FUNDARA, la fundación que preside Bettina Romero, difundió un análisis sobre el presupuesto 2017 que las cámaras alta y baja de la provincia aprobaron hace unas semanas.
Para la asociación civil, el presupuesto provincial asciende a más de 48.730 millones de pesos, de los cuales los recursos corrientes representan un 81,49%, los recursos de capital un 11,52% y los recursos provenientes de fuentes financieras un 6,9%.
De los primeros que puede tener de libre disponibilidad, un 74,52% provienen de Nación, 27.390 millones de impuestos nacionales que se coparticipan y 2.206,4 millones de pesos, pertenecientes a otras transferencias nacionales. “Lo que implica una marcada dependencia de la administración provincial con respecto a las transferencias nacionales. Esta dependencia, casi estructural, no se ha visto modificada, pese a un incremento de la presión tributaria provincial”, precisa el informe.
De los recursos de capital, la participación de las transferencias nacionales es mayor al 82,17%. Siendo 4.614 millones, de los 5.615 totales presupuestados con esta finalidad.
Con respecto a los gastos, el informe se detiene particularmente en lo referido al gasto en Personal que sigue siendo la mayor erogación: se estima que llegará al 46,79% de la totalidad de los recursos. Sin embargo, se enfatiza, “lo que preocupa es que la provincia se encuentra a un paso de incumplir con el Art. Nº 4 de la Ley Provincial 7.030 de Responsabilidad Fiscal de la Provincia, en este articulado, se expresa que la partida de los gastos en personal no podrán superar el 65% de los recursos corrientes netos de la administración provincial”. Durante el 2017, el gobierno está presupuestando un gasto en personal que representa el 64,60% es decir 40 décimas a incumplir la ley.
El gasto en obra pública se estima en más de 6.606 millones, es decir un 13,56% del presupuesto, de los cuales 4.614 millones aporta la Nación, es decir, que el 70% de los recursos destinados para obra pública provendrán de la administración nacional.
Finalmente el reporte se detiene en las transferencias a los municipios salteños de lo que dice que la provincia tan solo distribuirá un 9,75% de la totalidad de los recursos. “En este punto hay que detenerse, dado que resulta de manera urgente un tratamiento del decreto ley 5.082 y modificar el régimen de coparticipación vigente, dado a que de los recursos con los que cuenta la provincia, la misma concentra el 90,25% mientras que para la totalidad de las administraciones subprovinciales, sólo se destina un 9,75%”.
Se tiene que tener en cuenta a su vez que en este presupuesto se contempla la devolución Ley 7930, por la que en este año, Nación, transferirá a la provincia 1.411 millones de pesos adicionales.
La conclusión a la que llega el informe es el siguiente: “como puede verse, este presupuesto no involucra una asignación de recursos diferentes a las de años anteriores, mostrando una preeminencia del gasto en personal y una menor participación de la inversión en obra pública, la que en su mayoría depende de transferencias nacionales. Sino que también, pese a propugnar un mayor incremento de las transferencias a los municipios, se encuentra aún la provincia concentrando más del 90% de los recursos con los que cuenta”.