Aseguran que es una nueva muestra de cómo la Iglesia Católica hace lo imposible por mantener el estado de corrupción en la institución.

Días atrás el arzobispado de Salta difundió un comunicado en el que hacía público un “Protocolo de actuación ante denuncias por abusos de Niños, Niñas, Jóvenes y Personas Vulnerables por parte de Clérigos” con el que daba a entender que se ponía punto final a la impunidad.

Pero, para la Red Nacional de Sobrevivientes de Abusos eclesiásticos ese protocolo “es una nueva muestra de cómo en la Iglesia Católica se hace lo imposible por mantener el estado de corrupción que impera en materia de abuso sexual eclesiástico”.

Las víctimas califican al documento de un movimiento marketinero que busca revertir la condena social que se ganó con creces la institución religiosa. “Está encabezado por un Proemio, un introito afectado, redactado con la típica fraseología episcopal del sermón hipócrita”, aseguran las víctimas.

Aseguran, además, que el obispo Mario Cargnello finge arrepentimiento y propósito de enmienda: “De un plumazo, oculta que él mismo forma parte del sistema de encubrimiento pergeñado meticulosamente por el Vaticano para proteger a los criminales con sotana. Sistema que se mantiene en la actualidad a pesar de la expresión “Tolerancia Cero”, dicen. .

Afirman que además de fingir una voluntad republicana respetuosa de los derechos humanos, Cargnello falsea el verdadero rostro criminal de la Iglesia Católica.

El texto firmado por Carlos Lombardi, abogado de La Red Nacional de Sobrevivientes de Abusos eclesiásticos, sentencia: “El Protocolo en cuestión es un acting donde brilla por su ausencia toda referencia el derecho internacional de los derechos humanos. En él surge a borbotones la doblez y la hipocresía episcopal. Por ello el único resultado que traerá será la manipulación de los denunciantes de abuso sexual eclesiástico y su continua y dolorosa revictimización como sucede hasta hoy en los numerosos casos en que esta Red trabaja y acompaña. En la Iglesia Católica no existirán espacios libres de abusadores sexuales, mientras su funcionamiento institucional se enmarque en el abuso de poder, la denegación de justicia y vulneración de garantías y derechos humanos”.