El Poder Judicial le negó al abogado Gonzalo Guzmán el acceso a documentación sobre los gastos del organismo en viajes oficiales. Cuarto Poder intentó conocer la versión de las y los cortesanos pero, igual que con el letrado, se negaron a responder. (Stephanie Tiemersma)
El 3 de marzo de 2017, el abogado Gonzalo Guzmán solicitó a la Corte de Justicia documentación sobre la nómina de magistrados y funcionarios que realizaron viajes oficiales, nacionales e internacionales durante los años 2015 y 2016, y que fueran financiados por el Poder Judicial.
Luego de un mes, la Secretaría de la Superintendencia hizo saber a Guzmán que no accederían a su pedido de información. Lo curioso de tal decisión está vinculado al hecho de haber justificado la negativa a informar respaldándose en que el Decreto N° 1574/02 no resulta aplicable al Poder Judicial de la Provincia de Salta. En el pedido realizado por Guzmán jamás se había citado dicho decreto ya que el mismo sólo es aplicable al Poder Ejecutivo.
El 12 de abril, Guzmán dirigió otra nota a la presidencia de la Corte de Justicia de Salta en la que reiteró lo solicitado y advirtió que la negativa fue firmada por la Secretaría de la Superintendencia sin que conste que la misma contara con instrucciones del presidente de la Corte, Guillermo Catalano.
En la misma presentación, el abogado destacó la obligación del Poder Judicial de brindar información de carácter público en el caso de ser pedida. Para ello, invocó artículos de la Constitución Nacional, de la Convención Americana de Derechos Humanos, del Pacto de Derechos Civiles y Políticos y la Constitución Provincial que garantizan el derecho al acceso a la información y la libertad de expresión.
En Salta, el ejercicio del derecho constitucional de acceso a la información pública no fue reglamentado por el Poder Judicial y ésta es una de las razones que invoca la Justicia para librarse de la obligación de brindar la información solicitada. Consultado sobre esto, Gonzalo Guzmán explicó a Cuarto Poder que la falta de reglamentación no le quita operatividad al derecho y que además, en todo caso, la falta de reglamentación es una omisión imputable al propio Poder Judicial.
En la nota citó dos ejemplos en los que el Poder Judicial no tuvo problemas en brindar información. Uno de los casos nombrados fue el pedido de copias de los contratos celebrados por el Poder Judicial con la firma Troka SRL-Troka Comunicaciones en el año 2013. El otro ejemplo fue el pedido de partidas presupuestarias y gastos realizados por la Escuela de la Magistratura del Poder Judicial. En esas dos ocasiones se brindó toda la información solicitada sin impedimento alguno, lo cual indica una contradicción en el accionar de la Justicia.
En Salta, el ejercicio del derecho constitucional de acceso a la información pública no fue reglamentado por el Poder Judicial y ésta es una de las razones que invoca la Justicia para librarse de la obligación de brindar la información solicitada.
Ante este planteo, el Poder Judicial respondió lo mismo que en un principio citando el Decreto jamás invocado por Guzmán y nuevamente sin el sello de la presidencia de la Corte de Justicia.
En diciembre de 2017 y en marzo de 2018 se reiteró la petición de acceso sin respuesta alguna. Pero fue en mayo de este año que Guzmán requirió la documentación de forma más categórica.
El abogado, en la presentación de aquel mes, citó el Código Iberoamericano de Ética Judicial, el cual es aplicable al ámbito del Poder Judicial de Salta y que establece que “aunque la ley no lo exija, el juez debe documentar, en la medida de lo posible, todos los actos de su gestión y permitir su publicidad”. Además, en su pedido apeló a la doctrina especializada en derecho de acceso a la información pública que dice: “La entrega de la información requerida es fundamental que sea realizada en tiempo oportuno, debido a que la demora puede obstaculizar el ejercicio o disfrute de otros derechos o impedir el control de la gestión pública o la realización de los fines para los que fue pedida”.
En aquel escrito el abogado afirmó que el no brindar información es un acto de censura ya que impide el derecho a la libre expresión, el cual comprende el derecho a buscar, recibir y difundir información. Por último, se le dio al Poder Judicial cinco días hábiles de plazo para contestar el pedido.
La respuesta tardó en llegar, el 11 de junio de 2018 el Poder Judicial justificó sus constantes negativas porque la voluminosidad de la documentación requerida implicaría una búsqueda y extracción que afectaría el normal funcionamiento de varias dependencias y que por tal razón “no resulta posible” hacer lugar a lo solicitado. Por otro lado, sostuvo que la Sindicatura Interna del Poder Judicial y la Auditoría General de la Provincia son organismos que también poseen la información solicitada y que en caso de necesitarla se puede recurrir a ellos.
“La Auditoría es un órgano de control, la Auditoría controla los gastos del Poder Ejecutivo, de las municipalidades, del Poder Judicial, del Ministerio Público. Para cumplir su función tiene la facultad de ver y pedir la documentación que se encuentra en poder del órgano auditado” explicó Guzmán y agregó: “Pero la documentación pertenece a cada uno de los órganos que la auditoría controló. El Poder Judicial, como todos los demás poderes del Estado, tiene que permitir el acceso a la documentación que se encuentra en su poder, esa información debe estar al alcance de todos y el Poder Judicial, como el resto de los Poderes, tiene la obligación de rendir cuentas de sus actos ante la ciudadanía”.
Como último intento, Gonzalo Guzmán envió el 21 de junio una última intimación al Poder Judicial. En esa presentación señaló que el argumento esgrimido para justificar la decisión de no brindar información sólo revela que la Justicia no ha cumplido con su obligación de organizar un sistema que dé una respuesta eficiente a las exigencias de transparencia que la sociedad reclama.
La decisión de no brindar información sólo revela que la Justicia no ha cumplido con su obligación de organizar un sistema que dé una respuesta eficiente a las exigencias de transparencia que la sociedad reclama.
No dan la cara
Cuarto Poder consultó a la Corte con el fin de escuchar su versión de los hechos, sin embrago, hasta el cierre de esta edición no hemos recibido respuesta alguna. Por lo pronto, Gonzalo Guzmán nos informó: “Hicimos saber en la última presentación que, en caso de no haber respuesta, iniciaremos acciones judiciales. Vamos a iniciar una acción de amparo informativo dando por agotada la instancia extrajudicial. Ante la negativa de brindar la información, no nos queda otra alternativa que la vía judicial”
El profesional del derecho también afirmó que es una paradoja que la Corte de Justicia, que en sus sentencias reconoce y garantiza el derecho a la información pública, ahora restrinja el acceso a los documentos en cuestión: “Resulta curioso que cuando la información se pide al propio Poder Judicial, este cierre todas las puertas. Lo grave es que en definitiva no brindar información es un acto de censura ya que atenta contra el derecho de buscar, recibir y difundir información”.