A menos de un año del inicio formal del calendario electoral, la discusión sobre una eventual candidatura de Gustavo Sáenz para un nuevo mandato dejó de ser un debate reservado a constitucionalistas. Hoy atraviesa toda la política salteña: condiciona los movimientos del oficialismo, ordena a la oposición peronista, pone bajo la lupa a la Corte
de Justicia y anticipa una batalla que se librará tanto en los tribunales como en la opinión pública.
DON VERONELLI
La controversia tomó nuevo impulso luego de que el exgobernador Juan Manuel Urtubey volviera a pronunciarse sobre el tema. Su planteo fue simple pero significativo: la legalidad de una eventual candidatura corresponde a los jueces, mientras que la legitimidad será evaluada por la ciudadanía. Con esa definición buscó ubicarse en una posición de prudencia institucional, evitando anticipar un fallo pero dejando claro que, a su criterio, la cuestión jurídica todavía está lejos de estar resuelta.
Detrás de esa discusión jurídica está la disputa política profunda. El oficialismo intenta instalar la idea de que impedir una nueva postulación equivaldría a una proscripción, mientras que sus adversarios sostienen que se trata simplemente de definir si el gobernador cumple o no con los requisitos constitucionales para volver a competir. La diferencia parece semántica, pero en realidad es decisiva, de ella dependerá la interpretación pública de cualquier fallo que se produzca en los próximos meses.
El origen del conflicto
La raíz está en la reforma constitucional provincial aprobada en el año 2021, la Constitución de Salta permitía la reelección consecutiva bajo reglas distintas a las actuales. La modificación impulsada durante la gestión de Sáenz estableció que gobernador y vicegobernador sólo pueden ser reelegidos una vez de manera consecutiva.
El problema surge porque el actual mandatario asumió en diciembre de 2019, es decir, dos años antes de la reforma. Luego fue reelegido en 2023 junto a Antonio Marocco. La cuestión central es determinar si el período iniciado en 2019 debe computarse dentro de los límites fijados por la reforma o si las nuevas reglas sólo deben aplicarse hacia adelante.
Ya lo dijimos: La ausencia de una cláusula transitoria explícita que resuelva ese punto abrió la puerta a interpretaciones contrapuestas y alimentó un debate que, cinco años después, sigue sin una respuesta definitiva.
Dos interpretaciones enfrentadas
Quienes sostienen que Sáenz podría competir nuevamente argumentan que las normas constitucionales no se aplican de manera retroactiva. Desde esa mirada, el período iniciado en 2019 no debería computarse porque comenzó antes de la entrada en vigencia de la reforma. Según esta interpretación, el mandato 2023-2027 sería el primero bajo las nuevas reglas constitucionales y, por lo tanto, el gobernador estaría habilitado para presentarse una vez más en 2027.
Esta posición encuentra respaldo en juristas y exconvencionales constituyentes que sostienen que la intención política de la reforma nunca fue impedir una futura candidatura de quien ya se encontraba ejerciendo el cargo cuando se modificó la Constitución.
Los sectores opositores afirman que la lectura correcta debe realizarse sobre el texto actualmente vigente y no sobre las intenciones atribuidas a quienes redactaron la reforma. Bajo ese criterio, Sáenz ya habría ejercido dos mandatos consecutivos como gobernador, el iniciado en 2019 y el que concluirá en 2027, por lo que una nueva postulación resultaría incompatible con el límite constitucional.
La fortaleza de esta posición radica en la interpretación literal de la norma y en la idea de que cualquier excepción debería haber quedado expresamente prevista en una cláusula transitoria, algo que finalmente no ocurrió. Más allá de los aspectos técnicos, el debate ingresó en una dimensión política cuando el propio Gustavo Sáenz afirmó que impedir su candidatura equivaldría a una proscripción.
La utilización de ese término no es casual. En la tradición política argentina, la palabra remite a situaciones de exclusión electoral que exceden una mera discusión reglamentaria y evocan restricciones a la participación democrática.
