En el informe 2017 publicado por el CELS sobre Derechos Humanos en la Argentina, Salta también fue reprobada por sus retrocesos en materia de aborto no punible.
En la sección “Aborto legal: acceso desigualitario y criminalización selectiva”, Salta también es protagonista. “El Poder Ejecutivo no reglamentó los protocolos de atención de las interrupciones legales del embarazo en el ámbito federal y derivó la tarea a cada provincia”, explica el informe. Salta aparece como una de las provincias (junto a Córdoba, Entre Ríos, La Pampa, Neuquén, Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires) que tienen “protocolos que establecen requisitos y exigencias indebidos, que constituyen obstáculos ilegales al aborto legal”.
El informe aclara que fue escrito procurando “evitar el lenguaje sexista”. Y aclara que, sin embargo, a fin de facilitar la lectura, no se incluyen recursos como “@” o “-a/as”. “En aquellos casos en los que no se ha podido evitar pluralizar en masculino deseamos que se tenga en cuenta esta aclaración”, indica.