Pernod Ricard, la bodega francesa que se apropió de 32 hectáreas en Cafayate, sumó otro escándalo por el agua: fue intervenido el consorcio de agua que administraba la empresa y en donde hay un faltante de hasta dos millones y medio de pesos.
Así lo informó Radio Cafayate que en un largo artículo publicada en su web, recuerda que al escándalo por la usurpación de 32 hectáreas que pertenecen a la Municipalidad de Cafayate – que incluye el ilegal bloqueo de un camino provincial, manipulación de documentos, ocultamiento de información – se le suma un nuevo escándalo vinculado al uso ilegal del agua.
El conflicto, detalló Cafayate.com , surge a raíz de la intervención del Consorcio de Usuarios del Sistema Hídrico de los Ríos Chuscha y Lorohuasi en el que hubo reiteradas denuncias por parte de vecinos y empresas integrantes de cobros indebidos y constantes muestras de falta de transparencia. Ante ello, la Secretaría de Recursos Hídricos de la Provincia resolvió la intervención del consorcio y desplazo a la cúpula administrativa que era presidida justamente por la empresa Pernod Ricard a través de su representante, Luis Fernando Torena.
“Al día de la fecha Pernod Ricard, en una actitud de rebeldía y desconociendo la resolución oficial del Gobierno de la Provincia, no paga la prorrata mensual por el uso del agua que el consorcio provee para el riego de sus viñas, lo cual ha generado una deuda aproximada de $250.000 más los intereses por mora, por lo que se intimó reiteradas oportunidades a la empresa para que regularice la situación”, precisa la radio cafayateña.
Eso no es todo, y es que según la información desde la Intervención se le reclama a la empresa que presidia el consorcio que informe sobre el destino de una suma millonaria faltante en los balances y en las cuentas. Se trata de un monto que rondaría los $2.500.000 cuyo destino no está claro y que fuera manejado por esa administración. También se está reclamando por la falta de pago de los aportes sociales de los empleados de planta del Consorcio.
En ese marco, el Interventor José Manuel Avel pidió públicamente a los integrantes del Consorcio aportar la documentación que acreditan los pagos efectuados para intentar develar con más precisión la suma de los fondos faltantes.