El espectro del lobbysmo político-empresarial sobrevuela en el enfrentamiento entre taxistas salteños y Uber. La plataforma tecnológica que amenaza con hacer perecer las lógicas tradicionales del transporte urbano, ha dado sobradas muestras en el mundo de que con vínculos en la política, instalar y expandir un negocio es más sencillo. (Nicolás Bignante)
Así lo entienden y lo interpretan los trabajadores del volante de Salta y Jujuy, quienes observan con asombro cómo legisladores y funcionarios convocan con entusiasmo a participar de conferencias y charlas sobre la nueva plataforma.
La disyuntiva que enfrentan remiseros y taxistas en Salta ante la llegada de Uber no resulta muy motivadora. Los trabajadores deben decidir entre adaptarse a un contexto laboral poco alentador, o resistir y perder temprano o tarde en la carrera tecnológica.
La reciente irrupción de la federación de taxistas en una conferencia, donde estaba prevista la disertación de representantes de Uber; le dio un condimento local a una disputa que, hasta ahora, parecía una amarillenta novela porteña. Las charlas y conferencias de la multinacional propagadas por todo el país se hacen a instancias de socios locales y de voluntariosos impulsores de la «modernización». Para los trabajadores del volante, las versiones salteña y jujeña de esos interesados interlocutores comparten apellido.
A comienzos de agosto de este año, el diputado provincial Matías Posadas mantuvo una reunión con el legislador de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Marcelo Guouman. El motivo de la junta: hablar sobre la experiencia de Uber y los proyectos que buscan regularizar el servicio. Más tarde, el diputado salteño declararía que se debe estudiar el caso y que, teniendo en cuenta el turismo que hay en Salta, no se debería negar la calidad de este servicio a la provincia.
Esta última justificación, no resulta para nada antojadiza para los trabajadores de taxis y remises, ya que trae a colación el papel que su hermano Federico viene llevando a cabo como ministro de Turismo y Cultura de Jujuy. Con idénticos argumentos a los que expresa el funcionario de la provincia vecina, Matías Posadas es al menos hoy, el único miembro de la clase política salteña con un expreso interés en la llegada de Uber.
El caso del Posadas jujeño es un tanto menos discreto. El mes pasado, el ministro de Turismo y Cultura convocó al CEO de Uber en Argentina, Mariano Otero, para que diera a conocer los beneficios del servicio en la Expo-Jujuy 2018. El funcionario declaró por entonces: «Estamos planteando la posibilidad de que se instale en la provincia en función de que es algo que funciona muy bien en las grandes ciudades del mundo, sobre todo vinculado al turismo».
La presentación, al igual que en Salta, fue suspendida por la presión de los trabajadores y por la oposición de concejales y referentes municipales jujeños; a quienes compete el ordenamiento del transporte público en esa ciudad.
Cuarto Poder dialogó con la referente de Taxistas Unidos Independientes de Jujuy, Mónica Bertolone, quien encabeza los reclamos en contra del desembarco de Uber en esa provincia. «Hay intenciones de querer traer a Uber al noroeste argentino porque es un paquete rentable de turismo. El ministerio de Turismo está ofreciendo un servicio a través de internet donde presentan los hoteles para turistas con transporte de pasajeros incluido, que no es el taxi amarillo legalmente habilitado» aseguró Bertolone.
El exministro de Turismo de Salta, ya había manifestado con anterioridad sus intenciones de que la firma desembarque en Jujuy integrando a conductores de taxis y remises: «Es la forma en la que creemos que se podría implementar» sostuvo por entonces a El Tribuno de Jujuy. En la provincia vecina, la controversia en torno al desembarco de Uber generó más de un cortocircuito entre la cartera que preside Federico Posadas y el municipio de San Salvador de Jujuy, hoy gobernado por el radical Raul Jorge, cercano a Morales. «Nosotros pensamos que tienen un interés, no sé si económico, pero algún interés tienen en que la empresa ingrese al Norte» insistió Mónica Bertolone.
En Salta, el reclamo de remiseros por la propiedad de las licencias, abrió una vez más el interrogante sobre las competencias municipales y provinciales en la regulación del transporte urbano. Desde AMT descartaron que la plataforma pueda llegar a Salta en el corto plazo, sin embargo, esto no deja más tranquilos a los choferes. El referente de la Federación Argentina de Conductores de Taxis, Raul Saldaño, manifestó a Cuarto Poder que desde hace tiempo advierten maniobras sospechosas para convencer a taxistas de trabajar para Uber. «A través de grupos de WhatsApp administrados por números de Capital Federal a algunos compañeros les llegó la invitación para sumarse. Ellos acceden a información de los conductores como la cantidad de viajes que hacen y les proponen que pasen a ser conductores de Uber». Saldaño asegura que de esa forma se convocó a los choferes a participar de una reunión informativa con representantes de la empresa en el hotel Sheraton y luego de la conferencia en la sede de OSDE.
En relación a Matías Posadas, el referente de los taxistas señaló que «sospechamos desde hace tres meses por sus declaraciones. Nos empezamos a enterar que el hermano también lo había manifestado y nos empezó a oler feo».
El diputado provincial, quien ya desnudó sus pretensiones de ser intendente el año próximo, se refirió a las sospechas de los taxistas. Si bien aseguró que la llegada de la plataforma de transporte es inviable por la normativa actual, consideró que implementar el sistema tecnológico de Uber en el transporte impropio de pasajeros sería provechoso. «Utilizar la tecnología e incorporarla al sistema impropio sería bueno. Hay lugares donde funcionan este tipo de plataformas digitales, pero se autorizan sólo para quienes tienen licencias» sostuvo Posadas en FM Pacífico. El sistema mixto que sugiere el legislador es idéntico al que propone su hermano en Jujuy y que cosechó una severa resistencia por parte de trabajadores y políticos.
Uber arribó a la Argentina hace dos años y hoy cuenta con 900 mil personas registradas para manejar y alrededor de 4 millones de usuarios. En el país, una sola provincia aprobó y autorizó su funcionamiento: Mendoza. Allí, las reglas se ampararon en el código Civil y Comercial de la Nación. Se trata de una empresa de tecnología, no de transporte; por lo que su legalización está sujeta a dos causas judiciales en curso. Los conductores de taxis y remises de todo el país llevan adelante la oposición más frontal a la implementación de este sistema. Donde unos ven desarrollo y avance tecnológico, muchos trabajadores ven precarización, evasión e informalidad.