Un médico que decide hablar, un sistema que empieza a caer y una estafa millonaria que hoy estalla a la vista pública. Mientras el IMAC intenta blindarse y la Justicia acelera, se confirma lo que Cuarto Poder había revelado mucho antes: el iceberg siempre estuvo ahí.
El escándalo que envolvió esta semana al Instituto Médico de Alta Complejidad (IMAC) comenzó con un gesto que, en otros tiempos, habría pasado inadvertido: un médico que decide hablar. El doctor Edmundo Falú —profesional de trayectoria sobria— denunció que su firma y su sello habían sido falsificados para autorizar tratamientos médicos de altísimo costo. Una acusación de una gravedad evidente, pero cuyo impacto inicial se multiplicó apenas el ministro de Salud, Federico Mangione, decidió intervenir: “Se pagaron diagnósticos que no existían; es una estafa millonaria”, declaró, dejando al descubierto un mecanismo aceitado de prestaciones fraudulentas.
Mangione detalló que el Instituto Provincial de Salud (IPS) detectó más de 100 millones de pesos en servicios inexistentes. No se trataba de errores administrativos, sino de un patrón sostenido: diagnósticos que jamás se realizaron, internaciones sin pacientes y procedimientos inexistentes, todos amparados por la firma falsificada de Falú. La expresión “estafa millonaria” dejó de ser metáfora para transformarse en conclusión técnica de la auditoría estatal.
El IMAC quedó súbitamente bajo la lupa. Una institución que durante años operó en un limbo de prestigio, poder económico y vínculos políticos ahora aparece, según la denuncia estatal, como escenario de maniobras que exceden cualquier descuido administrativo.
Pero si las revelaciones del ministro supusieron un terremoto institucional, la reacción mediática del IMAC —más cercana al marketing de crisis que a la transparencia— terminó de confirmar que el caso recién empieza.
Romerato al rescate: solicitadas, entrevistas y discurso de ocasión
Cuando un escándalo sacude al poder, el romerato jamás tarda en ofrecer micrófono. Y el caso del IMAC no fue la excepción. El jueves pasado, dos publicaciones centrales en El Tribuno, el diario propiedad de la familia Romero, marcaron el inicio de la contraofensiva discursiva del Instituto Médico.
La primera: una solicitada de página completa —una ubicación estratégica, nada casual— firmada por Fernando Saavedra, presidente del directorio del IMAC. Allí, Saavedra negó categóricamente las acusaciones por el uso indebido de la firma de Falú y aseguró que el profesional sí había trabajado para la institución. No sólo eso: afirmó que “cada internación o procedimiento fue verificado en terreno por auditores del organismo público correspondiente”, dando a entender que nada de lo facturado podría considerarse irregular.
El texto, sin embargo, revelaba más de lo que quería ocultar. La redacción —evidentemente elaborada con herramientas de inteligencia artificial— incluía afirmaciones tan solemnes como insustanciales: “No puede pasarse por alto la posible existencia de una intencionalidad política o económica detrás de estas acusaciones infundadas”.
La “intencionalidad política” aparece, una vez más, como el comodín discursivo de quienes prefieren cuestionar a los denunciantes antes que responder la denuncia.
La segunda publicación fue aún más elocuente. El Tribuno le dedicó la página 3 completa —un lugar reservado históricamente para operaciones de prestigio— a un mano a mano con Saavedra. Desde la primera línea, la entrevista exhibía una inversión de roles tan burda como ilustrativa:
—“¿Qué tiene usted para decir al respecto?”
—“Primero, que como título de la nota debería ser ‘todo raro’”.
Y, como no podía ser de otra manera, el diario obedeció: el artículo se tituló “Caso IMAC: ‘Todo raro, no encontramos facturación apócrifa’”.
