanas atrás en la Cámara por la Ministra de Educación, Analía Berruezo, quien señaló que los contenidos de la Educación Sexual Integral (ESI) se brindan en todas las materias de forma transversal y no en una cátedra especifica. Sin embargo, en una entrevista radial la ministra afirmó que los alumnos salteños no saben qué es la ESI. “¿Qué es la ESI? Creo que es la pregunta puntual”, describió y agregó que actualmente los contenidos que se brindan en las aulas referidos a la temática de la educación sexual son dictados por “el profesor de biología y el profesor de ciencias naturales”.
Salta, donde más se viola
Según un informe del Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC), Salta se ubica entre las provincias con más altas tasas de violaciones. La enorme cantidad de casos forzó a que, en 2015, el Procurador General de la provincia, Pablo López Viñals, dispusiera la creación de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual, la cual quedó integrada por tres Fiscalías Penales. Sin embargo, los mismos equipos interdisciplinarios estatales intervienen en los abusos sexuales tanto de niños y niñas como de mujeres adultas y en el marco de distintos ámbitos de relaciones.
La creación de estas nuevas fiscalías que tramitan todas las denuncias de abuso sexual efectuadas en comisarías, subcomisarias o destacamentos policiales y en el ámbito de la Oficina de Orientación y Denuncia del Ministerio Público, produjeron —según las estadísticas oficiales— un aumento importante de denuncias e imputaciones y posteriores condenas. Pese a ello, se observan graves falencias cuando se analiza el acompañamiento del Estado en los casos judicializados, más aun se observa poca contención de manera sostenida en aspectos psicológicos e incluso económicos, claves para la recuperación completa que requiere una víctima. El repaso de los recientes casos de abusos sexuales ocurridos en nuestra provincia da cuenta de ello.
¡Con las niñas no!
El 8 de mayo de este año, en tierras del intendente justicialista Ignacio Jarsún —quien manifestó estar trabajando para ser candidato a vicegobernador si es que Gustavo Sáenz lo invita como compañero de fórmula— una niña de 13 años sufrió un terrible ataque sexual por parte de cinco hombres cuando regresaba a su hogar desde la escuela. Desde ese momento la pequeña se encuentra internada y hasta ahora solamente tres varones están detenidos, (uno de ellos de 17 años) imputados por el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por realizarse por más de dos personas. Pero dos hombres más que participaron del abuso continúan prófugos.
Mónica Menini, quien ya se constituyó como querellante en representación de la familia de la niña, señaló a Cuarto Poder que la nena declarará en cámara gesell. Detalló que la familia no posee recursos económicos y no recibió ninguna asistencia ni legal ni psicológica de parte del Estado. “Sucedió alrededor de las 19, cuando todavía era de día. Fue en una zona conocida como ‘el potrero finca Arizona’ un pasaje rodeado de pastizales de casi dos metros —que el municipio no corta— que usan para acortar camino, Contó que la atacaron entre cinco varones, la golpearon y la violaron. No sabe cuántos abusaron sexualmente de ella”.
El lunes, familiares, amigos y mujeres de diferentes organizaciones se movilizaron por las calles de Rosario de Lerma en repudio. “En la marcha que fue numerosa no hubo ni un concejal ni ningún funcionario estatal”, señaló Menini y agregó que en la Fiscalía no querían que la familia se presente con abogados.
Otro abuso sexual en grupo se dio el mes pasado se hizo público el caso de Belén, quien denunció que fue secuestrada, abusada y abandonada en un descampado por un grupo de hombres en barrio Santa Ana. La fiscal penal de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual, Cecilia Flores Toranzos, ratificó la detención de dos imputados aunque habrían participado al menos cinco hombres.
Mientras que el viernes pasado se inició la audiencia de debate en la Sala IV del Tribunal de Juicio contra el tío de una menor que fue abusada en junio del 2016 en inmediaciones del Río Ancho, en una zona colindante con el Asentamiento Santa Mónica. El tío está acusado de ser el facilitador del delito, aunque no hay detenidos acusados de ser partícipes del mismo.
Maternidad Infantil Forzada
Otro de los casos que tomó estado público fue el de una menor de 11 años quien cursa un embarazo de 19 semanas producto de la violación de su padrastro, quien según se informó oficialmente ya se encuentra detenido por orden del fiscal Federico Obeid. El caso se inició por medio de un informe policial y posteriormente la denuncia de la madre, quien relató que su hija presentaba dolores estomacales por lo cual el miércoles pasado en horas del mediodía acudieron al hospital Materno Infantil, donde se le realizó una ecografía a la menor a fin de determinar el origen de la dolencia. En ese momento la profesional detectó que la muchacha estaba embarazada y fue entonces que ella confesó que había sido abusada.
“Hemos intentado entablar contacto con la familia, pero la única información que tenemos es la que difundieron en la prensa”, respondió la representante de Católicas por el Derecho a Decidir cuando fue consultada sobre la información del caso.
El martes pasado mientras se realizaba un nuevo “pañuelazo” por la despenalización del aborto frente a la Legislatura provincial, Menini junto a la exsenadora Gabriela Cerrano y dos representantes más de organizaciones de mujeres, fueron invitadas por los diputados a mantener una reunión con los presidentes de bloque.
“El tema de la reunión fue el obstáculo insalvable que representa el decreto 1170/12 del gobernador Urtubey para el acceso al aborto legal en especial porque es la causa del creciente índice de Maternidad Infantil Forzada en niñas de entre 10 y 14 años en nuestra provincia. Las niñas llegan a los hospitales con problemas de salud y recién ahí se conoce el estado de embarazo. Es la primera vez que entre llantos ‘denuncian’ que han sido violadas la mayor de las veces en el seno de su hogar. Nunca eso sucede antes de las 12 semanas de gestación que es el plazo que inventó Urtubey y su equipo para obstaculizar un derecho que es de todas las argentinas desde 1921 y reconocido por la Corte de Justicia de la Nación”, manifestó la abogada.
Sin Educación Sexual Integral
Según datos del Operativo Aprender, realizado el año pasado en todo el país, ocho de cada diez alumnxs salteñxs mencionaron a la educación sexual como un tema que falta dar en las escuelas. Un informe realizado por un equipo de la UNSa, especifica que son los docentes quienes más dificultades poseen para la implementación de la ley, puesto que en la mayoría de los casos no han recibido capacitación acorde.
En dicho informe se hace referencia además a la interpretación equivocada de los y las docentes que, al menos en una primera instancia, entienden la Educación Sexual Integral (ESI) como una asignatura específica, con un abordaje aislado y disciplinar, que ellos no están capacitados a dar.
*El 25 de marzo desde el Comité de Bioética y la mesa directiva del Colegio de Médicos de Salta señalaron mediante una solicitada que “el aborto en cualquiera de las etapas del proceso de gestación no es una actividad médica, no es una práctica aceptada ni tolerada, sin acepción de personas ni de intereses económicos”