El primer simulacro de Juicio por Jurados tiene fecha. Será en menos dentro de tres semanas, el 3 de octubre.
Hasta el momento nadie sabe cuánto costaría implementar el juicio por jurados en Salta. Pese a eso -afirman en los pasillos de tribunales- el Poder Ejecutivo contaría con un proyecto de Ley, listo para se remitido a la legislatura automática de calle Mitre. Los mismos que ni siquiera fueron consultados en Ciudad Judicial estiman que el proyecto fue bosquejado por el líder del Ministerio Público, Pablo López Viñals. A entender de los jueces –que perderían el poder de decidir- seria el final de un proceso de reorganización provincial, de lo que comenzó con la aplicación del sistema de acusación, que brindó todo el accionar instructivo a los fiscales, idea original de las películas norteamericanas y de Rodolfo Urtubey (h).
La aplicación de los jurados -y la decisión política del gobierno- sorprendió incluso a sus aliados en el senado. Hasta la Cámara Alta provincial fue la Ministra de Justicia, Pamela Calletti, vocera del proyecto que nadie sabe cuanto cuesta o que beneficios concretos genera, en caso de poder aplicarse en una provincia como Salta. Calletti, quien sería un alfil principal de Rodolfo Urtubey (p) en el gabinete, confirmó ante los legisladores que el primer simulacro de Juicio por Jurados se desarrollará el próximo 3 de octubre, y que la actividad se cumplirá en el Centro de Convenciones del Grand Bourg. Por su puesto que la Ministro evitó decir que el Poder Judicial salteño apenas contaría con una sola sala en condiciones para el sistema que se intentaría aplicar, aunque aún no se presentó proyecto alguno. Pamela Calletti, estuvo con Patricia Colombo (Sec. Justicia) ante los senadores. “El objetivo del Gobierno provincial es acercar la Justicia a la gente y la gente a la Justicia, constituyendo el Juicio por Jurados un paso más en ese sentido», afirmó. Para terminar de fruncir el seño a los chicos de Lapad, la ministro dijo que el jurado “será elegido de un padrón electoral, del que se designará a 48 personas y desde ahí, el fiscal, el defensor con el imputado y el juez realizarán una selección de 12 personas. Los mismos deberán ser mayores de 18 años, argentino, que no tengan intereses personales en el juicio”. Aseguró además que están descartados los agentes de la Policía o Servicio Penitenciario, los abogados, funcionarios del Poder Ejecutivo, legisladores, condenados o procesados. Para Calletti es una carga pública, algo similar a ser presidente de mesa en una elección. El senador Alfredo Jorge (PJ Cerrillos) manifestó que desde la Comisión de Justicia quieren acompañar al Ministerio en este proceso para que cuando ingrese el proyecto de Ley a la Legislatura, los legisladores conozcan en detalle este trabajo. Nadie esperaba menos de él…