En el departamento San Martín, una obra emblema de la desidia y la corrupción cumple nueve años sin concretarse. Miles de familias originarias se ven privadas de acceder al suministro eléctrico y a la iluminación en una zona azotada por la crisis social y humanitaria.(Nicolás Bignante)
Los últimos partes oficiales relativos a una de las obras más trascendentales para el departamento San Martín, la electrificación Tartagal-Tonono, datan de julio de 2015. El entonces director Ejecutivo del Fondo de Reparación Histórica, Juan Carlos Galarza, posaba para las cámaras «supervisando» los avances de la obra en un pobre montaje que no le requirió separarse ni tres metros de su camioneta de alta gama. Según el ingeniero, en aquella oportunidad, se constató un avance físico del 20%, destacando que la obra estaba en etapa de ejecución de bases y colocación de columnas. Este último término, es el que Galarza eligió para referirse a los rudimentarios postes de madera enterrados al costado del camino de ripio que generosamente llamamos ruta 86.
A cinco años de aquella parodia no se colgó ni medio metro de la línea de 33 kva que la municipalidad de Tartagal tenía previsto comprar, se desembolsó casi la mitad del presupuesto inicial, los costos se cuadruplicaron y las comunidades que habitan los márgenes de la ruta no logran encender ni una lámpara de 30 watts.
Recientemente, el intendente de Tartagal Mario Mimessi se refirió a la obra como una «verdadera reivindicación para las necesidades de la gente de la zona». Su antecesor, Eduardo «Chanchín» Leavy, esquivó pedidos de informe del concejo deliberante en un número que, ni siquiera sus opositores que hoy gobiernan la ciudad norteña, logran precisar. La obra fue presentada y asentada en los registros del Fondo de Reparación Histórica a días de su lanzamiento en 2011. Inicialmente fue asignada a la municipalidad de Tartagal bajo convenio con la Secretaría de Asuntos Municipales del Gobierno de la Provincia, con un presupuesto de $7 millones. El municipio, a su vez, subcontrató a la empresa J. P. Garín Construcciones, que se retiró del lugar aduciendo conflictos con las comunidades de la zona.
A lo largo de los 33 kilómetros que separan la ciudad de Tartagal del paraje Tonono por la ruta 86, habitan miles de familias originarias que carecen de suministro eléctrico y padecen en carne propia los resultados de años de postergación. La crisis social y sanitaria que a comienzos de año dejó como saldo varias muertes por desnutrición, empujó a muchos de los miembros de las comunidades a presionar al municipio y las empresas para acceder a trabajos. En algunos casos, como en las obras previstas para Santa Victoria Este, esto se traduce en contrataciones irregulares y en niveles salvajes de explotación.
A mediados del año pasado, el actual intendente y el ex jefe de ministros Fernando Yarade, congeniaron un nuevo plan para culminar la obra. Aunque parezca increíble que a ocho años de su lanzamiento sea necesario cranear alternativas para terminar un tendido eléctrico, Yarade y Mimessi acordaron beneficiar impositivamente a empresas privadas para que se hagan cargo del embrollo. Las firmas en cuestión eran Edesa y la productora de alimentos Desde el Sur. Esta última, accedió en el mismo período a un préstamo del BID por u$s30 millones para la construcción de un feedlot con una capacidad de 80.000 cabezas. El 40% de esos fondos fueron destinados a ampliar sus redes de sistematización y conducción de agua a nivel parcela, en un municipio donde el acceso al líquido esencial es un privilegio del que están privados miles de habitantes. En 2018, además, ya había accedido a un préstamo del banco holandés Rabobank por u$s15 millones para el procesamiento de legumbres.
Ni el municipio, Ni Garín Construcciones, Ni Edesa, Ni Desde el Sur avanzaron más allá de la colocación de los travesaños de madera que Galarza «supervisó» y fotografió allá por 2015. De hecho, algunas de esas estructuras fueron robadas meses más tarde y hoy deben ser reemplazadas.
Al día de hoy, la provincia pagó por la instalación de los postes de madera al costado de la ruta unos $3.144.400,00, lo que supone un avance financiero cercano al 45% del presupuesto inicial. En los registros oficiales actualizados, el dato fue eliminado; mientras que el avance físico de ejecución, está consignado en 0,00%. Entre las observaciones se detalla que la obra deberá finalizarse con fondos del Plan Bicentenario; es decir, empezar de cero, con partidas provenientes de otro programa por el que ya se volcaron 300 millones de dólares.
Si el asunto en sí mismo resulta difícil de comprender, mucho más increíble aún es el hecho de que la obra haya sido incluida, al menos en dos oportunidades, en el presupuesto municipal de la ciudad de Tartagal. Los concejales llamaron la atención en más de una oportunidad sobre los costos significativamente superiores con los que se había asentado el ítem «Electrificación Tonono». A comienzos de 2018, el municipio comandado por el hermano de Sergio Leavy preveía desembolsos $13,2 millones; a comienzos de 2019 esa suma asciende a $22,8 millones y en junio de ese mismo año, el actual intendente proyectaba un costo de $27 millones; es decir, cuatro veces por encima del presupuesto inicial y habiendo pagado una suma importante por la colocación de postes.
El olvido que se lleva vidas
En octubre de 2014, en la escuela del paraje El Bobadal sobre la ruta 86, fue asesinada la docente rural Evelia Murillo, en absoluta soledad y sin poder pedir auxilio. Una colega de la maestra que trabajaba a 6 kilómetros del establecimiento tomó conocimiento del hecho recién ocho horas después de su muerte a través de un mensaje de texto que le envió una joven wichí. Esa noche, en el intento de defender a una de sus alumnas, Evelia echó del lugar a José «Maco» Cortéz, quien le había ofrecido dinero por sexo a su alumna. El hombre regresó con un arma de fuego y disparó contra la docente, quitándole la vida.
El intendente Sergio Leavy reconocería días después que la escuela se encontraba totalmente aislada y sin señal de celular. Además de no poseer mecanismos para entrar en contacto con las comunidades o la ciudad, el establecimiento se encontraba rodeado de agua por las intensas lluvias. Al igual que Evelia, la postergación y la precariedad siguen azotando a miles de habitantes de la ruta 86 que ven pasar gobiernos, promesas, planes de obras y adjudicatarios sin que sus demandas lleguen a materializarse.
