ALEJANDRO SARAVIA
En una reciente disertación de Carlos Gervasoni en el ámbito de AmCham ofrece una clave de lectura particularmente fértil para analizar realidades subnacionales como la de Salta. Si bien su disertación giró sobre una comparación entre Mendoza y Formosa, él mismo aclaró que sus palabras son aplicables a varias otras provincias. Entre ellas, claro está, la nuestra, Salta. Su tesis central —la persistencia de enclaves de baja calidad institucional dentro de regímenes formalmente democráticos— no sólo interpela al sistema político nacional sino que adquiere una densidad específica cuando se la proyecta sobre provincias con tradiciones de poder concentrado.
Gervasoni describe lo que denomina “regímenes híbridos subnacionales”: sistemas donde las reglas democráticas coexisten con prácticas que distorsionan la competencia política, debilitan los controles y consolidan oficialismos dominantes. No se trata de autoritarismos abiertos sino de democracias con sesgos estructurales. La clave no está en la ausencia de elecciones sino en las condiciones en que estas se desarrollan. Por ejemplo, veamos lo que dijo sobre la alternancia. Comparando Mendoza con Formosa, dijo que, a diferencia de Formosa, Mendoza no tiene reelección para gobernadores y, además, hay alternancia entre partidos. Ambos defectos los padece Formosa, que no sólo soporta un mismo gobernador desde 1995, sino que desde 1983 siempre fue gobernada por el mismo partido, el justicialismo.
Nuestra provincia, Salta, salvo el interregno de Ulloa entre los años 1991 y 1995, siempre fue gobernada por el mismo partido, también el justicialismo. De modo que no se puede hablar en Salta de alternancia entre distintos partidos, pero tampoco se da esa alternancia entre personas a estar con lo sucedido con los tres últimos gobernadores que vienen sucediéndose a sí mismos desde aquel ya lejano 1995. Y actúan como si tuvieran derecho a hacer ese triplete de ejercicio gubernamental al hilo. Veamos sino el caso del gobernador Sáenz que amenaza con una eventual re-relección aunque la Constitución se lo prohíba. Inclusive preparando el terreno para una hipotética violación de la misma, acumulando amigos y manos levantadas en la Corte de Justicia, tribunal que supuestamente debiera decir la última palabra en la interpretación del texto constitucional. Está claro, entonces, que lo dicho por Gervasoni respecto de aquellos “regímenes híbridos subnacionales”, comprende también a nuestra provincia.
En efecto, si trasladamos ese enfoque a Salta emergen varios elementos que invitan a la reflexión. En primer lugar, la persistencia de mayorías legislativas alineadas con el Ejecutivo, muchas veces construidas más por ingeniería institucional que por alternancia real. La reciente discusión sobre reformas electorales —incluyendo mecanismos como la reintroducción de la ley de lemas— encaja con precisión en el diagnóstico de Gervasoni: reglas diseñadas no para ampliar la representación, sino para administrar la competencia y fragmentar a la oposición.
En segundo término, el politólogo subraya la centralidad de los recursos fiscales en la reproducción del poder. Provincias con alta dependencia de transferencias nacionales tienden a consolidar liderazgos estables, con baja rendición de cuentas. Salta no escapa a esa lógica. La relación entre recursos, obra pública y construcción de lealtades políticas, configura un entramado donde la autonomía del ciudadano se ve condicionada por estructuras de dependencia.
Otro aspecto relevante es la debilidad de los organismos de control. Gervasoni advierte que en estos sistemas los contrapesos institucionales existen formalmente, pero carecen de eficacia real. En Salta, la dinámica del Poder Judicial, los organismos de auditoría y el propio funcionamiento del Ministerio Público, han sido objeto de cuestionamientos reiterados. La falta de independencia efectiva erosiona la posibilidad de limitar el poder. De la Corte de Justicia, recién dijimos algo. Pero miremos el caso de la Auditoría General de la Provincia que, en estos momentos, está ocupada por ignotos funcionarios respecto de los que nadie se explica cómo llegaron ahí. Sin prestigio alguno, sin antecedentes funcionales, se espera que controlen los gastos gubernamentales sin tener la mínima legitimidad para hacerlo. El no saber cómo llegaron ahí es, claro está, sólo un eufemismo: llegaron ahí puestos por alguien que pasó por el ejecutivo esperando que cuando sean controlados sus gastos lo hagan manos y ojos amigos.
Sin embargo, sería un error reducir el análisis de Gervasoni a una mera denuncia. El valor de su mirada radica en su capacidad para identificar patrones y, a partir de ellos, abrir interrogantes. ¿Es posible revertir estas dinámicas desde dentro del sistema? ¿Qué rol pueden jugar las élites económicas en la promoción de reglas más transparentes? ¿Existe en Salta una masa crítica dispuesta a demandar calidad institucional más allá de la coyuntura electoral? Si la hay, no se asoma y no se hace notar.
La experiencia comparada sugiere que estos regímenes no son inmutables, pero tampoco se transforman por inercia. Requieren de coaliciones amplias, presión social sostenida y, sobre todo, de una dirigencia que entienda que la estabilidad no puede construirse a costa de la competencia.
En definitiva, la disertación de Gervasoni funciona como un espejo incómodo. Salta, como otras provincias argentinas, enfrenta el desafío de pasar de una democracia administrada a una democracia plena. La diferencia entre una y otra no está en la forma sino en la sustancia: en la posibilidad real de alternancia, en la vigencia de controles efectivos y en la igualdad de condiciones para disputar el poder. Ahí, precisamente, se juega el futuro institucional de la misma.