Alrededor de 60 familias denunciaron al cuñado de la intendenta Bettina Romero por estafas en la compraventa de terrenos en Cafayate. Pagaron durante cinco años, pero nunca se los entregaron. Temen que la causa no avance por los vínculos del implicado con la justicia. 

Hablar de romerato y de estafas con terrenos es, a esta altura, casi una tautología. En Cafayate se gesta desde hace algunos meses una masiva denuncia en contra del cuñado de la intendenta Bettina Romero por estafas sobre un número indeterminado de personas. Hablamos de Julio Ricardo Lávaque, empresario multirubro que en los últimos años parece haber encontrado un nicho de negocios en el mundo de los desarrollos inmobiliarios.

Hace más de una década, «Don Julio» participó junto a su hermano Francisco, esposo de la intendenta, en el proyecto de urbanización Pueblo Nuevo. Los habitantes del lugar todavía esperan por las escrituras y los servicios básicos. A este antecedente se suma ahora una presunta megaestafa contra decenas de familias por la venta irregular de loteos en inmediaciones del barrio Los Módulos.

A comienzos de 2017 se corrió la voz en Cafayate que camino al cerro de la Cruz había terrenos en venta y a precios llamativamente accesibles. Para acceder a los mismos había que concurrir al domicilio de la Sra. Carmen Rosa Suárez, quien se presentaba como escribana. En el lugar, la mujer explicó a los interesados que había que abonar al señor Julio Lávaque, dueño de las tierras, a través de ella las correspondientes cuotas. Muchos de los compradores accedieron inclusive a las cédulas parcelarias, donde consta que el catastro en cuestión es el 6545 de la ciudad de Cafayate. Suárez, en todos los casos, aclaraba que Lávaque le había otorgado un poder para cobrar los correspondientes pagos. Una vez concretado el primero, los clientes recibieron un recibo con la firma de ambos y una carpeta con la denominación del proyecto urbanístico: Terrazas de Cafayate,

El coqueto nombre elegido para el emprendimiento parece poco coincidente con el target de clientes a los que se apuntó: empleados vitivinícolas, trabajadores informales, obreros de la construcción, etc. Algunos eran oriundos de Catamarca, Buenos Aires, Salta y Tucumán, muchos de los cuales tuvieron que vender pertenencias para llegar a cumplir cabalmente con el pago de las cuotas. 

Uno de los aspectos en común en todas las denuncias es que los afectados aseguran no haber firmado ningún contrato de compraventa. A casi seis años de haber sellado aquel acuerdo de palabra y habiendo cumplido con el pago de las 60 cuotas acordadas, ninguno de los inversores recibió el terreno, mucho menos los boletos de compraventa. Las denuncias fueron presentadas ante la fiscal de Cafayate, Sandra Rojas, quien enfrenta denuncias previas por prevaricato en el caso de las 32 hectáreas usurpadas al municipio por la bodega Pernod Ricard.

Testimonios

José Luis Abraham es vendedor ambulante y reside actualmente en la provincia de Tucumán. A lo largo de cinco años cumplió exhaustivamente con el pago de las cuotas requeridas para acceder al ansiado terreno. La última que pagó -la número sesenta- fue a principios de este año. «Ahora nos damos con que no tiene nada el hombre», reclamó. 

En diálogo con Cuarto Poder, Abraham recuerda que Lávaque «siempre nos decía que ya nos iba a entregar y nada. La explicación es que es muy poco lo que le hemos dado nosotros. Pero el trato eran 60 cuotas. No nos dieron ningún papel, sólo un recibo con la firma de Lávaque y de ella (Por Carmen Suárez)».

Las primeras cuotas tenían un valor de $2500, cuando representaban un poco más de 148 dólares al tipo de cambio paralelo. Ocho meses después pasaron a $3000 mensuales. «Yo vivía en Cafayate y me entero que había terrenos que se estaban vendiendo. Eran de 10 x 28 mts. Yo quería vivir en Cafayate porque le prometí a mi hija antes de morir que viviría ahí. Cuando mi hija falleció quedamos muy mal y nos vinimos a Tucumán», recuerda.

