Un proyecto de legisladores macristas salteños propone prohibir la utilización de sorbetes de plástico de un sólo uso con el objeto de combatir la contaminación y el deterioro del medio ambiente. Aquí un breve repaso de problemáticas ambientales urgentes que quedaron fuera de la agenda «verde» porque, obviamente, no garpan. (Nicolás Bignante)
Las legislaciones de Medio Ambiente, Recursos Naturales, Presupuesto y Legislación general de la Cámara de Diputados deberán dar dictamen al proyecto presentado por el bloque Un Cambio para Salta, para la prohibición total de los sorbetes de plástico. El bosquejo, que tiene como autores a los diputados Bettina Romero, María Varg, José Rodríguez, Betty Gil y Luis Cisnero; apunta a reducir el impacto ambiental de las malas prácticas, posando la mirada sobre los consumidores y pasando por alto el papel de empresas y terratenientes en la contaminación diaria. En el ámbito del concejo deliberante se debate desde hace ya unos meses un proyecto similar, pero que contempla en paralelo la instalación de bebederos públicos en plazas, parques y paseos de la comuna. De ninguno de esos espacios de deliberación surgió hasta el momento resolución alguna a los tres o cuatro problemas urgentes en materia ambiental que atraviesa la provincia y en particular el municipio capitalino; y que tienen como protagonistas al agronegocio, las grandes empresas y al estado.
La reminiscencia obligada al momento de hablar de la iniciativa de los legisladores es la de la ordenanza 13.553 sancionada en 2009, pero efectivizada recién en 2016. La norma en cuestión prohibía en el ámbito de la ciudad de Salta, el suministro de bolsas de plástico en líneas de caja de supermercados bajo pena de multas que iban de mil a cinco mil unidades tributarias. Para que el proceso de erradicación no sea abrupto, el municipio autorizó a las cadenas a cobrar entre $0,60 y $1 cada bolsa, con el objeto de desalentar su utilización.
Así, la medida se sostuvo a lo largo de un año sin llegar jamás a la erradicación total de los sacos de polietileno. Esto en gran medida ocurrió porque lo obvio salió a la luz: Las bolsas que las empresas entregaban en las líneas de caja eran mayormente reutilizadas en el ámbito doméstico para separar y desechar residuos. Al dejar de ser entregadas gratuitamente, las familias se vieron obligadas a comprarlas en rollos en los mismos supermercados y a precios mucho más altos. Como resultado, no sólo la demanda de plástico permaneció intacta, sino que además los costos recayeron sobre los consumidores y no sobre las empresas. Apenas un año después el municipio tuvo que anunciar el regreso de las bolsas gratuitas en los supermercados, pero ahora «reutilizables» y en dos colores: negro para residuos secos y verde para residuos orgánicos.
Al margen de la experiencia fallida, el ejemplo viene al caso por cuanto los cuestionamientos de aquel entonces, podrían perfectamente traerse al presente. No fueron pocos los que atinadamente señalaron durante la implementación de la ordenanza 13.553, que los efectos reales de esa medida en la lucha contra la degradación ambiental, serían poco menos que exiguas en tanto no se modifique la matriz de producción de elementos de plástico de un sólo uso. En otras palabras, mientras el 62% de la fabricación de plástico a nivel mundial esté destinada a elementos de packaging y mientras la gran mayoría de los productos industrializados que se adquieren en supermercados vengan en envoltorios de ese material, de poco servirá absternerse de cargar las compras en bolsas de polietileno.
Un informe reciente de CDP (Carbon Disclosure Project) titulado «The Carbon Majors Database», concluye que un centenar de empresas son responsables del 71% de las emisiones de carbono a nivel mundial desde 1988 a la fecha. A su vez, más de la mitad de las emisiones industriales mundiales de GEI (gases de efecto invernadero) se puede rastrear en sólo 25 empresas y entidades estatales. Así y todo, el marketing de la nueva era ha encontrado la manera perfecta de atribuir tales derrotas a los consumidores, poniendo el foco en las responsabilidades individuales y ocultando el aspecto voraz del capitalismo. Idéntica lógica adopta hoy la clase política al capitalizar como propias las acciones subjetivas en relación con el ambiente.
No hace falta, sin embargo, ir muy lejos para encontrar ejemplos en los que el marketing ambientalista no pudo hacer mucho. Decenas de inspecciones y pedidos de informe por parte del concejo deliberante no lograron contener la avanzada de algunas empresas del parque industrial sobre los cerros de la zona este. Además del impacto topográfico y paisajístico se registraron en los barrios aledaños numerosos casos de enfermedades respiratorias. La tupida vegetación que recubría los cerros fue arrasada para extraer arcilla, material de abastecimiento para las cerámicas que operan en la zona. Una de ellas, Cerámica Alberdi, tiene su planta fabril funcionando en una parcela cedida por la provincia en junio de 2009 y fue denunciada en varias oportunidades por vecinos que aseguran haber contraído enfermedades y sufrido irritaciones como producto del polvo en suspensión.
Los vecinos de los barrios colindantes con el río Arenales se encuentran en plena batalla judicial contra el estado y terceros que utilizan el afluente como receptáculo de desperdicios de todo tipo. PYMES, estaciones de servicio, casas particulares y redes cloacales de toda la ciudad llevan sus desechos a las aguas del Arenales. La firma Nestor A. Marozzi S.A fue una de las señaladas como responsable de realizar movimientos de tierra y escombros que derivaron en inundaciones y desvíos en el cauce del río. El último informe del CIF concluye también que los valores de concentración obtenidos para los metales: Cadmio, Plomo, Cromo, Cobre y Cinc, exceden los niveles admitidos para la calidad de agua para protección de vida acuática según la normativa vigente.
Agrotécnica Fueguina también se encuentra bajo la lupa tras un amparo colectivo presentado por vecinos de la zona sudeste que habitan en los terrenos adyacentes al vertedero San Javier. Los relevamientos del ministerio de Salud en la zona detectaron al menos tres tipos de enfermedades vinculadas a la actividad del vertedero: respiratorias, parasitosis y dermatológicas infecciosas. Los casos de estrongiloidiasis y parasitosis intestinal atendidos en el hospital Papa Francisco aumentaron brutalmente como consecuencia del deterioro ambiental. En el marco de la causa iniciada contra la empresa y la municipalidad, la provincia optó por «recomendar» la clausura de la trinchera 1, que había quedado inutilizable en 1999. Ante el colapso de las otras dos trincheras subsiguientes y ante la ausencia de la geomembrana correspondiente, no se pudo habilitar un cuarto espacio y la trinchera 1 volvió a reutilizarse.
Las comparaciones pueden todavía ser más odiosas si se hace hincapié en la expansión de los desmontes en el interior provincial, la proliferación de basurales a cielo abierto o el desvío de recursos hídricos de las comunidades para beneficio de los especuladores inmobiliarios. Ninguna de estas realidades palpables parece haber concitado el mismo grado de atención y simpatía de los legisladores que hoy se disponen a prohibir el uso de «pajitas». En la distendida agenda del ecologismo new age no hay lugar para los planteos contra las empresas ni el poder real. El combate contra la debacle ambiental asume las formas del voluntariado «apolítico», el oenegeísmo y la responsabilidad social empresaria. Un esquema circular perfecto en el que el capitalismo lava culpas y exonera a sus representantes de toda deuda con la naturaleza.
