Después de que la Justicia provincial avalara la enseñanza religiosa y las oraciones en hora de clases, los padres que quieren que la educación estatal sea laica llevarán el reclamo ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Domingo F. Sarmiento se debe estar revolcando en su tumba. Fue él quien a comienzos de 1880 impulsó la ley de educación sobre la que se rige el país. Sarmiento defendió, con todas sus fuerzas, que la escuela debía ser laica.
Sarmiento era católico, pero entendió que la laicidad escolar se apoya en sólidos argumentos jurídicos. “Basándose en un interpretación fiel de las cláusulas de la Carta Magna argentina y en abundantes antecedentes constitucionales, sostuvo con eficacia la necesidad de la educación laica. Sobre este asunto versa “La escuela ultrapampeana” y numerosos artículos publicados en el tomo XLVIII de sus Obras El laicismo del sistema escolar argentino, formado según los principios de la Constitución de 1853, es signo de libertad, mientras que la doctrina que pugna por imponer la enseñanza religiosa en las escuelas públicas va en sentido contrario”, se puede leer en una monografía.
Para Sarmiento, nuestra escuela debe ser laica. Lo exigen factores determinantes del progreso social, razones de orden cultural y necesidades del régimen democrático y republicano.
Pero cuando Juan Manuel Urtubey se hizo cargo del gobierno en 2007, 130 años después de lo aprobado por Sarmiento, impuso la educación religiosa en las escuelas. La educación de le iglesia cristiana apostólica romana, además. Y esto generó un gran malestar entre los padres que tienen otras creencias y los que sostienen que la educación religiosa la debe impartir la familia de manera privada.
Hubo una interposición legal y la semana pasada la corte salteña falló a favor del gobierno salteño.
Pero los padres insistirán. El reclamo para que se deje de enseñar religión en las escuelas públicas se expondrá ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
La periodista de El Tribuno Jimena Granados informó que la demanda se inició en 2010 con apoyo de la ADC (Asociación por los Derechos Civiles) y que la ADC confirmó ayer que apelará el fallo para que sea la Corte Suprema la que tome una decisión final.
“En un comunicado que difundió a medios de todo el país, la organización consideró que la sentencia de Salta es “un precedente lamentable en materia de igualdad, libertad de conciencia y laicidad del Estado, en tanto avala una discriminación por motivos religiosos”.