El Senado votará los proyectos de ley que apunta a retrotraer la suba de las tarifas de los servicios públicos a noviembre de 2017, pero hay polémica por el orden de los temas a tratar durante la jornada, ya que el oficialismo quiere votar primero las tres iniciativas que reemplazarían al «mega DNU».
La sesión especial está convocada para las 14 pero antes, desde las 11, los jefes de todos los bloques se reunirán para tratar de llegar a un consenso en torno al temario y al orden del tratamiento de los distintos proyectos.
En el decreto de convocatoria a la sesión, la presidenta del Senado, Gabriela Michetti, puso al tope del temario los tres proyectos de ley del oficialismo sobre «desburocratización y simplificación» del Estado, que reemplazarían al llamado «mega DNU» y que ya tienen aprobación de la Cámara de Diputados.
La oposición advirtió que el decreto es contrario al reglamento y, en consecuencia, en la reunión prevista para este miércoles a las 11 planteará que se hagan dos sesiones especiales (una con los proyectos que reemplazan al «mega DNU» y otros temas, y otra con tarifas) o bien que se cambie el orden del temario y se empiece con la discusión sobre las tarifas.
En este sentido, el presidente del Frente para la Victoria-PJ, Marcelo Fuentes, envió una nota a Michetti en la que se anticipó a la reunión y le solicitó «brindar tratamiento en primer lugar al dictamen» del proyecto referido a los aumentos tarifarios.
Si bien esa discusión tiene final abierto, el Senado comenzará a debatir a partir de las 14:00 y el tema central de la jornada será el de las tarifas, para el cual hay dos proyectos, uno de del Bloque Justicialista, con el respaldo del kirchnerismo y otro de Cambiemos.
El proyecto de la oposición, que ya fue aprobado por Diputados y será convertido en ley si sale del Senado, establece que las tarifas de gas, electricidad y agua se retrotraigan a valores de noviembre de 2017 y que las subas no superen la variación salarial para usuarios residenciales y la variación de precios mayoristas, para las pymes.
La iniciativa del oficialismo, en tanto, propone rebajar el IVA que se paga sobre las facturas, con una alícuota del 10,5% para usuarios residenciales (la mitad del 21% que pagan actualmente) y del 21% para pymes (que pagan el 27%).