Consultado sobre qué era exactamente lo “raro”, Saavedra respondió con sinceridad involuntaria: le parecía extraño que todos los medios difundieran la denuncia. En esa parte, habría que darle la razón. Cuando Cuarto Poder reveló que el IMAC habría recibido una cantidad desproporcionada de cápitas del PAMI, ningún medio replicó la información. La atención de la prensa hegemónica es un fenómeno selectivo, y el romerato selecciona con criterio propio.
Saavedra continuó su defensa afirmando que una investigación interna no encontró facturación falsa y que tampoco pudieron verificar que el sello de Falú se haya utilizado de manera indebida. Nada, dijo. Ni una irregularidad. Cero.
Pero cuando el periodista le preguntó —quizás sin pretenderlo— de dónde salen entonces los 100 millones de pesos que detectó el ministro, Saavedra ofreció una respuesta que, sin quererlo, parece confirmar la magnitud del problema: “El IPS nos debita sistemáticamente alrededor de cien millones por mes. No cobramos de más en ningún momento. Nos debitan cien millones por esta denuncia”.
Es decir: hay dinero faltante, el IPS considera que fue cobrado indebidamente, y el IMAC reconoce que se lo descontaron. Y aun así insiste en que no existe facturación apócrifa. Un argumento circular que no supera el más básico test de coherencia.
Para un lector desprevenido, la escena podría parecer el clásico descargo de un empresario atrapado en un vendaval mediático. Pero la trama, como siempre ocurre en Salta, es más densa y más vieja.
Lo que Cuarto Poder ya había contado
El repentino interés mediático por el funcionamiento del IMAC contrasta con la persistencia de este medio, que desde hace meses viene publicando irregularidades graves vinculadas a la institución. La historia no comienza con la firma falsificada: comienza con el poder.
El IMAC es administrado por Adolfo Güemes S.A., cuyo rostro visible es Fernando Luis Saavedra, empresario catamarqueño con vínculos estratégicos en Salta, tanto en el rubro médico como en el vitivinícola. Saavedra no es un administrador neutro: es un operador económico con ambiciones políticas. Según diversas fuentes, ya trabaja en su desembarco electoral para 2027 y para ello contrató al consultor Julio Pizetti, reconocido estratega en campañas provinciales.
Su relación con Juan Romero no es un rumor: comparten emprendimientos vitivinícolas en Cafayate y Tolombón, donde producen los vinos Anko y Flor de Cardón. Es un vínculo empresarial sólido, aceitado y funcional.
Pero Saavedra no es el único engranaje. Su socio en el IMAC es el doctor Sergio López Alcobenda, actual director de la Unidad de Gestión Local XII del PAMI en Salta. Su rol en el esquema es clave: múltiples denuncias lo señalan como garante de maniobras de sobrefacturación investigadas por el Ministerio Público Fiscal. La fiscal Ana Salinas Odorisio ya notificó formalmente al interventor del IPS sobre la apertura de una causa por “conductas delictivas” vinculadas a sobrefacturaciones por parte de prestadores y proveedores de salud.
Pero el escándalo no termina en el IPS. En la Legislatura provincial circula otra acusación aún más grave: que el IMAC habría recibido una cantidad desproporcionada de cápitas del PAMI, fondos asignados por afiliado para garantizar atención médica. Las versiones —cada vez más insistentes— sostienen que el PAMI dio de baja casi 30.000 cápitas de clínicas del interior para concentrarlas en el IMAC.
El resultado sería devastador: una redistribución forzada que vacía el sistema de salud del interior para fortalecer a una sola institución con vínculos directos con el romerato.
En este marco, las publicaciones de El Tribuno no parecen simples ejercicios de derecho a réplica, sino gestos de solidaridad corporativa, una articulación clásica entre poder político, poder mediático y poder empresarial para blindar un modelo que, ahora sí, exhibe fisuras profundas.
La justicia avanza hacia lo inevitable
Este viernes no fue feriado para los fiscales y sus sabuesos, que decidieron irrumpir en cuatro sedes vinculadas al Instituto Médico de Alta Complejidad tras la denuncia por presunta falsificación de documentos médicos utilizados para cobrar prácticas nunca realizadas.