Cuando llegaba la fecha de pago, José Luis viajaba religiosamente a la tierra del vino para llevar el dinero y de paso se quedaba vendiendo en el pueblo. Todos los pagos se hacían en el domicilio de la escribana Suárez. «Una vez vendí la moto para pagar siete cuotas juntas. Había gente de Buenos Aires, Catamarca y Salta. Mucha gente compró de contado, ellos hacían otro trato y tenían otro precio. Pero no vi que le hayan entregado terrenos a nadie», acota.

Raúl Condorí es remisero y también integra la larga lista de damnificados por el accionar de Lávaque. «Yo me enteré por que corrió la voz que se estaban vendiendo terrenos, entonces me fui a anotar. Éramos más de cien familias inscriptas. Supuestamente eran cinco años de pagos, pero ya hemos pagado más de 60 cuotas. En una reunión que tuvimos con él (por Lávaque) hace casi siete meses, se comprometió a entregarnos los terrenos. Yo ví que venía este problema y dejé de pagar las cuotas, habré llegado a 50 más o menos», relató a Cuarto Poder

Al igual que José Luis, Raúl asegura no haber firmado ningún contrato con la escribana Suárez. «Todo fue verbal, nos entregaron una carpetita que decía ‘Terrazas de Cafayate’ con el pago de la primera cuota. Hoy en el lugar no hay nada. No está ni limpio el terreno. Los recibos solamente decían que se pagaba por un terreno. Se había iniciado con $2500 y el acuerdo era que un año antes del cumplir con las 60 cuotas se iban a entregar. Pero hasta ahora no conozco nadie a quien le hayan entregado el terreno», remarcó. «La mayoría son gente que está peleando por un terreno, trabajadores vitivinícolas, personas que trabajan en el campo o la construcción y mayormente alquilan», añade. 

Abrochando negocios

En junio del año pasado salió a la luz un escándalo en el municipio viñatero a partir de la sospechosa adjudicación de la adoquinera municipal a Julio Ricardo Lávaque. La maquinaria que había sido adquirida en una cifra millonaria por la Municipalidad de Cafayate fue alquilada a Julio Ricardo Lavaque por 20 años, con tres de gracia, en un proceso plagado de desprolijidades.

Según publicó Radio Cafayate, el contrato establece que durante tres años Lávaque no pagara nada a la Municipalidad y se fija para cuando empiece a pagar un monto mensual de 150 mil pesos, que se actualizarán según el Índice de la Construcción (IC) INDEC, de manera anual.

Según se puede ver en el contrato, la empresa “ULY SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA UNIPERSONAL” que recibe la fábrica no tiene aún un CUIT activo y figura en formación. En su lugar figura como representante Julio Ricardo Lavaque con su DNI. Al revisar el CUIT perteneciente al empresario al momento de la adjudicación del contrato, la actividad que figura es de SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL. Actividad que no especifica si el titular ha realizado alguna vez trabajos referidos a la producción de materiales de construcción.

A eso debe sumarse el resistido proyecto de megacultivo de 240 hectáreas de cannabis en Cafayate, que tiene a Lávaque como uno de los apoderados. De la resolución publicada el año pasado surgen varias incógnitas. En septiembre de 2021 el gobernador Sáenz informó a la ministra Vizzotti que «este gobierno vería con agrado se agilicen los trámites tendientes al otorgamiento de todos los permisos o autorizaciones tendientes a la puesta en marcha del futuro proyecto”. 

El proyecto, presentado ante el Ministerio de Salud en octubre de 2021, aún no cuenta con aval oficial, la participación del INTA es incierta y no se especifica en qué matrícula se llevará a cabo del proyecto. Un misterio que hasta el día de hoy los cafayateños no pueden develar.