Con esa estrategia discursiva el oficialismo busca que una eventual decisión judicial adversa sea interpretada no como la aplicación de una norma constitucional sino como una limitación al derecho de los ciudadanos a elegir libremente a sus representantes.
La oposición rechaza de plano esa definición y Urtubey ha sido uno de los más enfáticos al sostener que el debate no pasa por una proscripción sino por las condiciones de elegibilidad que exige la Constitución. Desde esa perspectiva, si una persona no reúne los requisitos legales para competir, no existe proscripción alguna, sino el cumplimiento de reglas que alcanzan a todos los candidatos por igual.
El término también expone una contradicción en la política peronista, diistintos dirigentes utilizan la palabra “proscripción” para referirse a la situación judicial de Cristina Fernández de Kirchner, mientras rechazan que pueda aplicarse al caso de Sáenz. Por eso la discusión no es solamente jurídica: también es una disputa simbólica sobre quién tiene legitimidad para apropiarse de un concepto con una fuerte carga histórica.
El papel de la Justicia
Aunque la política intenta instalar posiciones anticipadas, el conflicto terminará inevitablemente en los tribunales. La Corte de Justicia de Salta aparece como el primer escenario institucional donde deberá resolverse la controversia. También podría intervenir el Tribunal Electoral en caso de que una candidatura sea impugnada formalmente.
Existen antecedentes que alimentan las expectativas de ambos sectores. Algunas interpretaciones sostienen que fallos previos dejaron entrever criterios favorables a la no contabilización de los mandatos que estaban en curso al momento de aprobarse una reforma. Otras lecturas afirman exactamente lo contrario y sostienen que la jurisprudencia reciente demuestra que las reformas pueden producir efectos sobre funcionarios que ya se encontraban ejerciendo sus cargos.
Esa ambigüedad explica por qué ningún sector puede afirmar hoy con certeza cuál será el desenlace. Tampoco debe descartarse una eventual instancia federal. Diversos actores políticos observan con atención la posibilidad de que la cuestión termine llegando a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, especialmente si el conflicto adquiere relevancia institucional o genera interpretaciones contradictorias entre distintos tribunales.
Un problema político antes que electoral
La principal dificultad para el oficialismo no es únicamente el resultado final del litigio, sino la incertidumbre. Si la definición judicial se demora demasiado, la provincia podría ingresar en la campaña electoral sin saber quién encabezará efectivamente el proyecto oficialista. Ese escenario obligaría a preparar alternativas, evitar fracturas internas y administrar tensiones crecientes dentro de la coalición gobernante.
En ese contexto comenzaron a circular nombres de posibles reemplazos en caso de que la candidatura de Sáenz no prospere. Al mismo tiempo, sectores del peronismo opositor trabajan en la reconstrucción de un espacio que reúna a dirigentes como Juan Manuel Urtubey, Pablo Kosiner y otros referentes alejados del oficialismo provincial.
La incógnita también condiciona a intendentes, legisladores y dirigentes territoriales que deben definir estrategias sin conocer todavía quién será el principal candidato del espacio gobernante. Hoy no existe ningún fallo definitivo que permita afirmar de manera concluyente si Gustavo Sáenz podrá o no competir por un nuevo mandato en 2027.
Lo que sí puede afirmarse es que ambas posiciones cuentan con argumentos jurídicos atendibles y que la falta de una cláusula transitoria clara dejó una zona gris que terminará siendo interpretada por los tribunales.
Más que una discusión cerrada, se trata de un proceso político y judicial en pleno desarrollo. Las próximas señales relevantes serán la eventual presentación de acciones judiciales concretas, las decisiones del Tribunal Electoral y la estrategia que adopte el oficialismo respecto del cronograma electoral.
La controversia seguirá girando alrededor de dos conceptos que resumen toda la disputa. Para el saencismo, el eje es la proscripción. Para sus críticos, la elegibilidad. La resolución de ese conflicto semántico será casi tan importante como el fallo que finalmente emitan los jueces.