En un operativo que sacudió el tablero de las acusaciones cruzadas antes mecionadas, personal del Departamento de Investigaciones y Criminología del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) allanó cuatro domicilios vinculados al Instituto Médico de Alta Complejidad (IMAC).
Tres de las medidas ordenadas por la fiscal interina de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, se llevaron a cabo en sedes ubicadas sobre la calle Adolfo Güemes y la cuarta en un inmueble de calle España al 1000, en pleno centro salteño. Sabemos que el IMAC se ha extendido como pulpo, adquiriendo distintas viviendas de la manzana con la intención de instalar un verdadero emporio de la medicina privada en Salta. En todos los puntos, los investigadores secuestraron documentación sensible y realizaron copias forenses de sistemas informáticos del instituto, material que —según fuentes judiciales— podría revelar el modus operandi detrás de la presunta estafa.
Según la información que brindó el propio Ministerio Público Fiscal, la investigación comenzó el 19 de agosto, cuando el cardiólogo Falú realiza la denuncia sobre las irregularidades comunicadas. A principios de octubre amplió su presentación e incorporó actas internas del IPS que registraban inconsistencias en facturación atribuida a su nombre durante 2024 y 2025. Su declaración fue categórica: no tiene ningún vínculo laboral ni contractual con el IMAC y desconoce absolutamente las prácticas supuestamente realizadas por él.
Paralelamente, el 21 de agosto, la apoderada del Instituto Provincial de Salud de Salta presentó otra denuncia. Una auditoría de rutina de junio de 2025 había revelado documentos con firmas y sellos atribuidos a Falú que parecían, cuanto menos, dudosos. Adjuntó el expediente administrativo donde constaban esas irregularidades y pidió que se investigue a fondo.
Con los testimonios en mano, investigadores de la UDEC realizaron un entrecruzamiento de datos que derivó en un informe demoledor: personal del IMAC habría cargado en el sistema del IPS prácticas, estudios e intervenciones falsas adjudicadas al cardiólogo. También detectaron la presunta confección de órdenes del instituto con sellos y firmas falsificadas, empleadas luego para reclamar cobros por servicios inexistentes.
Con ese cuadro, la fiscal pidió al Juzgado de Garantías Nº 1 las órdenes de allanamiento para los cuatro domicilios. La medida apuntó a secuestrar toda la documentación posible que permita reconstruir la mecánica del fraude y determinar responsabilidades. El operativo, ejecutado a plena mañana y en zonas de alto tránsito, se convirtió en un verdadero escándalo que sorprendió y conmocionó a los involuntarios testigos, atónitos ante la magnitud del despliegue.
¿Escándalo sanitario o síntoma del sistema?
El caso del IMAC es, sin duda, un escándalo. Pero sería ingenuo limitarlo a una falsificación de firma o a un conjunto de prestaciones fraudulentas. Lo que emerge con fuerza es la lógica de un sistema: un entramado en el que salud, negocios, vínculos políticos, medios aliados y estrategias de expansión económica funcionan en armonía. Hasta que alguien se anima a hablar.
La denuncia de Falú, la intervención del ministro Mangione, la reacción desesperada del IMAC, la cobertura complaciente de El Tribuno, las investigaciones previas que Cuarto Poder ha publicado y la actuación del Ministerio Público Fiscal, conforman un rompecabezas que empieza a revelar una imagen más amplia: la de un modelo sanitario atravesado por intereses que exceden largamente la atención médica.
Por ahora, las investigaciones avanzan. El IPS descuenta millones y el romerato enciende luces rojas en su propio tablero. La pregunta es cuánto de lo que hoy salió a la superficie es apenas el filo visible de un iceberg que, durante años, muchos dieron por intocable. Y si lo que comienza a quebrarse ahora no es solo un sistema, sino la impunidad que lo sostuvo.